Maestría en Derecho Procesal Penal y teoría del delito
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- ÍtemLa probable vinculación a organizaciones criminales como circunstancia indicativa de peligro para la comunidad: propuestas interpretativas sobre el artículo 310.1 del Código de Procedimiento Penal colombiano.(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2026) Sánchez Rojas, Daniel León; Ledesma Cano, MateoLa presente investigación aborda la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, concretamente cuando se fundamenta en la probable vinculación del procesado a una organización criminal, como causal contenida en la ley para analizar el riesgo futuro que puede representar el procesado en libertad para la comunidad. A través de un enfoque metodológico dogmático- analítico y cualitativo, se realizó un análisis crítico de esta causal, resaltando su amplitud conceptual y su falta de concreción, lo cual puede derivar en una recurrente aplicación práctica, que no respete la privación de la libertad personal preventiva como excepción a la regla general de afrontar el proceso penal en libertad. Por lo anterior, se proponen tres criterios interpretativos a tener en cuenta al momento de estudiar la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en razón de la causal indicada, consistentes en evaluar si las acciones de la organización criminal generan un riesgo para la comunidad, que la conducta por la cual está siendo investigado el procesado tenga relación con el rol de la organización criminal, y finalmente, la necesidad de motivos fundados para acreditar la probable vinculación del procesado con la organización criminal
- ÍtemLa afectación de bienes en delitos culposos prevista en el artículo 100 de la Ley 906 de 2004 como medida cautelar: análisis desde la teoría general de las medidas cautelares y el control constitucional del derecho de propiedad(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2026) García Osorio, Edison Alexander; Patiño Marín, Oswaldo Juan; Ledesma Cano, MateoLa presente investigación analiza la afectación de bienes prevista en el artículo 100 de la Ley 906 de 2004, entendida como una medida cautelar real en el marco de los delitos culposos, especialmente en casos derivados de siniestros viales. El estudio parte de una tensión existente entre la protección del derecho de las víctimas a la reparación integral y la garantía constitucional del derecho de propiedad de quien figura como titular del vehículo afectado. De esa manera, para dar respuesta a dicha tención, se acude a un enfoque cualitativo, con una orientación hermenéutica y analítica, acudiendo a fuentes normativas, doctrinales y jurisprudenciales relativas a las medidas cautelares, el derecho de propiedad, el debido proceso y la función del juez penal municipal con función de control de garantías. La tesis que se sostiene es que el artículo 100 del código de procedimiento penal no puede agotarse en una aplicación literal ni puede depender, sin más, de la existencia o inexistencia de una garantía patrimonial para el pago de perjuicios. Por el contrario, al tratarse de una medida cautelar con capacidad de restringir derechos fundamentales, su imposición y permanencia reclaman un control constitucional material. Ese control exige examinar la finalidad legítima de la medida, su necesidad, idoneidad y proporcionalidad, así como la suficiencia de la motivación judicial que la sostiene. En ese orden de ideas, se plantea un juicio constitucional de procedencia que sirva de guía para decidir sobre la entrega definitiva de vehículos vinculados a delitos culposos, buscando corregir aplicaciones automáticas del artículo 100 del estatuto procedimental y favorecer una interpretación más coherente con la Constitución Política, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios que gobiernan las medidas cautelares reales
- ÍtemImparcialidad del juez de conocimiento en la valoración de las pruebas que contienen vicios de cadena de custodia(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2026) Cubillos Medina, Catalina; Tamayo Palacio, Ana IsabelLa presente investigación pretende identificar si la existencia de falencias en el cumplimiento de los protocolos de cadena de custodia afecta la imparcialidad del juez para la emisión de la sentencia, viciando la valoración transparente de los medios de prueba y contaminando su conocimiento frente a los hechos. Lo anterior, ya que, al permitirse la incorporación del elemento al juicio oral, se otorga un conocimiento pleno al juez de lo que se pretende demostrar con el mismo, luego de lo cual, al momento de la valoración de la prueba, las irregularidades que éste presente deben ser tenidas en cuenta restándole capacidad demostrativa de acuerdo con la gravedad de la falencia. En este sentido, en caso de no realizarse tal ejercicio valorativo, se le estaría dando total credibilidad al elemento viciado, lo cual favorecería a la parte que lo aduce y/o perjudicaría a la contraparte. Esta investigación pretende demostrar que, al otorgársele al juez un contacto directo con el contenido del medio de conocimiento irregular se afecta su imparcialidad en el análisis valorativo de la prueba y en la sentencia judicial, pues las falencias en el cumplimiento del protocolo de cadena custodia se omiten o pasan a un segundo plano, dándose principal relevancia a lo que el elemento pretende acreditar, lo que, en últimas, termina beneficiando a una de las partes en la medida en que se le resta importancia al cumplimiento de parámetros formales que buscan garantizar el debido proceso.
- ÍtemUso de herramientas de IA por jueces penales en Colombia: principio de necesidad de la prueba y prohibición del conocimiento privado del juez(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2026) Angarita Rojas, Lina Marcela; Ledesma Cano, MateoEl presente trabajo determina los criterios jurídicos que permiten distinguir los usos instrumentales de herramientas de inteligencia artificial por jueces penales colombianos de aquellos que, por su incidencia fáctica, probatoria, inferencial o decisoria, resultan incompatibles con el principio de necesidad de la prueba y la prohibición del conocimiento privado del juez. La investigación adopta un enfoque cualitativo y un método dogmático jurídico, con énfasis jurisprudencial y apoyo doctrinal y comparado. Se sostiene que la compatibilidad del uso judicial de inteligencia artificial no depende exclusivamente de la tecnología empleada, sino del origen, contenido, función e incidencia del resultado. Los usos administrativos, formales y de investigación jurídica pueden mantenerse como un apoyo complementario, siempre y cuando las revise una persona y no se usen para tomar decisiones determinantes bajo revisión humana. La investigación sostiene que el problema no radica en prohibir o aceptar la inteligencia artificial en abstracto, sino en determinar cuándo el output algorítmico influye en la comprensión de los hechos, la valoración probatoria o la motivación judicial. En esos casos, si no es exteriorizado, explicado, incorporado, verificado y sometido a contradicción, puede operar como conocimiento privado tecnológicamente mediado y afectar la legitimidad de la sentencia penal.
- ÍtemRequisitos jurisprudenciales para la excepcional interceptación de comunicaciones entre abogado y cliente en Colombia(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2026) Paniagua Palacio, Jaime Andrés; Acevedo Pamplona, James Wilbert; Arenas Vallejo, Johan David; Tamayo Palacio, Ana IsabelEl Secreto profesional es un deber-derecho con especialísima protección constitucional en Colombia en la Carta Política de 1991, artículo 74 que dispone que es inviolable. Este mandato en el escenario penal se manifiesta en el inciso 3° del artículo 235 de la Ley 906 del 2004, que prohíbe expresamente interceptar las comunicaciones del defensor. Pese a lo categórico del mandato, se han interceptado comunicaciones entre abogado-cliente, constituyéndose en prueba para emitir sentencias de condena. En ese orden de ideas, se pretende identificar los criterios jurisprudenciales elaborados por las Altas Cortes para la válida interceptación e incorporación de las comunicaciones entre abogado-cliente. Se concluye que en Colombia no existen reglas claras que justifiquen la intromisión a las comunicaciones entre abogado-cliente, que ponen en riesgo los derechos fundamentales al debido proceso en la dimensión al derecho defensa técnica, a la intimidad y en últimas la naturaleza adversarial del proceso penal colombiano.