Consulta previa en la reparación colectiva en consejos comunitarios de Bojayá - Chocó

Abstract

En Colombia, la Constitución Política de 1991 en el artículo 7°, reconoce como

principio constitucional la diversidad étnica y la pluralidad cultural del país. A través de

disposiciones jurídicas de la propia Constitución política, sentencias de la Corte

constitucional, procedimientos y directivas de distintos órganos estatales, documentos

de los Consejos Comunitarios y Convenios internacionales de los cuales la República

es signataria, se materializan los derechos sustentados en el auto reconocimiento de

las comunidades afrocolombianas.

La población afrocolombiana, tal y como su nombre lo indica, se refiere a

ciudadanos colombianos con raíces africanas, lo cual se evidencia fenotípica,

lingüística, étnica y culturalmente, cuyos ancestros provienen de diversas regiones y

etnias de África que llegaron a América como esclavos. No obstante, aunque

erróneamente se considera que se trata de una etnia homogénea, en realidad se trata

de una población diversa cultural, lingüística y fenotípicamente. En efecto, las comunidades negras, afrocolombianos, palenques, raizales, tienen

particulares procesos históricos y culturales que hacen de cada comunidad, una

identidad cultural específica que les permiten ser señaladas como grupos étnicos. La comunidad internacional considera a los grupos étnicos como colectividades

reconocibles a partir del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 y aprobada en Colombia por medio

de la Ley 21 de 1991, lo cual dio camino a reivindicar el derecho en el país de las

comunidades afrocolombianas como pueblos, de acuerdo a sus especificidades

sociales, culturales y económicas que les diferencian de otros grupos nacionales.

Posteriormente, la Corte Constitucional colombiana a través de la Sentencia C169 de 2001, hace específico el derecho de la consulta previa de los grupos étnicos

afectados (afrodescendientes, negros y afrocolombianas) en las decisiones y proyectos

estatales. Asimismo, a través de la sentencia T-955 de 2003 se reconoce su condición

como pueblos con particularidades históricas, sociales y culturales. Tal y como se expondrá en el desarrollo del presente texto, el devenir histórico

de las comunidades afrocolombianas los ha constituido como grupos vulnerables frente

a la cultura hegemónica. A esto se agrega el hecho de que sus espacios ancestrales

son modificados por distintos eventos políticos, económicos y sociales que alteran la

dinámica ambiental, cultural, económica, social, territorial e integridad de los

afrocolombianos, que afecta los derechos ya consagrados.