Inconveniencia de equiparar preacuerdos y allanamientos, a propósito del reintegro del incremento patrimonial

Abstract

Como objetivo principal se buscó establecer, si la exigencia en los eventos de

allanamiento a cargos, de un reintegro por lo menos del cincuenta por ciento del

incremento patrimonial obtenido con la conducta punible y garantizar el pago de lo

restante, en aras de acceder a la respectiva rebaja punitiva, acompasa con la

normativa legal y constitucional que rige la materia, y con la naturaleza de los

allanamientos y preacuerdos.

En desarrollo de la investigación encontramos que dicho requisito, no resulta legítimo,

en el entendido que ambas formas de terminación anticipada tienen unas

particularidades precisas, en tanto la primera de ellas es un derecho y no puede ser

condicionado, mientras que los preacuerdos, parten de un pacto de voluntades, que

debe sujetarse a unos presupuestos procesales precisos. Así mismo, que no puede

predicarse que dicha exigencia redunde en los derechos de las víctimas, pues éstas no

sólo tienen intereses patrimoniales, sino, además, a la verdad y a la justicia, los que

pueden garantizarse fácilmente, con la pronta culminación del proceso penal.