La incidencia del modelo de política criminal y penitenciaria de prevención general positiva a través de las funciones de la pena en el Sistema Penitenciario colombiano

Abstract

La política criminal y penitenciaria en Colombia ha sido objeto de múltiples reformas, sin que estas logren resolver los problemas estructurales que afectan al sistema penitenciario. Esta investigación aborda la relación entre dicho modelo basado en la prevención general positiva y el cumplimiento de las funciones de la pena, con énfasis en su aplicación práctica dentro de los centros de reclusión. La hipótesis central sostiene que el modelo vigente, pese a su formulación normativa, contribuye al incumplimiento de las finalidades resocializadoras de la pena, debido a su enfoque punitivo, la ausencia de recursos institucionales y la desconexión entre las políticas públicas y las condiciones reales de los establecimientos penitenciarios. En este sentido, a partir de una metodología cualitativa de corte documental y analítico, se examinan fuentes normativas, fallos jurisprudenciales, informes oficiales y bibliografía especializada, con el fin de identificar las tensiones existentes entre el diseño institucional basado en un enfoque de prevención general positiva y la ejecución de la pena privativa de la libertad. El trabajo se estructura en cuatro capítulos, los cuales responden a los objetivos específicos planteados: la política criminal y penitenciaria en Colombia, el marco normativo del sistema penitenciario y carcelario del país, las teorías de las funciones de la pena y el impacto efectivo del modelo de prevención general positiva sobre el sistema penitenciario. Los hallazgos permiten advertir que el sistema penal colombiano continúa reproduciendo prácticas que priorizan la retribución y la exclusión, antes que la reinserción social y el respeto a la dignidad humana, por lo que es importante considerar la resocialización del infractor o condenado, de acuerdo con el contenido de los artículos 9 y 10 de la Ley 65 de 1993. Como consecuencia, se plantea la necesidad de repensar los fundamentos de la política criminal a partir de criterios garantistas y humanistas, que orienten la pena no solo como respuesta al delito, sino como oportunidad para la transformación del sujeto y la prevención de futuras infracciones.