Implementación de la figura del acusador privado en Antioquia : problemas y vacíos jurídicos 2017- 2018

Abstract

El Procedimiento Penal Especial Abreviado y la figura del Acusador Privado

surgieron el pasado 12 de enero de 2017 en el sistema judicial colombiano,

amparados en la Ley 1826 de esa misma anualidad, con el propósito de

descongestionar el sistema, disminuir los niveles de impunidad y fortalecer la

administración de justicia. En particular, la conversión de la acción penal de

pública a privada está fundamentada en el parágrafo 2 del artículo 250 de la

Constitución Política de 1991, el cual establece que la víctima u otras autoridades

diferentes a la Fiscalía General de la Nación, pueden ejercer la acción penal con

respecto a determinadas conductas punibles menos lesivas y según la naturaleza

del bien jurídico. Ante esta nueva realidad, el objetivo del presente artículo es

establecer los problemas y vacíos jurídicos en la implementación del acusador

privado en Antioquia, durante el período 2017- 2018; un proceso que a nivel

nacional ha tenido una utilización mínima, con 19 casos aprobados y en el ámbito

local, no había sido usada hasta el momento. Entre los factores causales, se tiene

la falta de recursos económicos por parte de las víctimas para contratar un

abogado, poca disponibilidad de las universidades para controlar a los estudiantes

que designen para representar este tipo de procesos, la falta de protección a la

integridad física y de sus familias de quien funge como acusador privado, entre

otras causas.