Derechos políticos de los destinatarios de la acción disciplinaria en el ordenamiento jurídico colombiano: tensiones jurídicas entre el derecho vigente y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Abstract

El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege los derechos políticos de los ciudadanos y, en su numeral segundo, dispone que la ley puede reglamentar su ejercicio, entre otras razones, por condena de juez competente en proceso penal. En consecuencia, las autoridades administrativas no podrían restringir tales derechos. La interpretación vigente de la disposición referida reconoce que son los servidores públicos de elección popular los destinatarios de la protección convencional de los derechos políticos. En este contexto, la Constitución Política de 1991 otorga a la Procuraduría General de la Nación competencias para investigar y sancionar disciplinariamente la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas con la destitución, inhabilidad y suspensión en el ejercicio del cargo. Esta potestad ha sido puesta en duda en el caso de servidores de elección popular porque limita los derechos políticos. A pesar de la interpretación señalada, el artículo 23 ibídem no parece limitar la protección allí contenida a los servidores públicos de elección popular. Esta monografía analiza si la protección del artículo 23 ibídem es aplicable a servidores públicos diferentes a los de elección popular. Además, examina si otras autoridades administrativas, diferentes de la Procuraduría, que también ejercen acción disciplinaria, pueden imponer sanciones que restrinjan derechos políticos. En el texto se argumenta que existen tensiones normativas entre el sistema interamericano y el ordenamiento jurídico colombiano sobre la naturaleza jurídica de la autoridad facultada para restringir derechos políticos, pues tales derechos no son exclusivos de los funcionarios de elección popular, sino que abarcan a todos los servidores públicos, e incluso a particulares que ejercen funciones públicas.