La facultad sancionatoria de la empresa Metro de Medellín Ltda. en la aplicación de sanciones en el reglamento del usuario
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Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)
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En Colombia el transporte público masivo ha crecido exponencialmente a tal
magnitud que tanto la estructura, la actividad y las ganancias generadas han tenido que ser objeto de estudio e intervención por parte del Estado, considerándolo bajo la categoría de público esencial, en aras de conciliar los intereses generales y privados en juego. Por lo anterior, el transporte público comporta un carácter esencial al permitir materializar y ejercer libertades fundamentales como la de movilidad, al tiempo que facilita la satisfacción de intereses de distintos órdenes, incluido el ejercicio de actividades de diversa clase que permiten desarrollar la vida en sociedad, el bienestar común, la economía y, en particular, es un instrumento de efectividad de los derechos fundamentales. Lo anterior ha permitido que el Estado refuerce de forma vigorosa su intervención a través de la potestad sancionatoria de la administración, que no es otra cosa que una función de control estatal mediante la cual el Estado sanciona aquellas conductas que atentan contra los cometidos estatales propugnados por la Constitución Política de 1991 y las leyes que desarrollan y regulan el servicio público esencial del transporte público masivo. La investigación pretende dilucidar, bajo qué límites constitucionales, la empresa Metro de Medellín Ltda., ejerce la potestad sancionatoria administrativa aplicada a los usuarios de dicho servicio, cuando éstos infrinjan la normatividad y los principios que regulan el transporte como un servicio público y, el lugar, en la aplicación de sanciones o "medidas correctivas" del debido proceso, inherente a la finalidad Social del Estado, de tal manera que se puedan describir las características y competencias sancionatorias desde la normatividad y la jurisprudencia y la doctrina existente en Colombia y, para lo cual, es indispensable abordar los alcances y límites de la potestad sancionatoria en el ámbito administrativo de dicho sistema de transporte público masivo.
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