Necropsias médico - legales en Colombia: 
Aspectos problemáticos derivados del servicio social obligatorio de los profesionales 
en medicina 
 
 
 
Hugo David Falcón Prasca 
Jhony Alberto Osorio Urán 
 
 
 
 
Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Abogado 
 
 
 
Universidad Autónoma Latinoamericana 
Facultad de Derecho 
Medellín 
2016 
2 
 
Agradecimientos 
 
A  Juan Fernando Estrada Mesa, médico y abogado titulado, docente de la Universidad 
Autónoma Latinoamericana y de la Fundación Universitaria Luis Amigó; por su 
dedicación, compromiso y esfuerzo en las asesorías brindadas para la consecución de este 
proyecto.  
 
A Astrid Elena, que ha estado en todo momento en éste proceso con su aliento para 
continuar y también con su compañía para no desfallecer en las interminables noches de 
estudio. 
 
A Dios   por la vida y la salud,  a nuestras familias quienes nos apoyaron y animaron  
día tras día  para continuar sin desfallecer  para alcanzar la meta propuesta. 
 
Por último, agradecemos a la Universidad Autónoma Latinoamericana por 
proporcionar los recursos esenciales para la consecución de esta investigación, solo queda 
brindarles el mayor sentimiento de admiración y aprecio. 
  
3 
 
Resumen 
 
El análisis crítico que se busca en desarrollo de esta propuesta de investigación 
pretende contribuir con el mejoramiento de la calidad de la administración de justicia, en la 
medida en que, al criticar el procedimiento imprudente de asignar funciones forenses a los 
médicos que no tienen dicha calidad, como son los médicos del servicio social obligatorio y 
los médicos generales recién contratados en las regiones donde no hay unidades locales del 
instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses,   no sólo porque no se afianzan los 
aspectos teóricos de la teoría probatoria, sino que se identifican las principales falencias 
respecto de la aplicación de la búsqueda de la verdad procesal que se encontraron a partir 
del análisis de la normatividad constitucional, legal y de las mismas disposiciones del 
instituto colombiano de medicina legal y ciencias forenses. Así pues, se hace necesario 
mostrar las necesidades de capacitación de los futuros médicos cuyas actuaciones 
directamente tendrán relevancia en la administración de justicia. Además de ello se plantea 
la necesidad académica de actualización de los médicos en aspectos relacionados con la 
prueba pericial acorde a lo dispuesto al respecto por el código de procedimiento penal, en el 
entendido de que, en el ordenamiento jurídico los informes técnicos ingresan al proceso 
mediante el testimonio de quien concurrió a la elaboración del mismo. 
 
 
 
 
 
 
4 
 
Contenido 
 
Resumen           3 
1. Introducción         6 
2. Contexto problemático y metodológico      11 
3. Introducción y el concepto de medicina legal, organización de la medicina legal 
en Colombia         22 
3.1.Medicina legal o medicina forense      22 
3.2.Caracterización de la medicina legal en Colombia    24 
3.3.Evolución normativa de la medicina legal en Colombia   29 
3.4.Funciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia, 
de acuerdo a la ley 938 de 2004      33 
3.4.1. Necropsias médico-legales      36 
3.4.2. Necropsias clínicas       39 
4. Concepciones culturales sobre la muerte y el cuerpo humano   40 
4.1.Dignidad, ritos sobre la muerte e importancia del cuerpo humano  40 
4.1.1. Tradición egipcia       43 
4.1.2.  Tradición griega       44  
4.1.3. Tradición romana       45 
4.2.Antecedentes en la legislación colombiana     47 
5. Relevancia de la prueba pericial en Colombia, con especial referencia a la 
autopsia o necropsia        51 
5.1.Prueba pericial        51  
5.2.El perito forense en el sistema acusatorio colombiano   56  
5 
 
5.2.1. Testigo técnico       56 
5.2.2. Caracterización del perito en Colombia    59 
5.3.Prueba pericial entre el testigo perito y testigo técnico   61 
5.3.1. Diferencias        61 
5.4.Objetividad e imparcialidad del informe pericial    66 
5.4.1. Causales de impugnación del informe pericial   69 
5.5.Idoneidad del perito en el proceso penal     71 
5.5.1. Qué se entiende por idoneidad     71 
5.5.2. La idoneidad a partir del manual     73 
6. Aspectos probatorios y protocolo de necropsia     76  
6.1.La verdad procesal        77 
6.2.Duda          78 
6.3.Informe pericial del médico no perito     79  
Conclusión           84 
Referencias           88 
 
 
 
 
 
 
6 
 
1. Introducción 
 
En el desarrollo y la evolución del derecho penal ha sido fundamental el aporte de las 
ciencias auxiliares en la persecución del delito, en la protección a las víctimas y en la 
penalización de los culpables. Entre estas ciencias auxiliares encontramos la política 
criminal, la criminología, la criminalística, y la que interesa principalmente para efectos de 
este trabajo investigativo, la medicina legal. Los procedimientos en esta última disciplina se 
encuentran condicionados a la necesidad de coleccionar un acervo probatorio que confiera 
al juzgador los elementos necesarios para emitir una decisión acorde y consecuente con la 
realidad de lo acaecido. 
La necropsia médico legal se define como el examen externo e interno de un cadáver 
realizado por un médico que aplica las técnicas y procedimientos de la Anatomía 
Patológica internacionalmente aceptados para estudio de un caso en que se investiga 
judicialmente una muerte. El marco legal vigente para la práctica de estas necropsias está 
contenido en el Decreto 786 de 1990.  
En síntesis, se afirma que la autopsia o necropsia es un procedimiento cuya finalidad es 
obtener información para fines científicos o jurídicos, lo cual se hace a través 
de la observación, intervención y análisis de un cadáver, en forma tanto interna 
como externa, la autopsia o necropsia será de carácter médico legal cuando se 
realiza con fines de investigación judicial, y tendrá carácter clínico en los 
demás casos. No es un medio solo para determinar las causas de muerte sino también  para 
realizar la identificación de cuerpos o restos humanos,  a veces,  con el auxilio de otras 
ciencias, disciplinas y especializaciones como la patología, la odontología o la 
Antropología.    
7 
 
El presente escrito académico se enfoca en el estudio de la Necropsia médico legal 
como procedimiento técnico de marcada connotación probatoria, tema que es de suma 
transcendencia para la población colombiana y los ciudadanos que asisten como partes e 
intervinientes al proceso judicial. 
Con éste trabajo se pretende efectuar un análisis acerca de la experticia y pericia del 
médico  en cumplimiento de su servicio social obligatorio en ejecución de los métodos 
científicos relacionados con la realización de necropsias medico legales y con la 
identificación de cadáveres en la consecución de los fines del proceso penal, en 
concordancia con lo consagrado por el ordenamiento jurídico referente al tema y la realidad 
colombiana. 
Para abordar este tema se parte del trabajo que obligatoriamente realizan los médicos 
recién egresados de las facultades de medicina y que laboran en hospitales Municipales, 
esto es lo que en el pasado se conocía como “año rural” , hoy se tiene que el Ministerio de 
Protección Social expidió la Resolución 1058 de 23 de marzo de 2010, "por medio de la 
cual se reglamenta el Servicio Social Obligatorio para los egresados de los programas de 
educación superior del área de la salud y se dictan otras disposiciones", la cual fue 
publicada en el Diario Oficial No. 47.671 de 5 de abril de 2010. 
Por servicio social obligatorio en Colombia, se entiende el desempeño de una profesión 
con carácter social, mediante el cual los egresados de los programas de medicina, 
odontología, enfermería y bacteriología, contribuyen a la solución de los problemas de 
salud de las poblaciones deprimidas urbanas o rurales, o de difícil acceso a los servicios de 
salud en todo el territorio nacional. Este es uno de los requisitos para obtener la 
autorización para el ejercicio de estas profesiones. El Servicio Social Obligatorio se 
8 
 
encuentra reglamentado en el artículo 33 de la Ley 1164 de 2007, y reglamentado por las 
Resoluciones 1058 de 2010 y 2358 de 20141. 
Entre las funciones que desempeñan los profesionales de la salud que se encuentran 
laborando en los hospitales municipales está la de efectuar actividades propias de un 
médico legista, como, por ejemplo, realizar necropsias médico-legales e informes periciales 
sobre lesiones personales y actos contra la libertad sexual, en desarrollo de estas actividades 
se recolectan elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente 
adquirida2. Es paradójico que inclusive para el personal adscrito al Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses en Colombia el ejercicio de estas actividades requiere de 
capacitación especial, no solo en el campo jurídico sino en el ejercicio de la medicina legal 
que es una especialización dentro de la medicina general.  
Esta es una situación a todas luces irregular que no se compagina con la estructura del 
sistema penal acusatorio de tendencia adversarial, que desde el acto legislativo 03 de 2002 
sus implicaciones se relacionan con la búsqueda de la verdad procesal. 
Las resoluciones están por debajo de la ley  906 de 2004 y por supuesto de la 
Constitución política y del bloque de Constitucionalidad, esto a la luz  de la lectura del 
artículo 20 de la Constitución y de las normas de la ley 906 de 2004 relacionadas con este 
tema, se puede afirmar que frente a pretensiones probatorias, tanto la fiscalía como la 
defensa y demás intervinientes, deben evitar juicios de ilicitud por violación de un derecho 
fundamental o de ilegalidad por afectación de una norma jurídica, en este caso el debido 
                                                          
1 La información al respecto se encuentra publicada en la página del Ministerio de salud en Colombia.  
2 Sobre el tema, pueden consultarse las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, radicados 25920 y 29416, 
donde se resalta la importancia en el cuidado sobre los protocolos de cadena de custodia, al igual que las 
Resoluciones 1890 de 2000, 2869 de 2003, 06394 de 2004 y 02770 de 2005, emanadas de la Fiscalía General 
la Nación. 
9 
 
proceso en su dimensión formal o sustancial y/o juicios de ilegalidad por violación de una 
norma de carácter  legal (Corte Constitucional. Sentencia T-916 del 2008). En este caso, se 
pueden elaborar argumentos en uno y otro sentido, se justifica el análisis de esta institución 
(de la experticia y pericia del médico  en cumplimiento de su servicio social obligatorio en 
la realización de la necropsia médico legal) que parece presentar inconvenientes a la luz de 
las nuevas disposiciones en materia de pruebas y de los principios que la sustentan. 
Existe en los anales de la práctica judicial colombiana casos paradigmáticos y en cierta 
forma vergonzosos para cuya decisión el juez se apoyó principalmente en la prueba médica, 
ejemplo de ello es el caso de la señora Alba Lucia Rodríguez, una campesina de Abejorral 
que, en 1996, con 19 años, dio a luz a una bebé, producto de una violación. Ella vivió sola 
el parto en el que su hija nació muerta, sola había asumido el abuso y el embarazo, sus 
padres no tenían ni idea, pero, en cuestión de horas estaba en el hospital del pueblo en 
donde un diligente médico, en el año de su servicio social obligatorio, la examinó y la 
acusó de infanticidio; es decir, él mismo fue juez y parte. Ella fue condenada y pasó seis 
años en la cárcel hasta que por presiones de los movimientos de mujeres y de 
organizaciones de derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia, ordenó la liberación de 
la joven campesina (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2002 Casación N° 
14.043). En este caso se reitera que la prueba fundamentalmente, fue la médica, realizada 
por un médico sin experiencia legal y recién egresado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Antioquia. 
Cada capítulo que compone la presente Investigación se estructura desde y para el 
proceso penal adoptada por el Acto Legislativo 03 de 20023, por medio del cual, se 
                                                          
3 Para la Corte constitucional en sentencia C-144 de 2010 los objetivos que se persiguieron con el acto legislativo 03 de 
2002 fueron la introducción del nuevo modelo procesal penal se concretó en: (i) fortalecer la función investigativa y de 
10 
 
modificó de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por la Ley 906 de 2004, la 
que a su vez fue reformada entre otras por las Leyes 1142 de 2007, 1453 de 2011 y 1760 de 
2015; sistemática mediante la cual el legislador acogió un sistema de enjuiciamiento 
acusatorio caracterizado por los principios de oralidad, publicidad, contradicción e 
inmediación que exige riguroso estudio que permita ubicar la función que cada elemento de 
conocimiento cumple en el proceso de establecimiento de responsabilidad penal de los 
ciudadanos colombianos cuando estos han cometido infracciones en términos de la ley 599 
de 20004.  
Al final de la misma se encontrará que los métodos científicos de establecimiento de la 
causa de muerte y la identificación de cadáveres, cuyo conocimiento se despliega entre la 
criminalística y la medicina legal, son solo uno de tantos ejemplos de la simbiosis existente 
entre la ciencia y el derecho, conocimientos que se entrelazan con el objetivo de obtener la 
información necesaria para una vez que, se surta el proceso penal en la etapa de juicio, el 
juez tenga certeza que le permita decidir en derecho (Téllez, 2002. P.357). 
 
 
 
  
                                                          
acusación de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de concentrar los esfuerzos de ésta en el recaudo de la prueba, 
despojándola en sentido estricto de funciones jurisdiccionales; (ii) la configuración de un juicio público, oral, contradictorio 
y concentrado en cabeza del juez de conocimiento; (iii) instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de 
investigar, acusar y juzgar; (iv) descongestionar los despachos judiciales mediante la supresión de un sistema procesal 
basado en la escritura para pasar a la oralidad, buscando garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas; 
(v) modificar el principio de permanencia de la prueba por aquel de la producción de la misma durante la etapa del juicio 
oral; (vi) introducir el principio de oportunidad en cabeza del ente investigador; y (vii) crear la figura del juez de control de 
garantías, a quien se le asigna la función de ejercer un control previo y posterior de legalidad sobre las actividades y 
diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía General en el ejercicio de su actividad investigativa. 
4 Corte Constitucional. Sentencia C-144 de 2010 del tres (3) de marzo de dos mil diez 2010. Magistrado Ponente: Dr. Juan 
Carlos Henao Pérez. Bogotá D. C.   
11 
 
2. Contexto problemático y metodológico de la investigación 
 
El resultado de muchas de las acciones violentas e incluso  en algunos casos por acción 
de la naturaleza es la muerte, esas muertes cuyas causas hay que establecer  son analizadas  
a través de la aplicación del protocolo de necropsia elaborado  por el instituto  de medicina 
legal en las distintas regiones del país y conforme a lo regulado por el decreto 786 de 
1990,que plantea dos tipos de necropsia , la médico legal y la clínica , pensando entonces 
en que existía una fractura normativa e incluso un incumplimiento  de la ley , se direccionó 
el proyecto en búsqueda de las razones del por qué no se daba un uso adecuado a la 
necropsia clínica (pues aun cuando no sea  muerte violenta es realizada por el instituto de 
medicina legal o no realizada la necropsia por ser muerte natural o a causa de una 
enfermedad conocida ),  y que esta daría una gran ayuda al sistema investigativo y procesal 
penal del país, por tanto se  planteaba como pregunta orientadora   ¿Cuál es la efectividad  
del decreto  que regula la necropsia clínica en Colombia y su alcance en la ciudad de 
Medellín en el campo de la investigación penal? Teniendo en cuenta que la autopsia en 
general es un medio de apoyo para los procesos post mortem, sin embargo es indispensable 
identificar el objetivo con el cual se solicita en pro de utilizar adecuadamente los recursos 
técnicos y humanos.   
Una vez adelantadas las revisiones de tema correspondientes, se pudo establecer que 
era necesario redireccionar el proceso investigativo y encaminarlo a otro aspecto del 
protocolo de necropsia en general, porque no es un cuestionamiento a la ley, es un 
cuestionamiento a la preparación de los profesionales de la medicina  en su servicio social 
obligatorio y quienes son los encargados por la ley de la realización de la necropsia médico 
legal  en aquellos municipios donde no existe unidades locales de medicina legal .  
12 
 
La necropsia médico legal es un medio de conocimiento que tiene como fin la 
búsqueda de la causa de la muerte en un caso violento, bien sea en desarrollo del conflicto 
armado o por causas relacionados con la delincuencia común o las intervenciones de 
policía, en ese sentido el procedimiento de necropsia médico legal se constituye en la 
evidencia más fidedigna para establecer por qué  razón murió una persona. La diligencia de 
la necropsia también sirve para identificar cuerpos o restos humanos a veces con el auxilio 
de otras ciencias, disciplinas y especializaciones como la patología, la odontología o la 
Antropología.    
La nueva estructura del proceso penal adoptada por el Acto Legislativo 03 de 20025, 
por medio del cual se modificó de la Constitución Política de Colombia , desarrollado por 
la Ley 906 de 2004, la que a su vez fue reformada entre otras por las Leyes 1142 de 2007, 
1453 de 2011, 1760 de 2015 Sistemática mediante la cual el legislador acogió un sistema de 
enjuiciamiento acusatorio, caracterizado por los principios de oralidad, publicidad, 
contradicción e inmediación que exige riguroso estudio que permita ubicar la función que 
cada elemento de conocimiento cumple en el proceso de establecimiento de responsabilidad 
penal de los ciudadanos colombianos, cuando estos han cometido infracciones en términos 
de la ley 599 de 20006.  
                                                          
5 Para la Corte constitucional en sentencia C-144 de 2010 los objetivos que se persiguieron con el acto legislativo 03 de 
2002 fueron la introducción del nuevo modelo procesal penal se concretó en: (i) fortalecer la función investigativa y de 
acusación de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de concentrar los esfuerzos de ésta en el recaudo de la prueba, 
despojándola en sentido estricto de funciones jurisdiccionales; (ii) la configuración de un juicio público, oral, contradictorio 
y concentrado en cabeza del juez de conocimiento; (iii) instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de 
investigar, acusar y juzgar; (iv) descongestionar los despachos judiciales mediante la supresión de un sistema procesal 
basado en la escritura para pasar a la oralidad, buscando garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas; 
(v) modificar el principio de permanencia de la prueba por aquel de la producción de la misma durante la etapa del juicio 
oral; (vi) introducir el principio de oportunidad en cabeza del ente investigador; y (vii) crear la figura del juez de control de 
garantías, a quien se le asigna la función de ejercer un control previo y posterior de legalidad sobre las actividades y 
diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía General en el ejercicio de su actividad investigativa. 
6 Corte Constitucional. Sentencia C-144 de 2010 del tres (3) de marzo de dos mil diez 2010. Magistrado Ponente: Dr. Juan 
Carlos Henao Pérez. Bogotá D. C.   
13 
 
Precisamente en el desarrollo y la evolución del derecho penal ha sido fundamental el 
aporte de las ciencias auxiliares en la persecución del delito, en la protección a las víctimas 
y en la penalización de los culpables. Entre estas ciencias auxiliares encontramos la política 
criminal, la criminología, la criminalística, y la que interesa principalmente para efectos de 
este trabajo investigativo como es la medicina legal, los procedimientos en esta última 
disciplina se encuentran condicionados a la necesidad de coleccionar un acervo probatorio 
que confiera al juzgador los elementos necesarios para emitir una decisión acorde y 
consecuente con la realidad de lo acaecido. 
Los métodos científicos de establecimiento de la causa de muerte y la identificación de 
cadáveres, cuyo conocimiento se despliega entre la criminalística y la medicina legal, son 
solo uno de tantos ejemplos de la simbiosis existente entre la ciencia y el derecho, 
conocimientos que se entrelazan con el objetivo de obtener la información necesaria para 
una vez que se surta el proceso penal en la etapa de juicio el juez tenga certeza que le 
permita decidir en derecho (Téllez, 2002. P.357). 
En Colombia El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses7 es el 
establecimiento público de referencia técnico científica que dirige y controla el sistema de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia. Allí se Prestan servicios forenses a la 
comunidad y a la administración de justicia sustentados en la investigación científica y la 
idoneidad del talento humano, sus actuaciones se encuentran condicionadas por los ejes de 
calidad, imparcialidad, competitividad y respeto por la dignidad humana (Instituto de 
medicina legal, 2016).  
                                                          
7 Forense. adj. (del latín forensis). Judicial, abogado Del latín forum, espacio libre. Foro, lugar donde los magistrados 
ejercían su jurisdicción y los tribunales administraban justicia. Del latín foras, de fuera. 
14 
 
Oficialmente el Instituto cuenta con seis laboratorios acreditados a nivel nacional e 
internacional solo en la sede principal ubicada en la capital de la republica entre estos 
laboratorios se encuentran biología, genética, toxicología, metrología, estupefacientes y 
evidencia traza. En el resto del país se viene trabajando en dicha acreditación, como en la 
ciudad de Medellín en donde se les ha dado reconocimiento a los laboratorios de 
estupefacientes, biología, y toxicología.  
Si bien es cierto que el instituto de Medicina legal es una entidad que tiene 
competencia en todo el territorio Nacional, también es cierto que su presupuesto es muy 
reducido lo que incide en la necesidad de realizar convenios de colaboración con los 
Municipio y con los hospitales, para que estos apoyen con recursos humanos, físicos y de 
logística. En sí mismo esto ya es un problema porque muchos municipios tampoco tienen o 
la capacidad para aportar dichos recursos o el interés de hacerlo.  
Estos aportes interinstitucionales en concreto tienen que ver en el aspecto físico con un 
lugar adecuado para la realización de las necropsias con buena ventilación, servicios 
públicos adecuados y los instrumentos quirúrgicos y de laboratorio para almacenar los 
muestras que posteriormente serán direccionadas a cada laboratorio según sea el caso, sin 
embargo, este lugar generalmente es el hospital del municipio. En relación a la logística 
este ítem va desde procurar materiales de aseo hasta aportar los insumos requeridos para 
conservar las condiciones de bioseguridad adecuadas.  El aporte del recurso humano se 
concreta básicamente en direccionar por medio de la secretaria de Gobierno Municipal a 
tres  personas para que éstas cumplan con las labores de vigilancia el primero, aseo el 
segundo y el tercero y más problemático el denominado disector  que es un particular 
contratado para que apoye la labor del médico del hospital municipal quien está realizando 
el denominado comúnmente año de practica o año rural, el disector está obligado a realizar 
15 
 
un curso básico que da cuenta de la forma como se realiza correctamente una necropsia 
médico legal y la toma de muestras.  En la práctica es el disector el que realiza la necropsia 
médico-legal, pero es el medico el que firma el documento que va a conocimiento del fiscal 
radicador o fiscal designado para adelantar la investigación, quien es el funcionario que 
finalmente termina haciendo las solicitudes al centro de servicios judiciales para desatar 
todo el proceso penal. También es común en zonas apartadas de la capital que en aquellos 
eventos en los que los cuerpos se encuentran en avanzado grado de descomposición las 
necropsias se realicen en los cementerios al aire libre para evitar el riego de contaminación 
bacteriana.  
La autopsia o necropsia es un procedimiento técnico cuyo propósito es conseguir 
información para fines científicos y jurídicos, lo cual se hace a través de la intervención y 
análisis de un cadáver, de modo interno y externo, la autopsia o necropsia será de carácter 
médico legal cuando se realiza con fines de investigación judicial bien porque la muerte fue 
violenta  o porque se desconoce la causa de la muerte, y tendrá carácter clínico en los 
demás casos. Dentro de una concepción moderna se ha denominado a la necropsia médico 
legal como la investigación científico criminalística de la muerte8.  
En Colombia la realización de la necropsia es obligatoria según el decreto 786 de 1990 
en los siguientes casos:  
1°. Homicidio o sospecha de homicidio 
2°. Suicidio o sospecha de suicidio  
3°. Cuando se requiera distinguir entre homicidio y suicidio 
4°.  En casos de muerte accidental o sospecha de la misma 
                                                          
8 Guía para la realización de necropsias médico legales 
16 
 
5°. En aquellas muertes en que no existe claridad sobre la causa 
6°. Cuando la autopsia sea necesaria para ayudar a la identificación de un cadáver por  
solicitud de autoridad competente.  
Las normas que consagran el carácter obligatorio de la necropsia  son de orden público. 
El decreto 786 de 1990 hace una especial distinción dentro de las autopsias que deben 
realizarse obligatoriamente, resaltando los siguientes casos:  
1°. En muertes ocurridas en personas que se encuentran bajo custodia oficial, ejemplo 
de ello son las personas privadas de la libertad en centros carcelarios.  
2°. En los casos de muerte en los que se sospecha que han sido causados por 
enfermedad profesional o accidente de trabajo. 
3°.  En aquellos casos en que se sospecha que la muerte ha sido causada por la 
utilización de agentes químicos o biológicos, drogas, medicamentos, productos de uso 
doméstico y similar.  
4°. En cadáveres de menores de edad cuando se sospeche que la muerte se causó por 
conducta omisiva entre ellas abandono o maltrato.  
5°. Cuando se sospeche que la muerte fue causada por un acto médico y las que se 
realizan en casos de muerte de mujeres gestantes o del feto cuando haya sospecha de aborto 
no espontáneo. 
Con referencia a lo anterior son varias las situaciones en donde la autopsia o necropsia 
debe practicarse obligatoriamente, sin embargo, esta no será así en aquellos casos en que se 
pueda acreditar la causa del deceso y además no se requiera como medio de conocimiento 
en un proceso judicial. Dentro de esta hipótesis tenemos las muertes ocurridas a pacientes 
terminales.  
17 
 
El sistema médico forense colombiano está constituido por los médicos adscritos al 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, médicos oficiales y en servicio 
social obligatorio, quienes realizan las actividades médico-legales con la supervisión de 
Medicina Legal, reglamentadas por el Ministerio de Justicia mediante la Resolución 
No.1067 del 14 de mayo de 1987. Estos últimos prestan el servicio, es decir asumen el rol 
de perito forense, en los lugares donde no se cuenta con presencia institucional directa 
(Forensis, 2007, p.7). 
Con éste trabajo se pretende efectuar un análisis acerca de la experticia suficiente en la 
realización de las necropsias medico legales   de los médicos en cumplimiento de su 
servicio social obligatorio   quienes en muchos casos confían el procedimiento a  los 
disectores quienes en la práctica en algunos   casos realizan el procedimiento por su amplia 
trayectoria, siendo el medico  quien firma el acta, esto en cuanto existen protocolos a nivel 
nacional y tratados de derechos humanos que dan cuenta de la necesidad de que estas 
prácticas sean realizadas por personal  especialmente capacitado, formado para realizarlas.   
La necropsia médico legal es un procedimiento que requiere conocimientos y 
experiencias previas en tanto los resultados de dichas pesquisas serán motivo de discusión 
en sede de juicio oral una vez están sean enunciadas, descubiertas y solicitadas por la parte 
interesada, información fundamental que tiene que ver con el establecimiento más allá de 
toda duda razonable de la responsabilidad de los acusados.   
En este orden de ideas más allá de los métodos científicos utilizados cuando se trabaja 
con cadáveres para la consecución de los fines del proceso penal, en concordancia con las 
ciencias médicas consagrados ambos en el ordenamiento jurídico se hace necesario que el 
médico forense conozca el procedimiento al que son expuestos los cadáveres y restos óseos 
luego de ser hallados en el lugar de los hechos; tener claridad sobre el procedimiento de la 
18 
 
cadena de custodia a la que son sometidos conforme a su calidad de elementos materiales 
de prueba; las técnicas y conocimientos científicos aplicables para lograr la identificación 
positiva de un N.N. y el manejo de evidencias todas exigencias de índole legal.  
Surgen varias situaciones problemáticas en la manera como desde el principal 
laboratorio de ciencias forenses se direcciona la realización de las necropsias medico 
legales en aquellos lugares donde no se cuenta con el personal técnico especializado. 
Inicialmente se parte de que el ordenamiento jurídico desde la constitución política hasta el 
estatuto procesal penal y al existir estándares internacionales reconocidos por Colombia 
para la realización de las necropsias médico-legales y señalar las pautas mediante las cuales 
se deben realizar estas actividades, entonces se toma como eje de esta investigación la 
pregunta orientadora : ¿Están  suficientemente capacitados los  médicos que prestan su 
servicio social obligatorio, sin contar con la exigida experiencia, ni la especialización en 
ciencias forenses para la realización de la necropsia médico legal ?  
Para dar cumplimiento a esta problematizadora y orientadora, se estableció como 
objetivo general establecer si las necropsias  medico legales que realizan los médicos en su 
servicio social obligatorio en estricto sentido técnico - jurídico se corresponden o no con las 
obligaciones que en materia de inmaculación9 de los elementos de conocimiento en materia 
procesal penal tiene el instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para proceder a 
respaldar los informes técnico-científicos, que estos elaboran sobre aspectos específicos, 
como la determinación de la causa de muerte y/o la identificación de cuerpos humanos y/o 
de restos  humanos, este objetivo permite analizar cuál es la capacidad asertiva del médico 
                                                          
9 Para la Real Academia de la Legua Española, inmaculación es una palabra que viene del Del lat. immaculātus. Que al ser 
utilizada como adjetivo significa Que no tiene mancha.  
19 
 
en su servicio social obligatorio desde el punto de vista de su formación de pregrado en la 
realización de la necropsia médico legal y su objetivo. 
En este orden de ideas, se formularon cuatro objetivos específicos que son cumplidos 
en los capítulos dos, tres, cuatro, cinco, adicionalmente un capítulo final a manera de 
conclusiones, que dan cuenta de los resultados de la investigación y nos acercan a la 
respuesta  de la pregunta orientadora.    
En el segundo capítulo se da cumplimiento al objetivo específico examinar el  concepto 
de medicina legal y la organización de la medicina legal en Colombia. Permitiendo conocer 
la estructura y evolución de la medicina legal en Colombia desde el punto normativo, las 
funciones que establece y los tipos de necropsias reguladas en el país, elementos esenciales 
de la temática de estudio. 
El segundo objetivo específico, conocer las concepciones culturales en torno al cadáver 
y la muerte se desarrolla en el tercer capítulo del estudio, y busca hacer un recorrido por la 
historia y ritualidad en torno al cadáver y su disposición en las diferentes culturas de la 
humanidad. 
El cumplimiento del tercer objetivo específico establecer la relevancia de la prueba 
pericial en Colombia con especial referencia a la autopsia o necropsia se cumple en el 
capítulo cuarto de esta investigación, además en él se logra dilucidar la capacidad en 
términos de formación en el pregrado del médico en cumplimiento de su servicio social 
obligatorio y acorde a los diferentes currículos de las universidades que ofrecen el 
programa de medicina en la ciudad de Medellín 
En el transcurso del capítulo quinto se da cumplimiento al cuarto objetivo enunciar los 
principales aspectos probatorios de la necropsia médico-legal, teniendo en cuenta las 
20 
 
principales razones que sustentan la inconveniencia de que los médicos en su práctica 
social realicen sin ser especialistas las necropsias medico légales. 
 El enfoque que se consideró adecuado para realizar la indagación del tema es el 
cualitativo10, del que se parte para obtener información con ayuda de las técnicas 
documental y de campo a partir del estudio de la evolución histórica de la normatividad; de 
la mano de las leyes, la  jurisprudencia de las altas cortes, y el estudio de algún sector de  la 
doctrina especializada que se ha dedicado a estudiar los fenómenos relacionados con la 
prueba y las funciones judiciales que cumple el instituto de medicina legal. 
El trabajo reconoce los diversos fenómenos generados por la regulación de las 
autopsias medico legales, haciendo uso de la técnica de observación que permitió ponderar 
y analizar el entorno en el cual se desarrolla la problemática objeto de esta investigación. 
La monografía propuesta tiene un nivel de investigación exploratorio, para el desarrollo 
de la monografía se recolectó la información relacionada con el objeto de estudio, por 
medio de un rastreo bibliográfico en las diferentes bibliotecas de centros de educación 
superior de la ciudad que cuentan con Facultad de Derecho, se utilizaron en fichas 
bibliográficas para facilitar la organización de la información y el posterior análisis de los 
datos, finalmente, se estructuro el informe según los lineamientos del Centro de 
Investigaciones Jurídicas. 
 Las etapas investigativas de este proyecto de investigación fueron apoyadas en 
diferentes reuniones y revisiones con el asesor de tesis, esto incluyo también tiempo y 
disposición  dedicado a recorrer las instituciones donde se recopilo la información 
                                                          
10 Los escritores Blasco y Pérez (2007, p.25), afirman que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto 
natural y cómo sucede, extrayendo e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Se Vale de una 
gran multiplicidad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, indagaciones, historias de 
vida, en los que se representan los usos y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los 
participantes. 
21 
 
documental que luego de un ejercicio de lectura que favorecieron el análisis crítico que se 
buscó en desarrollo de esta propuesta de investigación que pretende contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de la Administración de Justicia, en la medida en que, al criticar 
el procedimiento “imprudente” de asignar funciones forenses a los médicos que no tienen 
dicha calidad, como son los médicos del servicio social obligatorio en las regiones donde 
no hay unidades locales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no 
sólo porque no se afianzan los aspectos teóricos de la teoría probatoria, sino que se 
identifican las principales falencias respecto de la aplicación de la búsqueda de la verdad 
procesal que se encontraron a partir del análisis de la normatividad constitucional, legal y 
de las mismas disposiciones del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. Así pues, se hace necesario mostrar las necesidades de capacitación de los futuros 
médicos cuyas actuaciones directamente tendrán relevancia en la Administración de 
Justicia. Además de ello se plantea la necesidad académica de actualización de los médicos 
en aspectos relacionados con la prueba pericial acorde a lo dispuesto al respecto por el 
Código de procedimiento penal, en el entendido de que, en el ordenamiento jurídico los 
informes técnicos ingresan al proceso mediante el testimonio de quien concurrió a la 
elaboración del mismo. 
 
  
  
22 
 
3. Introducción y el concepto de medicina legal, organización de la medicina legal 
en Colombia 
 
 
3.1.Medicina Legal o medicina forense 
 
El centro de la práctica de los estudios médicos se halla en los pacientes, el paciente es 
el verdadero protagonista de la relación médico-paciente (Brigard, 2004, p 277). En la 
necesidad de establecer cuáles son los derechos de los pacientes, está en su devenir se 
apoya en los derechos humanos, por ejemplo, el consentimiento informado, 
Confidencialidad, el derecho a rehusar el tratamiento, entre otras. También sirve para 
delimitar los extremos de la denominada deontología médica que no es más que el conjunto 
de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico. 
En este sentido, por lo que el médico debe saber, ser lo que es, lo que tiene que hacer y 
como lo debe hacer; la ley, para tener la posibilidad de adaptar los conocimientos a los 
rápidos cambios en términos de reglamentos y leyes, con guías técnicas, para conocer los 
avances médicos y contar con la capacidad de investigación de los cambios producidos; la 
ética para la aplicación de principios que permitan el correcto ejercicio médico, y, la 
bioética para tener guías de solución a los dilemas éticos que se presentan en la práctica 
médica; por ello, la necesidad de poseer el conocimiento de todas esas disciplinas y 
ciencias que delimitan el ejercicio ético y legal de la medicina para enterarse de lo que está 
permitido y prohibido en la práctica médica (Garduza, 2014, p. 2) .  
Por consiguiente, la peritación médico-legal, dentro del contexto general de la gestión 
probatoria, nace de la necesidad de investigar un hecho en su existencia, estructura y 
23 
 
calidades, aceptando su admisión o procedencia ya sea como posible o probable de acuerdo 
a su naturaleza, oportunidad y entorno en que éste se produjo. La verdad sobre el mismo, en 
todo caso, debe obtenerse sobre la base de un conocimiento de la especialidad científica 
analizada, mediante operaciones generalmente consentidas y acordes con la propia 
metodología de la ciencia. Sin embargo, el especialista forense  ( perito médico-legal), no 
siempre podrá encontrar elementos suficientes para comprobar científicamente los hechos 
que estructuran su conclusión; por lo que su respuesta a objeto del requerimiento, 
solamente se producirá cuando ésta pueda demostrarse mediante los medios técnicos y 
principios científicos que señale en forma preceptiva el respectivo análisis científico. El 
conocimiento adquirido más su experiencia, darán al perito forense la idoneidad necesaria 
para el ejercicio de su función. 
El fundador galo de la medicina forense, Ambrosio Paré, dijo que la medicina legal es 
“el arte de hacer relatorías para la justicia”. 
Calabuig, la define como “la parte de los conocimientos científicos, médicos y 
paramédicos, que están al servicio de la administración de la justicia” (1991, p. 31).  
Sydney Smith la delimita como “la ciencia relacionada con la dilucidación de aquellos 
problemas médicos que se plantean a las autoridades judiciales” (1926, p.7). 
El autor francés, Simonin, dice que es la disciplina que “utiliza los conocimientos 
médicos biológicos con miras a su aplicación a resolver los problemas que plantean las 
autoridades penales, civiles o sociales” (1966, p.12). 
Prof. Costa Arduz, el más importante médico legista de Bolivia y uno de los más 
ilustrados de Latinoamérica, ha afirmado que “La Medicina Legal es la rama de la 
Medicina que concurre con sus conocimientos a resolver problemas cuya significación 
requiere ser valorada al amparo de la ciencia médica” (2005, p. 25). 
24 
 
En Colombia la medicina legal se entiende como sinónima de la medicina forense, esta 
es la rama de la ciencia médica que auxilia a la ciencia del derecho en las implicaciones y 
significados de la enfermedad, del trauma, de las lesiones y en general de los aspectos 
biológicos, de la misma.    
En resumen, la Medicina Legal, o Judicial, o Forense, denominaciones sinónimas todas 
ellas empleadas en lengua castellana, nació con las exigencias de la justicia y a estas 
exigencias, debe quedar ligada, tanto por su naturaleza como por su contenido. 
Dos son los elementos que resaltan en dichas definiciones: 
A) La necesidad de conocimientos físicos y biológicos para resolver problemas 
jurídicos, que de otra manera quedarían herméticos. 
B) La función doctrinal que la medicina aporta, al proporcionar conocimientos de 
naturaleza biológica y médica al Derecho. 
 
 
3.2.Caracterización de la medicina Legal en Colombia 
 
Se ha afirmado que la Medicina legal es la especialidad médica que reúne los 
conocimientos de la medicina que son útiles para la administración de justicia, esta se 
utiliza para esclarecer o solucionar problemas de naturaleza judicial en todas las áreas del 
derecho  
La medicina legal estudia, entre otros aspectos, las consecuencias de los fenómenos de 
la delincuencia como expresión presente en la organización social, entre las más 
importantes áreas de la Medicina Legal se tienen.  
1°. La Medicina legal clínica 
25 
 
2°. La Patología forense 
3°. La Psiquiatría forense 
Entre las ciencias forenses11: 
1°.Toxicología analítica 
2°. Balística 
3°. Análisis de documentos 
4°. Inmuno-hematología 
5°. Dactiloscopia 
6°. Estudio de pelos y fibras 
7°. Daños en vehículos automotores 
8°. Análisis Hematológico  
Entre las principales características de la Medicina legal se tiene que esta es:  
A. Una especialidad diagnóstica: La Medicina Legal y Forense combina en la 
actualidad una especialidad médica que tiene por objeto la utilización de los conocimientos 
médicos, jurídicos, administrativos, éticos, y la utilización de ciencias afines a la 
aplicación, desarrollo y perfeccionamiento del Derecho y de la actividad médica. 
Los nuevos modelos socioculturales e interacciones jurídico-sanitarias, propios del 
desarrollo de la comunidad, han obligado a que el clásico concepto y finalidad forense se 
encuentre en permanente evolución, ampliándose la intervención médico-legal de la 
problemática socio-sanitaria que tienen las diferentes organizaciones sociales. La actividad 
                                                          
11 Consultar las obras de Vargas-Alvarado, Eduardo. Medicina Forense y Deontología Médica. 1ª Edición. 1991. 
Editorial Trilla. México; Giraldo, Cesar Augusto. Medicina Forense. 10ª Edición. 2001. Señal Editora. Medellín. 
Colombia; Simpson, Bernard Knight. Medicina Forense 1994. Editorial Manual Moderno; Tellez Rodriguez, 
Nelson. Medicina Forense: Manual Integrado. Editorial El Malpensante.2002 Bogotá. 
 
26 
 
profesional del especialista en Medicina Legal y Forense presenta un idéntico método 
científico de actuación, tanto para el enfoque y resolución de peritaciones ante los juzgados, 
como los Tribunales, así como, la asesoría médico-legal en estamentos públicos o privados 
y/o la gestión técnica de la problemática médico-legal en Instituciones Sanitarias, tales 
procedimientos se sustentan en el especial conocimiento de los distintos contenidos 
doctrinales y aplicación de las técnicas propias de la especialidad de Medicina Legal y 
Forense, así como, en la destreza profesional adquirida por el especialista para la 
investigación, análisis, identificación y resolución de las cuestiones médico-legales 
planteadas por los respectivos estamentos. 
B. La prueba pericial es una prueba “sui generis”, toda vez que los peritos sin tener el 
carácter de partes o intervinientes en el proceso, esto es sin tener interés en él, aparecen en 
la expedición del informe como testigos abonados de hecho, o bien, son verdaderos 
científicos, cuando aplican sus conocimientos académicos e investigativos y determinan 
consecuencias respecto de los hechos investigados. Es por esto que el peritaje, en general, 
deviene en un acto grave e importante para quien depende de sus conclusiones, como así 
también, para la propia administración de justicia donde debe resolverse “científicamente” 
la cuestión sometida al conocimiento del experto; recordamos lo que el insigne Messel 
enseñaba: “que de la calidad del informe pericial, dependía en gran parte la calidad del 
juicio”. Explicaba en esta forma la base de sustentación que el hecho investigado en la 
peritación otorgaba al juez, a fin de que éste con las pruebas rendidas en el proceso llegara 
a la certeza legal indispensable para la resolución definitiva de la cuestión debatida. De ahí 
que el enfoque práctico de la ciencia médico-legal, cual es, la peritación médico- legal, 
responde a una ciencia que no es exacta en sus conclusiones y que se encuentra ligada en su 
aplicación a un heterogéneo y complejo cúmulo de antecedentes que si bien de naturaleza 
27 
 
científica, deberán ser analizados en el marco de una metodología que es impuesta por la 
particular estructura de cada ser humano y además, lo circunstancial de su entorno. 
Mediante este peritaje que también es llamado forense, se aportan los elementos de certeza 
o de simple valoración que decidirán el resultado en un proceso o –en su caso servirá para 
la expedición de una resolución judicial que posteriormente devengue en derechos u 
obligaciones de las partes en un proceso incoado, la búsqueda de la verdad en el informe 
pericial, siempre debe estar enmarcada el debido proceso y el respeto por la dignidad 
humana. 
En este sentido la Corte Constitucional Colombiano desde la promulgación misma de la 
constitución en 1991 viene sustentando una posición jurisprudencial sobre la dignidad 
humana que se concreta muy bien en los siguientes términos:   
Una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la 
expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: 
a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa. Al 
tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad 
humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres 
lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o 
como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir 
como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales 
concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como 
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin 
humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, del enunciado 
normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad 
humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del 
28 
 
Estado, y en este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como 
principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental 
autónomo (Corte Constitucional, 2002, sentencia T-881). 
No puede ese Estado, amparado en la idea de eficacia de la Administración de Justicia, 
utilizar al hombre y su cuerpo, sin su consentimiento, como evidencia probatoria; lo 
contrario conduciría ineludiblemente tanto al irrespeto de la dignidad humana como al 
irrespeto por los derechos humanos fundamentales reconocido en la Constitución política y 
en el bloque de constitucionalidad.  
Pero ¿qué pasa con los cadáveres que son objeto de investigación en un proceso penal? 
Se responde que los funcionarios judiciales también en estos casos se encuentran obligados 
por la constitución y la ley. La Fiscalía general de la Nación ha elaborado la Guía de 
procedimientos para la realización de necropsias médico - legales.  Por medio de este le da 
una herramienta útil a los funcionarios de policía judicial, a los jueces, partes y demás 
intervinientes para que utilicen un enfoque integral y diferenciado con el cual no sólo se 
evalúe el aspecto clínico de la lesión como causa de la muerte, sino también su contexto, 
para encontrar el justo medio de su valoración, que redunde en un concepto forense que, a 
su vez, resulte verdaderamente útil a la administración de justicia según el tipo penal que se 
pueda constituir en cada caso particular  (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, p. 3) . 
C. En los pacientes vivos dictamina pronósticos. En medicina, el pronóstico, 
generalmente de una enfermedad, es el conjunto de datos que posee la ciencia médica sobre 
la probabilidad de que ocurran determinadas situaciones en el transcurso del tiempo o 
historia natural de la enfermedad.  
29 
 
D. Criterio médico-legal: la medicina legal facilita la labor de la justicia en el entendido 
de que esta ilustra  sobre los casos médicos (implicaciones y significados de la enfermedad) 
al personal que compone la administración de justicia.  
También se puede encontrar en la literatura médica otras clasificaciones que dan cuenta 
de los aportes de la medicina legal a la administración de justicia,  entre ellos se cuentan la 
medicina legal general que tiene como propósito la elaboración de documentos médico-
legales. La medicina legal tanatológica, estudia la muerte y el cadáver; la medicina legal 
traumatológica se encuentra referida a las alteraciones anatómicas y funcionales causadas 
por una fuerza exterior, que son de interés a la justicia; la medicina legal materno-infantil, 
relaciona afectaciones a la integridad física de los niños, las niñas y adolescentes 
generalmente por maltratos físicos y sicológicos y demás alteraciones de la conducta sexual 
y sus consecuencias legales; medicina legal laboral,  aspectos legales de las alteraciones de 
la salud causadas por el trabajo. 
 
 
3.3.Evolución normativa de la Medicina Legal en Colombia 
 
El 29 de octubre de 1914 la ley 53 organizó el Servicio Nacional de Medicina Legal, 
pero desde el Descubrimiento, la Conquista, la Colonia, la Independencia y las primeras 
décadas de La República se conocen algunas actuaciones médico-legales que se 
diferenciaban del empirismo corriente en esos años. A finales del siglo XIX y segunda 
década del siglo XX, hasta la promulgación de la ley, la Academia de Medicina de 
Medellín y la Academia Nacional de Medicina iniciaron, de manera sistemática, los 
esfuerzos para medicalizar los dictámenes periciales. En este artículo se hace un relato 
30 
 
histórico del desarrollo de la Medicina Legal, tanto en lo normativo nacional, teniendo en 
cuenta la legislación en lo penal, civil, contencioso administrativo y laboral, así como lo 
sucedido en el departamento de Antioquia y su capital12. 
La ley 53 de octubre de 1914 organizó la medicina legal en el país, mientras que la ley 
83 de ese año reglamentó el ejercicio de la Medicina, ambas profesionalizaron la práctica 
médico-legal (Paz, 1972). La ley 53 reafirmó la oficina central de Bogotá y generó la 
instauración de despachos médico-legales en cada una de las capitales de los 
departamentos; también permitió a los alcaldes municipales para que inscribieran como 
médicos legistas en sus respectivos municipios a los médicos con título académico, con la 
necesidad de que cada actuación fuera firmada por dos médicos. En la oficina central de 
Bogotá se fundó la sección de Toxicología. El decreto 1° de enero 2 de 1915 reiteró la 
inscripción de médicos ante las alcaldías que no tuviesen oficinas creadas por ley y creó la 
planta de cargos. En sus inicios fue dependencia del Ministerio de Gobierno hasta la 
creación del Ministerio de Justicia en 1944.  
 
En 1940, la ley 94 ordenó la construcción de la sede central del Instituto de Medicina 
Legal, ese edificio permitiría la instalación de una sala de necropsias, un laboratorio de 
toxicología, un laboratorio de química, un laboratorio de rayos X y la mesa de anfiteatro 
para conferencias. Por diferentes resoluciones ministeriales, hubo reglamentación de los 
distintos servicios periciales. La ley 42 de 1945 dispuso que el Instituto en Bogotá era el 
rector de la medicina legal nacional, ordenó la docencia de la materia y creó la Escuela de 
                                                          
12En el fundamento de la presente reseña sé utilizó cómo documento principal la obra del mas importante tratadista de 
Medicina Legal en Colombia, el médico, escritor y docente CESAR UGUSTO GIRALDO. Quien ha publicado el libro de 
medicina legal que lleva más de 12 ediciones en la casa editorial Señal.     
31 
 
Medicina Legal para la formación de especialistas. La ley 9 de 1952 reiteró la jerarquía del 
Instituto en Bogotá y ordenó el auxilio gratuito por parte de los médicos que hacían la 
prestación de lo que se conocía como año rural y hoy se denomina servicio social. El 
decreto 1700 de 1964 reestructuró el servicio médico-legal y de nuevo recabó en la Escuela 
Superior de Medicina Legal. Probablemente la discrepancia entre la creación legal y su real 
funcionamiento se debió al divorcio que estas normas establecieron con la educación 
formal en las universidades, que son las que deben dar ese aval. El decreto 670 de 1966 
autorizó para que los médicos con especialización en anatomía patológica pudieran actuar 
como peritos en necropsias médico-legales. El decreto 3172 de 1968 adscribió a la División 
de Medicina Legal e Investigaciones Forenses del Ministerio de Justicia las funciones del 
Instituto Central y transformó las oficinas de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga 
en institutos seccionales, creó y dotó cargos en laboratorio forense, técnicos en balística y 
grafología en cada uno de estos nuevos institutos, pero además amplió la planta de cargos 
del Instituto central en Bogotá (Paz, 1972). La Ley 9 de 1979, conocida como Código 
Sanitario Nacional, aceptó el concepto de muerte cerebral y en desarrollo de su última 
reglamentación por el decreto 2493 de 2004, estableció los criterios de ese diagnóstico, 
diferenciándolo en adultos y niños. El decreto 2455 de 1987 completó los servicios 
oficiales a las funciones médico-legales. El decreto 055 de 1988 elevó a rango de dirección 
general la que era división en el Ministerio de Justicia, permitiendo mejor presupuesto y 
autonomía administrativa. La ley 73 de 1988, sobre trasplante de órganos, estableció la 
presunción legal de donación y los requisitos de retiro de órganos de cadáveres. El decreto 
786 de 1990, reglamentario de la práctica de necropsias, diferenció las autopsias médico-
legales que se practican por orden judicial, de las autopsias clínicas -que pueden ser 
docentes, sanitarias o de investigación-. La ley 38 de 1993 ordenó la práctica de la carta 
32 
 
dental en formato único, para los cadáveres no identificados. La ley 270 de 1996 estatutaria 
de la justicia determinó que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses dependía de 
la Rama Judicial. La ley 721 de 2001 determinó que en casos de paternidad o maternidad 
en duda, las pruebas de ADN deberían arrojar un índice de probabilidad de 99,9 %, en caso 
de que los padres vivan, y de 99,99 % si ha fallecido alguno de ellos. El decreto 1562 de 
2002 hizo la reglamentación de los laboratorios que realicen pruebas de ADN.  
La Constitución Política de 1991 mediante su artículo 27 transitorio modifico permitió 
la modernización de las funciones que hasta esa fecha cumplía medicina legal. Esa norma 
unificó los servicios periciales que prestaban departamentos y municipios, los que fueron 
absorbidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
establecimiento público adscrito a la Fiscalía General de la Nación. El decreto 2699 de 
1991, que estructuró la Fiscalía General de la Nación en lo concerniente a su 
establecimiento público adscrito, organizó y estructuró todo el servicio nacional bajo la 
dirección del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, estableció 
institutos regionales que denominó Regional Norte con sede en Barranquilla, Regional 
Noroccidente con sede en Medellín, Regional Occidente con sede en Pereira, Regional 
Suroccidente con sede en Cali, Regional Sur con sede en Neiva, Regional Oriente con sede 
en Bucaramanga, Regional Bogotá con sede en la Capital y otra regional, también con sede 
en Bogotá, para los antiguos territorios nacionales. La ley 938 de 2004 modificó la 
estructura del Instituto y determinó que el director general ya no sería nombrado por la 
junta directiva, sino que su designación la haría el fiscal general de la Nación, lo que 
conlleva que el jefe del proceso acusatorio sea también el jefe de la investigación científica 
(Rivera, 2005). La ley 1696 de 2013 incrementó las sanciones para quienes conduzcan 
vehículos automotores y hayan consumido bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas. 
33 
 
Respecto a la embriaguez alcohólica determinó que su cuantificación sería sólo por 
medición de alcohol en sangre y desechó otras formas de alcoholimetría, por prueba que 
determine el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El decreto 917 de 199913 
estableció el baremo para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y de la 
invalidez y el decreto 094 de 1989 estableció la manera de calificar el personal de las 
fuerzas militares; la ley 1562 de 2012 definió el accidente de trabajo y la enfermedad 
laboral, así como lo concerniente a las juntas de calificación e invalidez (Toro, 2013).  
 
 
3.4.Funciones del instituto de medicina legal y ciencias forenses en Colombia, de  
acuerdo a la ley 938 de 2004. 
 
La ley 938 de 2004, en su artículo33 establece que el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses pertenece a la Rama Judicial y se encuentra adscrito a la Fiscalía 
General de la Nación14, como establecimiento público del orden nacional, dotado de 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Este tiene competencia 
en todo el territorio Nacional en cuanto es el encargado de coordinar todo lo relacionado el 
Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses15. El instituto presta auxilio y soporte 
científico y técnico a la administración de justicia16. 
                                                          
13 Nota aclaratoria: Hoy manual único de invalidez, hoy ley 1507 de 2014. 
14En el artículo 1° del decreto 16 de 2014, que da cuenta de la estructura orgánica de la fiscalía General, se puede encontrar 
en su literal 5° que enuncia las entidades adscritas a su organización mencionando al Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses. 
15Nota aclaratoria: Artículo 34 ley 938 de 2004. 
16 Nota aclaratoria: Artículo 35 ley 938 de 2004. 
34 
 
En el artículo 36 de la citada disposición se enlistan las funciones que el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene, entre estas se encuentran:  
1. Organizar y dirigir el Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses y 
controlar su funcionamiento. 
2. Prestar los servicios médico-legales y de ciencias forenses que sean solicitados 
por los Fiscales, Jueces, Policía Judicial, Defensoría del Pueblo particulares y demás 
autoridades competentes de todo el territorio nacional. 
3. Desarrollar funciones asistenciales, científicas, extra-periciales y sociales en el 
área de la medicina legal y las ciencias forenses. 
4. Prestar asesoría y absolver consultas sobre medicina legal y ciencias forenses a 
las unidades de fiscalías, tribunales y demás autoridades competentes. 
5. Definir los reglamentos técnicos que deben cumplir los distintos organismos y 
personas que realicen funciones periciales asociadas con medicina legal, ciencias 
forenses y ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento. 
6. Servir de organismo de verificación y control de las pruebas periciales y 
exámenes forenses practicados por los cuerpos de policía judicial del Estado y otros 
organismos a solicitud de autoridad competente. 
7. Servir como centro científico de referencia nacional en asuntos relacionados 
con medicina legal y ciencias forenses. 
                                                          
 
35 
 
8. Ser organismo de acreditación y certificación de laboratorios, pruebas 
periciales y peritos en medicina legal y ciencias forenses, practicadas por entidades 
públicas y privadas. 
9. Coordinar y adelantar la promoción y ejecución de investigaciones científicas, 
programas de postgrado, pregrado, educación continuada y eventos educativos en el 
área de la medicina legal y ciencias forenses. 
10. Coordinar y promover, previa la existencia de convenios, las prácticas de 
docencia de entidades educativas aprobadas por el ICFES. 
11. Divulgar los resultados de las investigaciones, avances científicos, desarrollo 
de las prácticas forenses y demás información del Instituto considerada de interés 
para la comunidad en general. 
12. Delegar o contratar en personas naturales o jurídicas la realización de algunas 
actividades periciales y controlar su ejecución. 
Es importante aclarar que estas funciones se encuentran en concordancia con el decreto 
4669 del 27 de diciembre de 2006, que da cuenta de la estructura y clasificación de los 
empleos y las responsabilidades de los funcionarios adscritos a la entidad. 
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene la competencia para 
realizar necropsias establecida por el decreto 786 de 1990, sin embargo la  resolución 795 
de  1995 (Marzo 22) por la cual se establecen los Criterios Técnico Administrativos para la 
Prestación del Servicio Social Obligatorio en su artículo séptimo  establece que  los 
médicos en cumplimiento de la prestación del Servicio Social Obligatorio tienen la 
36 
 
obligación de cumplir con la actividad de médico forense que se requiera en la localidad 
donde se desempeñan, cuando no exista otro profesional que ejerza esta función y  en su 
artículo noveno  deja claro que  Los profesionales de la salud respectivos que ocupen las 
plazas legalmente aprobadas deberán contar con la asesoría y supervisión en su área en 
forma permanente por parte de la entidad de salud donde presta el servicio, y será 
obligación de las Direcciones de Salud hacer la inducción y el seguimiento, esto refuerza la 
necesidad de una adecuada formación de los médicos durante su pregrado en  los  temas 
correspondientes a la medicina legal , ya que debido a las vicisitudes del sistema de salud y 
a la escasez  de profesionales de la salud en el país,  algunas  de las actividades del médico  
son desarrolladas sin la respectiva supervisión y acompañamiento , como suele suceder en 
procedimientos como la necropsia médico-legal, cuya experiencia en su realización es 
escasa durante la formación de pregrado, acudiendo  a la orientación de un disector quien 
en ocasiones solo ha tenido formación basada en la experiencia y no en la academia, esto 
refuerza entonces una falencia importante  en un procedimiento  de donde se derivan 
aspectos probatorios importantes para el sistema procesal penal de nuestra nación. 
El decreto 786 de 1990 en su artículo primero   clasifica en necropsias médico- legales 
y en necropsias clínicas.  
 
3.4.1. Necropsias médico-legales. 
La Necropsia es aquel estudio científico y técnico realizado a un cadáver con la 
finalidad de investigar y determinar las causas de su muerte, por lo general, el término es 
utilizado como sinónimo de autopsia, ya que en ambos casos se procede al estudios de 
37 
 
cadáveres, sin embargo, se puede acotar que la palabra necropsia es usada en el área de la 
medicina legal y de la criminalística más que en cualquier otra rama de la investigación 
forense ya que la necropsia comprende además lo relacionado con el lugar del hecho, todo 
lo concerniente a los elementos de conocimiento y herramientas que se usaron para realizar 
el homicidio (Montiel, 2003).    
La palabra proviene del latín. Necropsia, y este del griego νεκρός nekrós 'cadáver' y 
/οψία /opsía 'vista'. Que se ha entendido como examen de un cadáver17.  
El decreto 786 de 1990 define jurídicamente el concepto afirmando que la   Autopsia o 
necropsia es un procedimiento de observación, intervención y análisis de un cadáver, tanto 
externa como interna, que examina las evidencias o pruebas físicas relacionadas la muerte y 
antecedentes, se obtiene información para fines científicos o jurídicos.  Además, acude a la 
definición de otro concepto asociado este, la Viscerotomía médico legal que se refiere 
recolección de órganos o cualquier componente anatómica contenidos en las cavidades del 
cuerpo humano (Téllez, 2002, 113).  
En los manuales del Instituto de Medicina Legal se reitera la idea de que la preparación 
e idoneidad del perito que procederá a la realización del procedimiento se fundamenta en 
dos pilares básicos:  
1. El conocimiento teórico de los conceptos de la Patología Forense.   
2°. La aplicación sistemática del método y procedimientos de la anatomía patológica en 
el procesamiento de los casos.  
                                                          
17 RAE, 2016. Recuperado de: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=necropsia 
38 
 
La capacidad de abordar el estudio de un caso de manera adecuada y la solidez 
conceptual del perito depende no solo de la práctica de muchas necropsias, sino de la 
discusión y análisis de los casos con personas de mayor experiencia y/o conocimiento y de 
su actualización a través del estudio de bibliografía que le aportarán cada vez mayor 
ilustración y capacidad de análisis y discernimiento en el abordaje e interpretación de 
aspectos críticos de su experticia; así va formando su criterio forense y, como corolario, su 
mayor seguridad o confianza en la práctica de necropsias y posterior sustentación de los 
casos (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2004, p. 7). 
La preparación técnica del perito médico es de tal magnitud que este no se puede 
abstraer del ordenamiento jurídico que le faculta para la realización del procedimiento. En 
Colombia el Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encuentra supeditado al 
sistema procesal penal en relación a que:  
La investigación criminal moderna aplicada en países desarrollados con Sistema 
Judicial de tipo Acusatorio, hace énfasis en el uso del método científico para el 
estudio de la evidencia física, como medio para verificar que se ha cometido un 
crimen, corroborar o descartar testimonios, exonerar a un inocente bajo sospecha, 
identificar a la persona o personas responsables y disponer de pruebas objetivas y 
controvertibles que puedan sustentar una acusación (Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, 2004, p. 9). 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando se puede sintetizar el 
tema de la necropsia en los siguientes términos este el examen externo e interno de un 
cadáver realizado por un médico (perito experto) que aplica las técnicas y procedimientos 
39 
 
de la Anatomía Patológica aceptados científicamente para estudio de un caso en que se 
investiga judicialmente una muerte (Calabuig, 2004). La aplicación de las técnicas y 
procedimientos está indicada para alcanzar los objetivos de la investigación forense al 
poder sustentar convenientemente los hallazgos y la opinión de manera escrita y/o verbal 
frente a Fiscales y Jueces en el curso de una entrevista o audiencia oral dentro del Proceso 
Penal. 
 
3.4.2. Necropsias clínicas. 
Sobre la base de las ideas anteriores se puede entender que tanto las necropsia médico- 
legales como las clínicas, son procedimientos que se realizan sobre un cadáver con fines 
educativos, de investigación jurídica, en salud y sanitarios. El decreto 3518 de 2006 
dispone que “en todos los eventos de muerte relacionados con enfermedades de interés en 
salud pública, deben contar con una muestra de tejido para que sea analizada y ayudar a 
definir la clasificación del caso”.  
El detallado estudio de los casos por diferentes tipos de enfermedad requieren realizar 
la creación de una unidad de análisis que incluya la ficha de notificación con copia de la 
historia clínica, los resultados de las pruebas de laboratorio (serología, virología y 
patológicas), así como el análisis epidemiológico, que permita la correlación e integración 
de la información, de manera que los casos que puedan clasificarse como verdadera muerte 
por la causa investigada, (dengue, fiebre amarilla, tuberculosos entre otros), lo sean con 
grado de certeza.    
 
40 
 
4. Concepciones culturales sobre la muerte y el cuerpo humano 
 
4.1.Dignidad, ritos sobre la muerte e importancia del cuerpo humano  
 
Abordar el tema del cuerpo humano, como evidencia probatoria, conduciría, 
lógicamente, a partir de la idea de que es legal la utilización del cuerpo como elemento de 
conocimiento en el proceso penal. Lo anterior de conformidad con el artículo 248 del 
Código de Procedimiento Penal y el 246 del Código de Procedimiento Civil, normas que 
expresan parcialmente lo siguiente: 
Artículo 248 del Código de Procedimiento Penal indica:  
Examen médico o para clínico. Para los efectos de la comprobación de la 
conducta punible, sus circunstancias y el grado de responsabilidad del procesado, el 
funcionario judicial podrá ordenar que a éste le sean realizados los exámenes médicos 
o paraclínicos necesarios de los que en ningún caso podrán violar los derechos 
fundamentales. Las entidades de la administración pública tendrán la obligación de 
practicar oportuna y gratuitamente los exámenes, análisis y cotejos que los peritos 
consideren convenientes y que ordene el funcionario judicial. 
Por su parte, el artículo 238 del Código  General del Proceso  prescribe que en la 
práctica de la inspección se observarán las siguientes reglas:  
4. Cuando se trate de inspección de personas podrá el juez ordenar los exámenes 
necesarios, respetando, la dignidad, intimidad e integridad de aquéllas. 
41 
 
El artículo primero de la Constitución Política de Colombia se refriere a:  
Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
El artículo segundo de la Constitución Política parcialmente establece que:  
Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; (...) Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades. 
La base del sistema democrático colombiano establecido en la Constitución Política de 
1991 funda su razón de ser en el respeto a la dignidad humana, cuyo fin principal es 
asegurar la efectividad de los derechos de las personas. Se garantiza este por medio del 
principio de jurisdiccionalidad Nulla culpa sine indicio (Ferrajoli, Luigi, 1998).  Por medio 
de este se explica que las autoridades de la República se instituyen para proteger a las 
personas en sus vidas y demás derechos y libertades.  
El hombre en el funcionamiento del Estado debe ser respetado en su dignidad, que 
como lo advierte el artículo 1° de la Constitución Política funda todo tipo de actividad 
estatal. En este orden de ideas, por ejemplo, el artículo I del Código Penal, expresamente 
dice "... El Derecho Penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana...”. En 
el mismo sentido, el artículo 1°. De la ley 906 de 2004 expresa: "...Todos los intervinientes 
42 
 
en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano...". 
Así, entonces, se puede afirmar que el hombre y su dignidad son fundamento del 
ejercicio de la actividad probatoria del Estado y como fundamento deben ser respetados por 
él en el ejercicio de la actividad probatoria.  
Para la Corte Constitucional, en las sentencias T-401 de 1992 y T-090 de 1996 con 
ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, refiriéndose a la Dignidad Humana expresó:  
Como bien lo ha expresado esta corporación, la dignidad humana es en verdad 
principio fundante del Estado que más que derecho en sí mismo, es el presupuesto 
esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías 
contemplado en la Constitución. Este principio atiende necesariamente a la 
superación de la persona, respetando en todo momento su autonomía e identidad... El 
principio de dignidad no sería comprensible si el necesario proceso de socialización 
del individuo se entendiera como una forma de masificación y homogenización 
integral de su conducta, reductora de toda traza de originalidad y peculiaridad. Si la 
persona es en sí misma un fin, la búsqueda y el logro incesantes de su destino 
conforman su razón de ser y a ellas por fuerza acompaña en cada instante, una 
inextirpable singularidad de la que se nutre el yo social, la cual expresa un interés y 
una necesidad radical del sujeto que no puede quedar desprotegido por el derecho a 
riesgo de convertirlo en cosa. 
El hombre en relación a su dignidad humana, y su cuerpo humano, pueden ser 
utilizados o empleados como evidencia probatoria.  
43 
 
Los contenidos probatorios del artículo 248 del C. De Procedimiento Penal prohíben 
realizar inspecciones o exámenes médicos o clínicos sin el consentimiento, sin la 
determinación y sin la voluntad del examinado. En los términos de dignidad humana aquí 
expuestos, el hombre no es entonces un objeto sino un fin en sí mismo, es un fin del Estado, 
es un fin del proceso, es un fin de la actuación judicial y ha de ser un fin de la prueba -
para demostrar o desvirtuar su responsabilidad- y tan no es objeto que la Constitución y la 
Ley lo han protegido y lo protegen de cualquier tipo de injerencia arbitraria al momento 
de administrar justicia (Parra, 1999). 
Esta protección legal se extiende a la situación del cuerpo sin vida, en tanto los 
familiares amigos y la sociedad en conjunto reclaman para el mismo el respeto  de que este 
gozaba en vida, máxime, cuando al estado en caso de muerte violenta o en caso de duda 
sobre el deceso, requiere conocer científicamente la causa de muerte.  
En este sentido es necesario resaltar la importancia, el significado y el valor que los 
cadáveres han representado para los hombres de todas las culturas y de todos los tiempos. 
Por ello, se hace una breve referencia a las culturas que la determinan en nuestra tradición 
occidental, esto con el fin, no solo de precisar el necesario análisis socio jurídico de lo que 
acá se pretende dar a entender con este escrito, sino de mostrar la importancia cultural del 
cuerpo para la sociedad históricamente considerada. 
 
4.1.1. Tradición egipcia.  
Según relata el historiador Heródoto, esta vocación de sacra eternidad también fue un 
referente marcado en la cultura del antiguo Egipto, donde la costumbre de la preservación 
44 
 
de los cadáveres por medio de la momificación hizo famosos a los embalsamadores. En 
este milenario lugar seguían un estricto procedimiento para extraer todos los órganos del 
cuerpo (Heródoto, 2007, p.182). 
Empezaban por retirar al cerebro con unos ganchos para poner en el interior 
ingredientes; luego, abrían los ijares con una piedra cortante proveniente de Etiopia 
para así tomar las vísceras, depositarlas en los canopes y lavar la cavidad con vino de 
palma para luego colocar allí mirra y aromas, salvo incienso, y coser la abertura; 
después, dejaban adobar el cadáver en natrón por setenta días, para que cumplido el 
tiempo se le lavara y después se le cubriera con vendas, entre cuyos pliegues se ponía 
amuletos, y se las sellara con una resina especial (Téllez, 2010). 
Se ponía en la boca abierta del sarcófago una moneda para pagar al barquero Makhaf, 
quien transportaba el cuerpo sin vida por un río de manera que el espíritu llegara a la otra 
vida,  
Huyen los egipcios de los usos y costumbres de los griegos y, en una palabra, de 
cuantas naciones viven sobre la faz de la tierra; conservan este principio común a 
todos ellos: consideran que en el cadáver hay algo sobre humano (Heródoto, 2007, 
p.184). 
 
4.1.2. Tradición griega.  
Para la cultura griega, desde temprana edad se tenía la noción de vida futura (De 
Coulanges, 2007), a pesar de la muerte del cuerpo el alma pasaba a una región llamada   El 
Hades, lugar custodiado por un perro de tres cabezas llamado Cerbero y al que accedían 
45 
 
todos los espíritus para nunca más salir. En este punto, las almas y sus familiares les habían 
proporcionado un funeral apropiado, o de lo contrario, se enfrentarían al tormento eterno. 
Según la evidencia arqueológica Los funerales griegos, eran acontecimientos fastuosos 
que abarcaban solemnes procesiones, música y rigurosos rituales. En este sentido, se pedía 
a las mujeres dolientes que cortaran su cabello y arañaran sus mejillas para hacerlas 
sangrar, y las familias solventes contrataban generosos grupos de plañideras que, mientras 
lloraban con lamentos, acompañaban el cortejo rasgándose la ropa y arrancándose el 
cabello. Y, además, se señalaba el lugar de la deposición del difunto con lápidas pintadas o 
bellamente labradas en mármol (De Coulanges, 2007). Para los griegos además era 
inconcebible dejar abandonados a sus muertos, había que disponer una moneda en la boca 
del cadáver para que, luego de que Hermes –el mensajero de los dioses– acompañara el 
espíritu del difunto hasta las orillas del Estigia18, para que Caronte –el barquero del 
inframundo– lo condujera a la morada eterna y cobrara su moneda, pues de no portarla, se 
condenaría a este espíritu a vagar por las orillas del mismo río eternamente (Hervás y 
Panduro, 1799).    
 
4.1.3. Tradición romana. 
Es sabido por cualquier estudioso de la historia del derecho que en Colombia nuestra 
tradición jurídica se encuentra vinculada al sistema de derecho continental, en este sentido 
                                                          
18 del Latín “Stygius” y éste del vocablo griego Stygios “Styx”, a su vez de Stygos, “odio” y Stygnos, “triste, 
oscuro”; “el río del odio y de la aflicción”. 
46 
 
también los dogmas de la muerte instituida por el pueblo romano han podido perdurar hasta 
el triunfo del cristianismo (De Coulanges, 2007).  
Los romanos, como herederos de la cultura helénica por Eneas (De Coulanges, 2007), 
la misma creencia sobre el río Estigio, Caronte y el Hades, pero con una particularidad 
respecto del pueblo griego: vivían poco. Los romanos a los 18 años ya se consideraban 
viejos, en palabras de Cicerón “nuestros antepasados, han querido que los hombres que 
habían salido de nuestra vida se contasen en el número de los dioses” (Cantú, 1958). Sus 
ancestros al morir devenían en dioses.  
Cuando algún romano moría, en cumplimiento de la pretérita Tabula Décima, “De 
delictis publicis”, De los delitos públicos– que así rezaba: “Hominem mortuum in urbe nec 
sepelito nec urito19” (Cantú, 1958). Además, en el caso de familias adineradas se 
organizaba cortejo fúnebre se sepultaba el cadáver en un sarcófago de piedra o de mármol a 
veces se cremaba, pero si no, sobre las lápidas se ofrecía comida fúnebre y se realizaba la 
libación del vino (Cantú, 1958). 
Cuando se incineraba se le vestía con las vestiduras y menajes que pudiera necesitar el 
fallecido en la otra vida, consumido el cuerpo por las llamas, apagaban la hoguera con vino, 
recogían las cenizas y las guardaban en una urna que luego sería puesta en el Columbarium, 
o nichos para las urnas funerarias. 
                                                          
19 Al hombre muerto no se lo sepulte ni crema en la Urbe. 
47 
 
Según lo han contado Hervás y Panduro, el pueblo romano supo legar a la Historia que 
“la muerte fue el primer misterio y ella elevó el pensamiento de los hombres de lo visible a 
lo invisible, de los transitorio a lo eterno, de lo humano a lo divino” (1799).  
 
 
4.2.Antecedentes en la legislación colombiana 
 
El análisis de las figuras jurídico penales no puede ser entendido sin una previa y 
adecuada contextualización que ubique al analista de las mismas dentro de la tradición 
social y cultural que las produjo, en este sentido el tema de las autopsias o necropsias 
requieren una contextualización en relación a una figura jurídica que si bien es cierto, no 
tiene que ver directamente con la idea del cuerpo inerte como elemento de prueba, si se 
relaciona con la disputa cultural que una vez existió entre la ciencia y la religión. Dos 
propuestas sociales que se opusieron brevemente en algún momento pero que 
afortunadamente se superó (Rodríguez, 2013, p. 2). Se entendió que la función de la 
religión se enmarcaba en los procesos y sistemas vitales que hacían viable la vida humana 
desde el punto de vista biológico y social (Luhmann, 2007). 
Se aclara entonces que la figura del irrespeto a cadáveres cobra relevancia en la medida 
en que la tradición religiosa consideraba el cuerpo como objeto de la religión. Y en 
consecuencia se legisló. 
48 
 
 De 1821 a 1840  la legislación colombiana  en los diferentes códigos de la época como 
lo fueron   el Código Penal de la República de Colombia de 1821 y el en el Código Penal 
de la República de la Nueva Granada de 1837 incluyeron avances importantes en lo 
referente al cadáver y sus concepciones , por ejemplo se establecían  penas por robar 
pertenencias del cadáver, destrucción de sepulcros y sepulturas , la omisión de denuncia de 
quien fuere testigos de los despojos o daños en cadáveres y sepulturas además se destacan 
artículos del código penal de la nueva granada : 
Artículo 347. El funcionario o empleado público que exhumare o mandare 
exhumar un cadáver con cualquiera motivo, siempre que no sea el de practicar un 
reconocimiento u otra diligencia judicial, después de veinticuatro horas y antes de 
haber pasado dieciocho meses de su inhumación, sufrirá una multa de veinticinco a 
cien pesos;  
Artículo 348. La persona particular que exhumare un cadáver antes de dicho 
tiempo, o que, aunque haya pasado este tiempo lo verifique sin la licencia del jefe 
político del cantón, sufrirá una multa de veinticinco a cien pesos, y un arresto de tres 
a quince días;  
Artículo 349. Si de la exhumación se siguiere algún daño a la salud pública a más 
de la multa sufrirán los reos en los casos de los dos artículos precedentes de seis 
meses a dos años de presidio. 
En igual sentido  se expresaron  el Código Penal del Estado Soberano de Bolívar de 
1862, el Código Penal del Estado Soberano de Antioquia de 1867, el Código Penal de los 
49 
 
Estados Unidos de Colombia,el Código Penal del Estado Soberano de Bolívar de 1873,el 
Código Penal del Estado Soberano del Magdalena de 1874.  
Sin embargo, luego de que se coronara la unificación nacional con la Constitución 
Política de 1886, obra máxima de la Regeneración, –según lo dispuesto en el Artículo J del 
Título XXI de sus Disposiciones Transitorias– se aplicó en adelante para todo el territorio 
colombiano el Código Penal del Estado Soberano de Cundinamarca expedido el 16 de 
octubre de 1858, el cual consagró la estudiada figura así: 
Artículo 553. El que a sabiendas abra o quebrante sepultura o sepulcro con el 
objeto de deshonrar o ultrajar un cadáver o sus restos, sufrirá una prisión por seis 
meses a dos años y pagará una multa de cincuenta a doscientos pesos; Artículo 554. 
El que abriere o quebrantare sepulcro o sepultura para despojar al cadáver de las 
vestiduras o efectos con que se le [sic] condujo a la huesa, o para aprovecharse de sus 
materiales, será castigado como si robase con violencia a las personas, y pagará 
además una multa equivalente al triplo del importe de lo robado;  
Artículo 555. El que abriere o quebrantare sepulcro o sepultura con cualquiera 
otro objeto fuera de los expresados en los dos artículos anteriores, sufrirá un arresto 
de dos a seis meses y pagará una multa de diez a cincuenta pesos. 
Con el tiempo, llegó –ulterior al Código Penal de 1890– el Proyecto de Código Penal 
de la República de Colombia de 1927, el cual conservó la figura modificando la  
redacción, estas normas penales, sin embargo, no rigieron y se expidió el C. P. De 1936, 
en cuyo art. 315 se dijo:  
50 
 
El que cometiere acto de profanación en el cadáver de una persona o de sus 
restos, o el que con fin injurioso o ilícito lo sustraiga, o viole de cualquier manera una 
sepultura, incurrirá en prisión de seis meses a dos años. 
Y, al concretarse la reforma penal en Colombia con el Decreto 100 de 1980, se 
consagró como punible el irrespeto a cadáveres así:  
Artículo 297. Irrespeto a cadáveres. El que sustraiga el cadáver de una persona o 
sus restos o ejecute sobre ellos acto de irrespeto, incurrirá en prisión de uno (1) a tres 
(3) años. /Si el agente persigue finalidad de lucro, la pena imponible se aumentará 
hasta en una tercera parte (Téllez, 2010).  
Con la anterior evolución legislativa se pone en evidencia la importancia que el manejo 
de los cadáveres ha tenido en nuestro sistema jurídico, lo que no implica que la realización 
del procedimiento de la autopsia implique de ninguna manera irrespeto alguno al mismo.  
 
 
  
51 
 
5. Relevancia de la prueba pericial en Colombia, con especial referencia a la 
autopsia o necropsia 
 
 
5.1.Prueba pericial  
 
Cualquier aproximación de la fiscalía o de la defensa en Colombia a la prueba en el 
Sistema Penal Colombiano debe tener en cuenta los siguientes objetivos: 
1. Identificar con precisión los hechos frente a los que debe obtenerse el conocimiento 
que requiere el sistema Procesal Penal Colombiano para realizar cualquiera de las 
siguientes actividades: ordenar el archivo, solicitar la preclusión, acusar ante el juez de 
conocimiento, solicitar condena, a partir de la evaluación de la conducta denunciada o 
conocida de oficio. 
2. Organizar los actos de investigación que sean idóneos, proporcionales y necesarios 
para sustentar la teoría del caso20.  
3. Establecer la legalidad, autenticidad, pertinencia y conducencia de los medios de 
conocimiento que se harán valer en el juicio. 
4. Tener claro si los medios de conocimiento que se poseen son suficientes o no para 
cumplir con la carga probatoria para sustentar la acusación o la defensa.  
                                                          
20 Por expresa disposición de la Corte Suprema de Justicia la presentación de la teoría del caso para la fiscalía 
es obligatoria tal y como lo dispone el artículo 371 de la ley 906 de 2004; pero para la defensa es facultativo.  
52 
 
5. Analizar las posibles estrategias de la defensa y/o de la fiscalía según el caso. Para la 
adecuada presentación de los diferentes medios de prueba. 
Entre los medios de prueba que a partir de la reforma al sistema acusatorio se le dio 
especial relevancia se encuentran la prueba testimonial y la prueba pericial. Sobre esta 
última en el ordenamiento jurídico colombiano y en el derecho comparado, se registra lo 
siguiente sobre el concepto y categoría de la prueba pericial: “La prueba pericial es 
procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos 
científicos, técnicos, artísticos o especializados” (Climent, 1999).En ese mismo sentido se 
encuentra consagrado legalmente en la ley 906 de 2004 o código de procedimiento Penal en 
el artículo 405. 
La prueba pericial ha sido entendida en Europa y especialmente en España como 
“aquella que se realiza para aportar al proceso las máximas de la experiencia que el juez no 
posee o no puede poseer y para facilitar la percepción y la apreciación de los hechos 
concretos objeto del debate”21.   
En Latinoamérica los diferentes desarrollos del derecho probatorio han establecido que 
la prueba pericial es una prueba de auxilio judicial para suplir la ausencia de conocimientos 
científicos o culturales de los jueces, porque, en definitiva, y como medio probatorio, ayuda 
a constatar la realidad no captable directamente por los sentidos, en manifiesto contraste 
con la prueba testifical o la de inspección ocular (Chiesa, 1995).  
                                                          
21 Tribunal Supremo Español, sentencia del 28 de octubre de 1997. 
53 
 
La prueba pericial es uno de los caminos por los cuales habitualmente ingresa el 
conocimiento científico al Proceso. La ciencia tuvo, tiene y tendrá gran relevancia para el 
Proceso (Coderch y Rpuig, 2008, p. 23), es más, sus vínculos se multiplican rápidamente y 
hasta se podría decir que aumentan día a día (Taruffo, 2008. P. 97). La ciencia incide –a 
través de la denominada prueba científica–en la dilucidación de distintos asuntos en los que 
se pretende la obtención de tutela jurisdiccional. 
Para Taruffo la prueba científica es  
En términos generales, con tal expresión se designan los supuestos en que el 
conocimiento científico es usado en el proceso para aportar el conocimiento o la 
demostración de un hecho o –mejor dicho– la prueba de la verdad de un enunciado 
fáctico (2008). 
El Código General del Proceso (ley 1564 de 2012), en la primera parte de su artículo 
226 dispone que “La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al 
proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.” Con lo cual 
se refrenda la importancia del conocimiento , pericia y experticia  que debe tener el perito 
que aporte  su dictamen ,  toda vez que como se  consagra en el artículo 232  del mismo 
ordenamiento en cuanto a la apreciación del dictamen: El juez apreciará el dictamen de 
acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, 
exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su 
comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso.  Se puede 
inferir de lo anterior  que el médico en su servicio social obligatorio tiene por derecho los 
54 
 
conocimientos técnicos y científicos para elaborar un dictamen, sin embargo se queda corto 
en los requisitos desde el punto de vista de la experiencia y la experticia en el mismo. 
La Corte Constitucional se ha referido al tema de la siguiente manera en su sentencia 
C- 124 del 2011: 
La doctrina tradicional en materia probatoria confiere al dictamen pericial una 
doble condición: Es, en primer término, un instrumento para que el juez pueda 
comprender aspectos fácticos del asunto que, al tener carácter técnico, científico o 
artístico, requieren ser interpretados a través del dictamen de un experto sobre la 
materia de que se trate.  En segundo lugar, el experticio es un medio de prueba en sí 
mismo considerado, puesto que permite comprobar, a través de valoraciones técnicas 
o científicas, hechos materia de debate en un proceso.  Es por esta última razón que 
los ordenamientos procedimentales como el colombiano, prevén que el dictamen 
pericial, en su condición de prueba dentro del proceso correspondiente, debe ser 
sometido a la posibilidad de contradicción de las partes, mediante mecanismos como 
las aclaraciones, complementaciones u objeciones por error grave. 
Lo que quiere decir la Corte es que, como todo medio de prueba el dictamen pericial 
también puede ser controvertido por las partes cuando no están de acuerdo con este. 
Sobre la Naturaleza jurídica del dictamen pericial ha sostenido la Corte que es dual en 
este sentido:  
La doctrina tradicional en materia probatoria confiere al dictamen pericial una 
doble condición: Es, en primer término, un instrumento para que el juez pueda 
comprender aspectos fácticos del asunto que, al tener carácter técnico, científico o 
55 
 
artístico, requieren ser interpretados a través del dictamen de un experto sobre la 
materia de que se trate.  En segundo lugar, el experticio es un medio de prueba en sí 
mismo considerado, puesto que permite comprobar, a través de valoraciones técnicas 
o científicas, hechos materia de debate en un proceso.  Es por esta última razón que 
los ordenamientos procedimentales como el colombiano, prevén que el dictamen 
pericial, en su condición de prueba dentro del proceso correspondiente, debe ser 
sometido a la posibilidad de contradicción de las partes, mediante mecanismos como 
las aclaraciones, complementaciones u objeciones por error grave. Este carácter dual 
es confirmado por autores como Silva Melero, quien sostiene que el dictamen pericial 
cumple una doble función.  De un lado “… llevar al proceso conocimientos 
científicos o prácticos que el juez podría conocer, pero que no está obligado a ello, y 
que son precisos para adoptar la decisión.”  Por otro lado, el dictamen también opera 
como “concepto de pericia de constatación de hechos”, o lo que es lo mismo “… 
constataciones objetivas, que pueden ser independientes la persona del inculpado.” A 
idéntica conclusión arriba la jurisprudencia constitucional.  Sobre el particular, en la 
sentencia T-796/06 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), se pone de presente cómo el 
dictamen pericial responde a una naturaleza jurídica dual.  De un lado, es 
comprendido como “…un verdadero medio de prueba, debido a que el dictamen 
pericial se dirige a provocar la convicción en un determinado sentido, esto es, la 
actividad que realiza el perito tiene finalidad probatoria, ya que tiende a la fijación de 
la certeza positiva o negativa de unos hechos.”.  De otro, la experticia también es 
comprendida como “…un mecanismo auxiliar del juez, ya que mediante el dictamen 
pericial no se aportan hechos distintos de los discutidos en el proceso, sino que se 
complementan los conocimientos necesarios para su valoración por parte del juez”. 
56 
 
Mientras los medios de prueba introducen en el proceso afirmaciones fácticas 
relacionadas con las afirmaciones iniciales de las partes, con interés exclusivo para el 
proceso concreto, la pericia introduce máximas de experiencia técnica especializadas 
de validez universal para cualquier tipo de proceso (Corte Constitucional, 2011, 
Sentencia C-124)      
La prueba pericial tiene valor probatorio y, por consiguiente, es apreciada por el juez 
solamente si corresponde a un acto procesal que fue sometido al principio de contradicción 
y fue regular y legalmente practicado en el proceso, conforme a las reglas previstas en la 
ley para el efecto. Si el dictamen pericial no ha sido decretado por un juez, o no ha sido 
controvertido en el proceso, carece de mérito probatorio y no puede ser valorado 
judicialmente porque no es una prueba legalmente practicada. 
 
 
5.2.El perito forense en el sistema acusatorio colombiano 
 
5.2.1. Testigo técnico. 
 El testimonio se constituye  como  medio de prueba, y consiste  en que una persona 
natural sin condición especial  diferente a conocer sobre los hechos  que requieren ser 
esclarecidos, le expresa al juez lo que conoce de esos hechos, teniendo como base lo 
estipulado por el código general del proceso en el artículo 208  Deber de testimoniar: Toda 
persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos 
determinados por la ley. 
57 
 
Al respecto Nisimblat (2014) menciona la necesidad de considerar otras cualidades en 
el caso del  testigo técnico, desde “la etimología de la palabra proveniente del latín 
Technicus, es aquel que habiendo presenciado un hecho, posee conocimientos especiales de 
una ciencia o arte que le permiten calificarlo” (p.273), con el código de procedimiento civil, 
en su artículo 227 inciso 3 y el código general del proceso artículo 220 inciso 3, Es una 
persona que declara sobre hechos sobre los cuales tiene conocimiento (circunstancias de 
tiempo , modo y lugar ), y además emite juicios de valor sobre aquello que percibió. 
 Según Parra (2014), “el testigo técnico se puede definir como aquella persona que 
posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte y que al narrar unos hechos se vale 
de aquellos para explicarlos (p.269).   
El concepto de testigo técnico no aparece consagrado ni regulado expresamente en la 
Ley 906 de 2004,  sin embargo nada obsta para hacer remisión a otros códigos del derecho   
y sus definiciones. 
El artículo 402  del código de procedimiento penal establece que la regla general es que 
las personas declaren sobre lo que directa y personalmente les consta, en este sentido, las 
opiniones no son admisibles. Frente a esta regla de procedimiento la excepción más 
importante la constituye la prueba pericial, pues el experto es citado a rendir opiniones 
precisamente por poseer conocimientos que no tiene el juez.  
Los testigos –no peritos- emiten ciertos conceptos u opiniones durante sus 
intervenciones, para dar claridad a los hechos que conocen, aunque la legislación establezca 
que deban referirse únicamente a los hechos que directa y personalmente han percibido. 
 Testigo técnico, es según la Corte Suprema de Justicia:  
58 
 
Aquel sujeto que posee conocimientos especiales en torno a una ciencia o arte, 
que lo hace particular al momento de relatar los hechos que interesan al proceso, de 
acuerdo con la teoría del caso (…) Dicho de otra manera, el testigo técnico es la 
persona experta en una determinada ciencia o arte que lo hace especial y que al relatar 
los hechos por haberlos presenciado se vale de dichos conocimientos especiales 
(Corte Suprema de Justicia, 2007, radicado 26128). 
La doctrina especializada, tanto en el ámbito del procedimiento civil, de donde se toma 
la figura, como en el penal, se ha ocupado de definir al testigo técnico como aquél que 
percibe los hechos objeto de investigación y que, en razón de una especial cualificación o 
preparación técnica, científica o artística, puede agregar al relato vertido en juicio 
opiniones, impresiones o apreciaciones vinculadas con aquéllos, que contribuyen a su 
esclarecimiento. 
Para la doctrina el testigo técnico es la persona que posee conocimientos especiales que 
le permiten percibir de mejor manera ciertos hechos penalmente relevantes. (Durant, 1999. 
P. 472).  
En síntesis, se puede afirmar que la diferencia entre el testigo técnico y el perito se 
entiende porque el primero, (el testigo técnico) conoce los hechos por fuera de la actuación 
penal (como el médico que presencia una muerte) y puede percibir, gracias a sus 
conocimientos, una deficiencia de salud que a la postre desencadena un evento con 
resultados fatales), mientras que la intervención del perito se da precisamente dentro de 
dicha actuación, independientemente de la etapa en que acontezca (como cuando se le 
59 
 
encarga a un perito en medicina forense  analizar el cadáver  de una persona  para 
establecer la posible causa de muerte).  
Entre el testigo técnico y el perito se da un tratamiento jurídico diferenciado, de modo 
que mientras al testigo común le está vedado exponer apreciaciones o impresiones 
personales en el curso de su deposición, al testigo experto le está permitido, siempre que 
aquéllas, formadas como consecuencia de sus condiciones profesionales o académicas, se 
relacionen con los hechos objeto del testimonio y contribuyan a mejorar su ilustración. 
El tratamiento jurídico diferenciado entre el testigo técnico y el perito, desde luego, 
también se ve reflejado en la verificación de los requisitos sustanciales y procesales que 
determinan su decreto y posterior práctica en la vista pública, algunos de los cuales 
coinciden, mientras que otros divergen. 
No puede perderse de vista que el perito, según quedó esbozado en precedencia, no 
pierde, por razón de su especial cualificación profesional, la condición de testigo. 
 
5.2.2. Caracterización del perito en Colombia 
Las víctimas de la violencia en Colombia requieren peritos forenses certificados como 
garantía fundamental para que exista una mejor administración de justicia, dentro del marco 
del respeto por la dignidad de las personas que coadyuve el restablecimiento de sus 
derechos. 
60 
 
Las características de estos se encuentran establecidas en el Reglamento General para 
Certificación de Peritos Forenses de acuerdo con la Norma Internacional ISO/IEC 
17024:2012 cuya versión es de julio de 2015. 
Según el Diccionario de la Lengua Española Espasa, se puede considerar al perito 
como aquella persona que poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos informa 
bajo juramento al juzgador sobre los litigios que se relacionan con su especial saber o 
experiencia. 
Se denomina perito a un profesional o técnico, conocedor a profundidad de un tema y 
con capacidad de análisis, que pueda servir a un tribunal para establecer una verdad, ya sea 
por medio de la experiencia o de pruebas técnicas, que determinan un hecho. 
En los sistemas anglosajones, el perito es un testigo que tiene la categoría de experto en 
áreas científicas o técnicas. Cada parte puede presentar testigos expertos, a los que preparan 
y además les pagan, lo que en palabras de Taruffo genera "la figura del perito o testigo 
como un pistolero a sueldo, dispuesto a servir a la parte que lo convoca" (2008). 
Para Carnelutti el perito expresa juicios debido a algún conocimiento propio de su 
profesión y que el juzgador desconoce, considerando además que  el perito es un sujeto, el 
testigo es un objeto del proceso; el uno y el otro proporcionan al juez noticias, pero el 
origen de estas es diverso: la ciencia del perito se forma en el proceso, y la ciencia del 
testigo fuera del proceso, en el sentido de que el primero actúa para lograrla en 
cumplimiento de un encargo del juez y el segundo sin encargo alguno (Carnelutti, citado 
por Pallares 2008, p. 565) 
61 
 
La función del perito en Colombia, no escapa de las consideraciones antes anotadas, es 
así que él se podría entender al perito como aquella persona con conocimientos de 
naturaleza científica, técnica, artística o en razón de su experiencia,  en un  “acto 
procedimental, previa valoración  de hechos, lugares, personas, objetos, emite un dictamen 
que contiene su parecer o razón técnica sobre la materia en la  que se le ha pedido su 
intervención” aportándole al proceso y al juez. 
 
  
5.3.Prueba pericial entre el testigo perito y testigo técnico 
 
5.3.1. Diferencias.  
Según la Real Academia Española el término perito proviene del latín perītus, que al 
usarse como adjetivo significa Experto o entendido en algo. Ella es la persona sabia, 
experta, hábil, diestra, práctica en una materia. El perito es entonces el técnico, profesional, 
entendidos o experto en una disciplina o materia determinada que a la luz de sus 
conocimientos y experiencia apoya a la justicia, sobre asuntos que son sometidos a su 
estudio.  
Los peritos son personas especialmente calificadas por su experiencia o por sus 
conocimientos técnicos o científicos en relación con hechos también especiales, que 
requieren esa aptitud particular para su adecuada percepción o para su apreciación e 
interpretación.  
62 
 
La categoría de testigo técnico, en los términos en que ha sido definida hasta ahora, 
parece confundirse con la de prueba pericial, sin embargo ante la aproximación teórica 
entre la naturaleza de uno y otro órgano de prueba, las reglas de evidencia federales 702 y 
70322 de los Estados Unidos establecen, como una única categoría, la del testigo experto, 
definido como aquél que tiene “conocimiento, habilidad, experiencia, entrenamiento o 
educación" en una materia y que puede, en consecuencia, "fundamentar una opinión en 
hechos o información del caso que ha sido puesto en conocimiento del experto o que ha 
observado personalmente". 
No obstante, lo anterior, el desarrollo doctrinal y jurisprudencial que en el ámbito 
colombiano y regional se ha efectuado sobre la materia permite establecer que se trata en 
realidad de medios de conocimiento distintos, entre los cuales se observan diferencias 
claras y marcadas. 
De entrada, se advierte a partir de la regulación legal de la prueba pericial, establecida 
en los artículos 405 y siguientes de la Ley 906 de 2004, que, al experto, a diferencia del 
testigo técnico, no le consta nada en relación con los hechos objeto de litigio, básicamente 
porque no los ha aprehendido por los sentidos, ni directa ni indirectamente. 
En efecto, el perito, mediante un análisis ex post de la situación de hecho investigada, a 
la que accede a través de documentos, exámenes físicos, valoraciones clínicas, videos, 
                                                          
22 En Estados Unidos de Norteamérica, las Federal Rules of Evidence regulan la prueba proporcionada por 
“expertos” en las reglas 702 y ss.16 Precisamente, la regla 702 “Testimony by Expert Witnesses”, establece: 
“A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in 
the form of an opinion or otherwise if: (a) the expert’s scientific, technical, or other specialized knowledge will 
help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue; (b) the testimony is based on 
sufficient facts or data; (c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and (d) the expert 
has reliably applied the principles and methods to the facts of the case.”. recuperado de 
https://www.law.cornell.edu/rules/fre 
63 
 
fotografías u otros - no por su conocimiento personal -, elabora un dictamen contentivo de 
consideraciones, valoraciones y conclusiones de índole científica o técnica, soportadas en 
un examen del contexto fáctico efectuado con fundamento en sus conocimientos 
especializados. 
De otra parte y según se desprende del artículo 417 de la Ley 906 de 2004, aun cuando 
la prueba pericial debe ocuparse de realizar una valoración científica de los hechos 
investigados o de otros relacionados con aquéllos, es claro que el perito puede ser 
interrogado sobre aspectos de la ciencia, técnica o arte en la que es experto que no estén 
vinculados o relacionados de manera inmediata con el objeto de la peritación. 
No de otra forma se explica que la disposición aludida autorice al perito a "consultar 
documentos, notas escritas y publicaciones con la finalidad de fundamentar y aclarar su 
respuesta". 
En contraste con lo anterior, al testigo experto, en tanto sólo puede atestar sobre los 
hechos percibidos de manera personal y dar una opinión vinculada directamente con ellos a 
partir de sus conocimientos especializados, no podría extender su testimonio a aspectos 
propios de una ciencia, técnica o arte ajenos al objeto puntual del debate. 
A modo de ejemplo, podría el médico que presenció una agresión física contra una 
persona sostener en juicio que, en su criterio, la magnitud de la embestida sería suficiente 
para causar la muerte al ofendido - para acreditar el aspecto subjetivo del delito de tentativa 
de homicidio –( presencio el hecho y posee el conocimiento científico para expresarlo, ello 
le convierte en testigo técnico) , pero escaparía al ámbito de su declaración cualquier 
opinión dirigida a ilustrar sobre situaciones médicas generales no relacionadas con ese caso 
64 
 
concreto (fungir como perito y emitir un dictamen pericial , pues llego al caso de manera 
extraprocesal). 
Además de las diferencias ontológicas existentes entre la prueba pericial y el testimonio 
experto previamente reseñadas, de la regulación adjetiva de la primera se desprenden 
algunas distinciones de naturaleza simplemente instrumental. 
Para los actuales fines resulta relevante enfatizar que mientras la práctica de la prueba 
pericial exige la elaboración de un informe contentivo de la experticia que debe ser puesto a 
disposición de las partes «al menos con cinco (5) días de anticipación a la celebración de la 
audiencia pública donde se recepcionará la peritación», según lo dispone el artículo 415 de 
la Ley 906 de 2004, ninguna condición similar es aplicable al testigo técnico, quien por 
obvias razones, en tanto simplemente concurre al juicio a declarar sobre los hechos 
percibidos, no suscribe un documento de dicho contenido y alcance. 
Menciona Parra (2014), las diferencias entre el perito y el testigo son las siguientes: 
1. El testigo aporta al proceso su percepción individual, el perito su saber no 
individual, ya que la opinión que emite debe sustentarse en las adquisiciones de la 
ciencia, de la técnica o del arte. 
2. El testigo de referencia o de oídas es de escaso valor; el perito que sabe solo 
lo que otros han descubierto, es de gran valor, con la condición de que emita su 
propia opinión, como lo establece el numeral segundo del artículo 237 del código 
procedimiento civil. 
3. Los acontecimientos procesales determinan que una persona sea testigo o no, 
y que haya de tener una relación histórica con el asunto de que se trate  de tal 
65 
 
manera que es necesario  por no poder ser reemplazado para el descubrimiento de la 
verdad; el perito es fungible, en el sentido en que está a disposición del juez y de 
que este lo selecciona a discreción. Al juez lo que le interesa al escoger los peritos, 
es saber si tiene los conocimientos que se desean. 
4. Es improcedente que un testimonio verse únicamente sobre el conocimiento 
que el testigo tiene de conocimientos abstractos; en cambio, el perito puede cumplir 
suficientemente su tarea emitiendo conceptos  de esta índole, sin relacionarlos con 
el caso que se le presente. 
5. El testigo declara sobre hechos pasados o presentes que percibió antes del 
proceso; en cambio el perito lo hace sobre hechos pasados , presentes o futuros , es 
decir , informa de lo percibido durante del proceso en virtud de encargo judicial. En 
el testimonio se trata de percepciones contingentes  y en la pericia de percepciones 
intencionadas 
6. El testigo narra hechos; solo por excepción puede formular conceptos 
técnicos o científicos , limitados a la aclaración de sus percepciones, cuando es un 
testigo técnico como lo sostiene los artículos 276 (inciso 3, ordinal 2) del Código de 
Procedimiento Penal , y el 227 (párrafo tercero) del Código de Procedimiento Civil 
;el perito emite siempre juicios de valor que pueden ser de cualquier naturaleza , 
excepto los puramente jurídicos (artículo 251 Código de Procedimiento Penal y 
ordinal  1 del artículo  236 Código de Procedimiento Civil) (p.275 ). 
    
Cabe precisar, finalmente, que con independencia de las similitudes conceptuales entre 
el testimonio técnico y la prueba pericial, el alcance probatorio de las apreciaciones 
presentadas por quien declara en juicio en condición de testigo técnico no es otro que el de 
66 
 
la prueba testimonial, de modo que su valoración, tanto en lo que respecta a la ilustración 
sobre los hechos como a las apreciaciones exteriorizadas por el deponente, está sometida a 
los criterios que para dicho efecto establece el artículo 404 ibídem. 
Lo anterior no obsta, en razón de la especial naturaleza del testigo técnico, para que el 
Juzgador, en el cometido de atribuirle un determinado mérito suasorio a ese medio 
cognoscitivo, tenga en cuenta también el aspecto especializado de la declaración y el 
fundamento científico o técnico de la misma, para lo cual puede acudir, en lo pertinente, a 
los criterios establecidos en el artículo 420 de la codificación en cita (Corte Suprema de 
Justicia. 2015. Radicado 45.711). 
 
 
5.4.Objetividad e imparcialidad del informe pericial 
 
La imparcialidad es un elemento fundamental del debido proceso, que conmueve la 
actitud del juez, las partes e intervinientes incidiendo en la manera como ejerce el juez su 
actividad en los casos concretos que se le someten a su conocimiento. 
A través de la imparcialidad, se pretende que no se desvanezcan en el ánimo del juez su 
carácter de tercero imparcial. 
De lo que se trata, en explicación de Montero Aroca, es evitar en la declaración del 
Derecho Objetivo todo designio anticipado o la prevención para no cumplir con rectitud la 
función jurisdiccional (1999). 
67 
 
La imparcialidad no debe ser confundida con la independencia, ya que esta última se 
refiere a una cuestión previa, de organización, a través de la cual se pretende liberar al juez 
de toda subordinación que no sea la que el juez deba estrictamente al Derecho. 
La imparcialidad no es una característica abstracta de los jueces y magistrados, 
sino que hace referencia concreta a cada caso que se somete a su decisión. Por ello la 
ley tiene que establecer una lista cerrada de situaciones objetivas que conviertan a los 
jueces en sospechosos. La mera concurrencia de una de estas situaciones (...) Obliga 
al juez a abstenerse y permite a la parte recusarlo (Núñez, 1998, p.4) 
El peritaje es una actividad realizada por  
Personas especialmente calificadas, distintas e independientes de las partes y del 
juez del proceso, por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante el 
cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su 
convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a 
las del común de las gentes. Es una prueba ilustrativa sobre alguna materia técnica, 
que escapa al conocimiento del magistrado (Falcón, 2003, p.4) 
La finalidad de este medio de prueba, como la del resto de las previstas en la ley, 
consiste en acreditar los hechos que fundamentan las pretensiones de las partes en el 
proceso, con la particularidad de que, el objeto de la prueba pericial son hechos que no son 
del común saber de las partes o del juez. 
Nuestra jurisprudencia ha ratificado este criterio señalando que "de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 411 N os 1º, 13 Nº 2, 414, 419 y 421 del Código de 
Procedimiento Civil, es de la esencia que la prueba de peritos que en "la ilustración 
68 
 
de las cuestiones que debe resolver el Juez, el perito, se refiera y deba ceñirse 
necesariamente a la "apreciación" de "puntos de hecho" y de aquellas 
"circunstancias" pertinentes en que se necesiten "conocimientos especiales de una 
ciencia o arte", siendo precisamente por ello que en la designación de todo perito 
habrá de estarse al "título profesional" que tuviere o, en su defecto y en su caso, a la 
"calidad" o "aptitudes" que "deben tener" los referidos peritos en relación al "punto o 
puntos materia del informe", agregando que "carecerá de valor en su dictamen todo 
aquello que escape a la "ciencia o arte" que el perito profese, siendo 
consiguientemente también ajeno a su natural órbita de competencia todo juicio de 
valor y con mayor razón toda calificación jurídica que saliéndose de ese ámbito emita 
el perito al cumplir su encargo (Aguirrezabal, 2008, p.374) 
En cuanto a la valoración y apreciación de la prueba, el código de procedimiento penal 
en su artículos 380, 404 , 420  y 432  orientan al juez para realizar el análisis 
correspondiente de acuerdo al tipo de prueba  que corresponda,  por tanto las apreciará en 
conjunto, así mismo tener en cuenta  los principios técnico científicos sobre la percepción y 
la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de 
sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de 
lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento 
del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y 
su personalidad,  se tendrá en cuenta la idoneidad técnico científica y moral del perito, la 
claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de 
aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los 
instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas , entre otras, así mismo 
69 
 
el código general del proceso proscribe en su artículo 176 en cuanto a la  Apreciación de las 
pruebas:  Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la 
existencia o validez de ciertos actos. 
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. 
 
5.4.1. Causales de impugnación del informe pericial. 
El dictamen pericial no es vinculante para el juez, este puede apartarse de las 
conclusiones cuando se encuentre asistido por razones fundadas para hacerlo. Entre estas 
razones se pueden encontrar informes cuyas conclusiones del perito resultan absurdas, 
imprecisas o infundadas. En este evento la defensa o el ministerio público puede 
impugnarla por razones de orden procedimental o por su contenido. En este último caso se 
ataca su "eficacia" probatoria, la que puede deberse a la falta de basamentos científicos.  
El conocimiento que aporta la prueba pericial al juez, no puede ser valorado como 
confiable sólo por el hecho de ser entregado por un experto, igualmente depende de la 
actividad de las partes durante la producción de la prueba (interrogatorio y 
contrainterrogatorio del perito), así como del conocimiento que el juzgador tenga de 
situaciones como las previamente citadas; lo anterior le permitirá concluir de dos maneras: 
que el testimonio del experto demostró lo pretendido por la parte, o por el contrario no lo 
logró dado que los análisis y las conclusiones no son de recibo al inaplicar los principios 
indicados por la ciencia o porque la técnica que se utilizó es de mera orientación y hubo 
otras pruebas que le restaron contundencia, es importante tener en cuenta para ese 
70 
 
testimonio del perito los artículos 417 y 418 del código de procedimiento penal en relación 
a las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio. La Corte Suprema de Justicia de 
Colombia – Sala de Casación Penal ha contribuido, a través de sus decisiones, al desarrollo 
de los criterios que debe tener presente el juez penal de conocimiento para determinar la 
confiabilidad de la prueba pericial, brindando lineamientos de interpretación de las normas 
que regulan su producción y valoración. A título de ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Penal, Sentencia 14043, 7 de marzo de 2002, citada en la Sentencia SP 
31795, 16 de septiembre de 2009, señaló en torno a este tema: Y como ocurre con todos los 
medios probatorios la pericial debe ser considerada racionalmente por el juez, porque en la 
apreciación del dictamen resulta imperativo tener en cuenta la firmeza, precisión y calidad 
de sus fundamentos, la idoneidad de los peritos, el aseguramiento de calidad aplicado, el 
sistema de cadena de custodia registrado y los demás elementos probatorios que obren en el 
proceso. Por ello de manera reiterada y pacífica la jurisprudencia ha entendido que los 
argumentos de autoridad científica, técnica, profesional o humanística son de recibo por la 
innegable realidad de la división del trabajo y las cada vez más urgentes especializaciones 
en el desenvolvimiento del hombre en la sociedad, el curso de ésta y el tratamiento de los 
problemas o conflictos, de modo que resulta intolerable una actitud pasiva o de irreflexiva 
aceptación del juez frente al dictamen, pues fácilmente pueden potenciarse y extenderse los 
errores que como humano puede cometer el perito (Ediciones Jurídicas Andrés Morales. 
(2009, p1236). Conforme a lo anterior, la prueba pericial no puede tenerse como verdad 
absoluta, tal y como ocurre en la praxis judicial, ya que el conocimiento integral que el 
juez y los sujetos procesales deben poseer, será el tamizaje necesario para evitar que 
conclusiones periciales durante el proceso  conduzcan a errores  e inclusos a fallos erráticos  
que desdibujen el operar de la administración de la justicia  
71 
 
Una vez que el juez reconoce la necesidad de una pericia suplementaria, el margen de 
discrecionalidad disminuye y surge la obligatoriedad de ordenar la producción de un nuevo 
informe. Por lo tanto, el pedido de explicaciones, observaciones y/o impugnaciones que 
realice la parte debe contener los elementos necesarios para probar que el informe del perito 
es incorrecto, resultando insuficientes las meras objeciones. La impugnación de la pericia 
puede dar lugar a que el juez decrete su nulidad, ya sea por estar descalificada como acto 
procesal, por resultar inidónea para el fin a que está destinada o por violar normas legales o 
técnicas que constituyan su presupuesto esencial. La nulidad trae aparejada la realización 
de una nueva pericia por un nuevo perito. 
 
 
5.5. Idoneidad del Perito en el proceso penal 
 
5.5.1. Que se entiende por idoneidad. 
En el proceso penal colombiano la comprobación o la explicación de los hechos 
debatidos requiere de conocimientos técnicos ajenos al saber específico del magistrado que 
entiende en el mismo. De allí la necesidad de que éste sea ayudado, en la apreciación de esa 
clase de hechos, para enriquecer su capacidad de juzgar, por personas que posean 
conocimientos especiales en alguna ciencia, técnica, industria o arte, a quienes se denomina 
“peritos”. 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la pericia como 
“sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o parte”; al perito lo define 
72 
 
como “aquella persona que poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, 
técnicos o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto 
se relacionan con su especial saber o experiencia” ( Rae, 2014). 
En la actualidad no es preceptivo el juramento basta con la simple promesa. 
La pericia o prueba de peritos, es un medio de prueba en virtud del cual este 
especialista suministra al juez o tribunal los conocimientos de su especialidad, que resulten 
necesarios para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto enjuiciado para 
adquirir la certeza sobre los mismos. 
La pericia se trata pues, de un medio de prueba de carácter personal, en el que la fuente 
de la prueba la constituye el perito y los conocimientos específicos que posea el perito. El 
perito entonces debe ser idóneo. En este sentido una persona idónea es 
Adecuada y apropiada para algo (Rae, 2014). 
Joan Corominas define el concepto de “idóneo”, derivado del latín idonĕus, como 
adecuado, Apropiado (1973). María Moliner agrega a la definición apto (1962). Podríamos 
establecer una diferencia entre el concepto de idóneo como capacidad y condición de 
posibilidad de ejercicio de una acción determinada, usado como adjetivo, y el término 
Idóneo con mayúscula, designando la figura de un profesional que se desempeña en una 
práctica educativa o terapéutica sin contar con el título correspondiente y habilitante. En 
este caso hablamos de una persona Idónea en psicología, psicomotricidad, etc.  
La persona Idónea se caracteriza por contar a su favor con una experiencia suficiente y 
constante en una práctica determinada. Si bien el Idóneo debe contar con una formación 
73 
 
teórica, lo que caracteriza su reconocimiento es su práctica habilitante para el ejercicio de 
un rol determinado.  
El perito en el proceso penal no tiene que poseer conocimientos en derecho porque lo 
que requiere el juez es el conocimiento que estos poseen de su profesión y esta no 
necesariamente corresponde a la formación jurídica.  Una persona es Idónea si es 
reconocida como tal por un conjunto de la sociedad. Este Reconocimiento en el caso de la 
medicina, Incluye a otros profesionales, alumnos, pacientes, discípulos, asociaciones 
profesionales, etc., que reconocen en él una capacidad de accionar cumpliendo una tarea 
dirigida a la producción y la transformación.  
 
5.5.2. La idoneidad a partir del manual.  
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene una normatividad 
denominada denominado Reglamento General para Certificación de Peritos Forenses de 
acuerdo con la Norma Internacional ISO/IEC 17024:2012 este documento constituye un 
valor agregado de alto impacto para el sistema de administración de justicia, este 
documento se constituye en una importante hoja de ruta para que los ciudadanos en general 
puedan tener la confianza que el producto de la evaluación científica y técnica realizada por 
el profesional se corresponde con los estándares internacionales requeridos. Dicho manual 
fue elaborado en un marco ético de imparcialidad, equidad y transparencia, cuyo producto 
específico es el “Reglamento de Certificación de Peritos Forenses”,  y cuyo objetivo 
principal es establecer el proceso de reconocimiento público formal de idoneidad de los 
profesionales en el desempeño pericial, según los “Esquemas de Certificación” aprobados.  
74 
 
Se puede leer en la presentación de la segunda versión del manual: 
Para la Colombia del posconflicto, tanto como para las víctimas de la violencia 
común, contar con peritos forenses certificados es una garantía fundamental para que 
una mejor administración de justicia, dentro del marco del respeto por la dignidad de 
las personas, coadyuve el restablecimiento de sus derechos (2015). 
¿Cuál es el lugar de los informes periciales de los médicos que en su año de servicio 
social no tienen esta certificación?  
En el programa de formación de los médicos en tres de las facultades de medicina de 
universidades de la ciudad de Medellín, en el área forense se puede leer que el tiempo 
dedicado a esta área del conocimiento es de aproximadamente: 
En la Universidad de Antioquia  durante el pregrado los estudiantes de medicina 
reciben 36 horas teóricas, 90 horas prácticas, 54 horas teórico – prácticas, con un valor de 5 
créditos. 
Como requisitos se tiene que es obligatorio para los estudiantes haber cursado las 
asignaturas de Medicina Interna (código 0701) y de Pediatría (código 0901), no exige 
correquisitos (Programa de la asignatura, Facultad de medicina U de A, 2015) 
El objetivo general de dicha formación en el programa de estudios se corresponde con 
la necesidad de “El aprendizaje de los fundamentos de los dictámenes requeridos por la 
justicia penal, laboral y civil, y las obligaciones del perito como auxiliar de la justicia”. 
(Programa de la asignatura, Facultad de medicina U de A, 2015). 
75 
 
Para la universidad CES, como requisitos se tiene que es obligatorio para los futuros 
médicos haber cursado  las asignaturas  de Medicina Interna III, Pediatría III, 
Ginecobstetricia I, Ortopedia I, Psiquiatría I, no se exige correquisito alguno, se realizan 72 
horas teóricas , 18 horas prácticas , 90 horas de trabajo individual  y equivale a 4 créditos. 
El objetivo general  de esta asignatura  es facilitar al estudiante la adquisición de los 
conocimientos teóricos y las habilidades prácticas para que esté en capacidad de rendir 
informe periciales escritos, y su sustentación oral, cuando ella sea requerida en audiencias 
preliminares o en el juicio oral. Tener información de las implicaciones civiles, penales y 
ético disciplinarios del acto médico. (Fuente: Facultad de Medicina Ces. 2016) 
En la universidad de San Martín, el  objetivo  general que se busca  es aportarle al  
estudiante  los conocimientos básicos  de la teoría de la ciencia médico forense  y de 
brindarle la oportunidad de observar la práctica de las experiencias más frecuentes  dentro 
de sus labores  como profesional médico colombiano que apoyara  a la administración  de 
justicia en sus necesidades de la medicina forense. 
Para el logro de este objetivo  la universidad tiene establecidas 70 horas teóricas y  20 
practicas, la materia representa 5 créditos. ( Fuente: Facultad de Medicina Universidad San 
Martin. 2016) 
Se podría decir que cumplir las horas  programadas por los  claustros universitarios 
otorga al estudiante de medicina un conocimiento  que le permite  realizar el  
procedimiento de necropsia médico- legal y elaborar un dictamen pericial, sin embargo, no  
hace esto que tenga la suficiente experiencia  para realizar dictámenes de alta confiabilidad 
y certeza.   
76 
 
6. Aspectos probatorios y protocolo de necropsia 
 
El Derecho Probatorio, es la ciencia que estudia el conjunto de reglas positivas 
reguladoras de las pruebas procesales en su producción, fijación, características, 
procedimientos y evaluación (Rodríguez, 1995: 1,2). Esta es precisamente una de las áreas 
más importantes del Derecho, pues es precisamente a través de la aplicación de la misma 
como los funcionarios judiciales sustentan sus decisiones.  
En Colombia indistintamente del código general del proceso o del proceso penal el 
Derecho Probatorio se ubica dentro del Derecho Procesal, sin embargo, la base tanto del 
uno como del otro ya no se encuentra en la legislación civil, sino en el Derecho 
Constitucional. El derecho en Colombia es uno que se ha constitucionalizado. 
En el ordenamiento jurídico colombiano se aplica la máxima idem est non esse aut non 
proban, es decir que no probar es no alcanzar el derecho, quien pretenda un derecho debe 
demostrar tal intención, de ahí la importancia y la necesidad de la prueba, incluso en las 
situaciones de la vida cotidiana. Comúnmente se ha aceptado (Echandia, 1987) que Probar 
es demostrar un hecho o dar certeza de éste, en materia procesal es llevar al convencimiento 
del juez sobre los hechos que se alegan. 
Para Devis Echandía, las pruebas judiciales son “el conjunto de reglas que regulan la 
admisión, producción, atención y valoración de los diversos medios que pueden emplearse 
para llevar al juez la convicción sobre hechos que interesan al proceso” (1987: 56). 
Este convencimiento al juez se le lleva aplicando los principios generales del derecho 
probatorio. Entre ellos están: autorresponsabilidad o carga de la prueba, veracidad, libre 
77 
 
apreciación, unidad de la prueba, igualdad, publicidad, formalidad y legitimidad, libertad 
sobre los medios de prueba, imparcialidad o separación del investigador y fallador, 
legalidad o licitud de la prueba, inmediación, necesidad de la prueba, comunidad de la 
prueba, contradicción de la prueba, preclusión, proporcionalidad. 
 
 
6.1.La verdad procesal  
 
La prueba busca constituir la veracidad de un hecho que se procura hacer valer en el 
proceso de cualquier naturaleza que este sea y de esta manera determinar la decisión que 
puede tomar el juez. Desde el punto de vista físico es objeto de prueba todo aquello que 
nace y perece. Desde el punto de vista psíquico la prueba sirve para determinar algún hecho 
intangible. Desde el punto de vista de la naturaleza la prueba se establece por obra natural o 
ajena a la actividad humana. Por el lado de las cosas y objetos materiales, cualquier cosa 
involucrada con el hecho es objeto de prueba. 
Entre el conjunto de hechos que se busca establecer se tiene por ejemplo que una 
persona murió, pero al mismo tiempo esta muerte le genera incertidumbre al Estado, en qué 
condiciones se dio, cuáles fueron las circunstancias de tiempo modo y lugar de esa muerte, 
pero importantísimo, además, es establecer, determinar de la causa de muerte. Por ello el 
médico que realiza la necropsia busca establecer tanto la verdad real como la verdad 
procesal.  
78 
 
Verdad Real: Calidad de lo que es cierto, conformidad de lo que se dice con lo que 
existe, es la realidad lo que verdaderamente sucede, la que está en los hechos, la objetiva, la 
buscada, el deber ser. 
Verdad Procesal: La proporcionada por los negocios jurídicos, por las pruebas, la 
otorgada por la certeza, la que está en el juez, lo que es. Debemos decir entonces, que el 
juez al ser el principal dispensador de justicia debe obtener la verdad, la verdad real, que es 
por excelencia la que nos lleva a la justicia, y el fin último de la confianza depositada en él 
por los habitantes del conglomerado social, y el hecho de no poder llegar a ella, algunas 
veces nos impone la obligación de crear una ficción, es decir la verdad procesal, como 
justificación de los fallos judiciales; lo que nos lleva a determinar que existe un ser (verdad 
procesal) y un deber ser: (verdad real). 
 
 
6.2.Duda 
 
Se puede entender la duda como incertidumbre ante la verdad o falsedad de un 
enunciado. En filosofía la duda era la condición que los escépticos consideraban suficiente 
para suspender el juicio. En Descartes adquiere un carácter metodológico, al conferirle sólo 
un valor provisional, en tanto no se alcance alguna verdad de la que no se pueda dudar 
(2007).  
79 
 
Para Martínez esta es la “Tendencia espontánea de la razón, que oscila entre la 
aceptación y la no aceptación de una entre varias proposiciones o tesis, entre las cuales la 
mente se siente fluctuar, yendo de una a otra sin detenerse” (1997). 
En el conocimiento de varias situaciones sobre las cuales no se tiene convencimiento, 
se presenta una indeterminación en el proceso civil estas dudas se deben aclarar, ya que en 
el proceso penal existe el indubio pro reo, en el cual el sindicado es absuelto porque 
prevalece la duda frente a la nuda certeza del juez, es decir, la indeterminación se aplica por 
favorabilidad al sindicado.   
 
 
6.3.Informe Pericial del médico no perito   
 
El reglamento denominado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses tiene una serie de previsiones para Certificación de Peritos Forenses de acuerdo 
con la Norma Internacional ISO/IEC 17024:2012, tiene una serie de condiciones para que 
un perito sea considerado así, entre ellos tenemos que:   
Los interesados en la Certificación de Peritos Forenses pueden ser aquellas personas 
que se desempeñen como auxiliares de administración de justicia que reúnan los requisitos 
académicos y de experiencia pericial establecida en el Esquema de Certificación 
establecido en la ley 938 de 2004, artículo 36, numeral 8°. Y la Norma ISO/IEC 
17024:2012. 
80 
 
Las modalidades de certificación son: 
1°.  Servidores públicos. 
2°.  Empleado o contratista de empresa privada. 
3°.  Independientes. 
Durante la vigencia de esta certificación, el Instituto hará una vigilancia anualizada. El 
Instituto realizará la vigilancia, mediante una prueba estandarizada, para confirmar la 
vigencia de la competencia de las personas certificadas, el adecuado uso de la certificación 
y la conservación de los criterios definidos en el alcance de la misma.  
Allí se lee que acuerdo con los resultados, el Instituto podrá mantener, suspender, 
retirar o reducir el alcance de la certificación.  
Con base en la anterior información, se puede afirmar que cuando el medico en 
desarrollo de su año social realiza la necropsia médico legal, debe consignar esta 
información en un documento técnico denominado Protocolo de Necropsia. 
Sobre el Protocolo de Necropsia, que el médico en su año social elabora, podrán a su 
vez elaborarse diversos Informes Técnicos relacionados con diferentes aspectos de la 
necropsia, según los requerimientos que surjan en el caso. Aun así, en algunos casos en 
particular -Muerte de Causa y/o Manera a Establecer luego de necropsia médico legal-  
pueden hacerse pronunciamientos tentativos relacionados con algunos de los hallazgos 
postmortem, sin olvidar que deben estar sustentados por los diferentes estudios.  
Bajo estas circunstancias el médico cuando es forense puede expresar sus dudas y 
formular sus impresiones antes que evitar el punto en cuestión y contribuir así que se 
81 
 
realicen las respectivas labores encaminadas a aclarar estos aspectos o profundizar en la 
averiguación de algún ítem o circunstancia crítica y así ayudar a la correcta investigación 
del hecho.   
Surge entonces otra pregunta: ¿El médico en su servicio social obligatorio al no ser 
certificado no es idóneo para realizar este tipo de análisis y sus conclusiones pueden 
generar dudas que afecten el curso de la investigación?, la absolución a tal cuestionamiento 
podría llegar al pensar que si tiene la aptitud para  llevar acabo el procedimiento  pues no en 
vano recibió la teoría en las aulas universitarias , pero la ausencia de la certificación  pone 
en tela de juicio las conclusiones por este aportadas, toda vez que la certificación amplía su 
conocimiento en el tema forense y además permite abrir la puerta a la adquisición  de la 
experticia y experiencia necesaria para elaborar las conclusiones que a la postre serán parte 
del acervo probatorio que estará a disposición al juez para poder así resolver la situación 
jurídica de un ciudadano. 
No se debe pasar por alto que el protocolo de necropsia es un documento médico, lo 
que no significa que es desarrollado por la disciplina de la Anatomía Patológica, en el que 
se registran los hallazgos del examen del cadáver, la preservación de elementos materia de 
prueba  y la interpretación y análisis del caso en el contexto de la información acopiada y 
disponible al momento en que el perito aborda el caso y realiza el informe. 
 En términos generales, el Protocolo de Necropsia debe incluir:  
1°. Datos de referencia del caso: En el encabezado, con algunas variaciones según la 
localidad, suelen listarse: 
2°. Número de Protocolo de Necropsia.  
82 
 
3°. Número de Acta de Inspección.  
4°. Autoridad y Laboratorio participante.  
5°. Fecha y hora de Necropsia.  
6°. Fecha y hora de la Muerte (conocida o por establecer).  
7°. Sede médico- legal (Unidad Local, Seccional Regional, Hospital).  
8°. Ciudad y lugar donde se practica la necropsia (morgue, cementerio, etc.).  
9°. Nombre y código del Perito. Formación Profesional.  
10°. Nombre del Técnico Auxiliar. 
11°. Nombre de la persona fallecida.  
12°. Edad y Sexo. 
13°. Fecha y hora de ingreso del cadáver al Instituto.  
14°. Fecha y hora de muerte (si se conoce).  
15°. Número del Certificado de Defunción. 
16°. Documentos disponibles previos a la necropsia y, si es pertinente, un breve 
resumen.  
17°. Descripción de las prendas.  
18°. Hallazgos del examen externo e interno.  
19°. Técnicas de exploración del cadáver.  
83 
 
20°. Aspectos pertinentes de cadena de custodia, incluyendo un ítem referente a 
muestras tomadas durante el procedimiento y a los estudios complementarios. 
Este documento es técnico y en el proceso penal se introduce por medio del médico que 
lo realizó, sin embargo, en el caso de los médicos que realizan su año social estos según el 
Instituto de Medicina Legal en Colombia no son peritos, por ello el termino estaría mal 
dirigido a ello.  
 
 
 
  
84 
 
Conclusiones 
 
El Instituto Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses, es un establecimiento 
Público adscrito a la Fiscalía General de la Nación, mediante la Ley 938 del 2004, su 
Director General debidamente facultado para celebrar convenios por la Ley 80 de 1993, y 
sus decretos reglamentarios, Ley 1150 del 2007, el Decreto 006 del 2008, y demás normas 
aplicables por la naturaleza de su objeto, de común acuerdo puede celebrar convenios de 
cooperación interinstitucional con los Municipios del territorio colombiano; en desarrollo 
de estos convenios los municipios adquieren la obligación de apoyar con infraestructura 
física y recursos humanos para el desarrollo de aquellas funciones que el instituto de 
Medicina legal está llamado a realizar23, y  que por ministerio de la ley  está establecido  
que el médico  legista del municipio donde no hay unidad local de atención básica de dicho 
instituto , será el médico que está cumpliendo su servicio social obligatorio. 
En consecuencia con lo anterior, se agrega que en Colombia los profesionales de la 
salud cumplen obligatoriamente una función social, mediante la cual, los egresados de los 
programas de medicina, odontología, enfermería y bacteriología contribuyen a la solución 
de los problemas de salud de las poblaciones deprimidas urbanas, rurales o de difícil acceso 
a los servicios de salud, en todo el territorio nacional. Esto por sí mismo es loable y 
plausible, pero en desarrollo de la presente investigación se encontró que, los profesionales 
de la medicina que realizan su servicio social obligatorio,  en los hospitales municipales 
están llamados a realizar necropsias medico legales con el apoyo de disectores,  tienen la 
                                                          
23Está por la resolución 795 de  1995  establecido que el médico legista del municipio donde no hay unidad 
local de atención básica de INMLCF, será el médico del servicio social obligatorio.  
85 
 
misión de conceptuar sobre la causa de muerte, sin embargo, la formación forense que estos 
profesionales de la salud reciben, es inferior a los estándares de calidad que el Instituto de 
Medicina legal y Ciencias forenses, de acuerdo con su  normatividad interna, le exige a sus 
propios médicos.    
Sin duda alguna el medico  en cumplimiento de su año social obligatorio posee grandes 
virtudes que lo posicionan como elemento fundamental en las unidades de salud a nivel 
nacional, es dueño de diferentes conocimientos y técnicas que le autorizan a  realizar 
diagnósticos e intervenciones en la población , entre estos esta la necropsia médico –legal, 
sin embargo,   que el médico rural esté autorizado a la realización del procedimiento, no 
significa en este momento, que posee todos aquellos conocimiento necesarios que permitan 
predicar a las partes e intervinientes en el proceso penal que los informes periciales que 
consignan los procedimientos usados para llegar a las conclusiones sean acertados, porque 
si ello fuera así, sería lo mismo que afirmar que el recién egresado de la facultad de 
medicina en su labor social en el Hospital municipal se encuentra en el mismo nivel que el 
médico forense que se ha capacitado de manera especial y que cuenta con una experiencia 
en años y en procedimientos.  En este sentido se considera en este trabajo  que el médico 
que así procede no es idóneo,  Joan Corominas define el concepto de “idóneo”, derivado 
del latín idonĕus, como «adecuado, apropiado» (María Moliner agrega a la definición 
«apto»2).  
Que el médico rural este autorizado a la realización del procedimiento, no significa en 
este momento, que posee todos aquellos conocimiento necesarios que permitan predicar a 
las partes e intervinientes en el proceso penal que los informes periciales que consignan los 
procedimientos usados para llegar a las conclusiones sean acertados, porque si ello fuera 
86 
 
así, sería lo mismo que afirmar que el recién egresado de la facultad de medicina en su 
labor social en el Hospital municipal se encuentra en el mismo nivel que el médico forense 
que se ha capacitado de manera especial y que cuenta con una experiencia en años y en 
procedimientos.  En este sentido se considera en este trabajo que el médico que así procede 
no es idóneo,  Joan Corominas define el concepto de “idóneo”, derivado del latín idonĕus, 
como «adecuado, apropiado» (María Moliner agrega a la definición «apto»2).  
Los profesionales de la salud que pretendan realizar su año social en un hospital o que 
en general desplieguen en desarrollo de éste alguna tipo de práctica que involucre funciones 
de policía judicial deben estar debidamente certificados por medicina legal. Lo contrario es 
determinar la invalidez de las conclusiones de los informes periciales que arrojen los 
procedimientos de estos profesionales que así ejercen su año social. Por eso se hace 
necesario ampliar la formación académica de los médicos en esas materias que tienen que 
ver con las ciencias forenses ya que estos prestan un importante labora jurídica y social, en 
este sentido este contribuye de mejor manera con la administración de justicia y con el 
respeto a las  garantías y los derechos fundamentales y procesales de las víctimas y de los 
acusados en los procesos.  
Los profesionales de la salud que pretendan realizar su servicio social en un hospital o 
que en general desplieguen en desarrollo de esta, algún tipo de práctica que involucre 
funciones que aporten al proceso judicial  deben estar debidamente certificados por 
medicina legal. Lo contrario es someter a la invalidez de las conclusiones de los informes 
periciales que arrojen los procedimientos de estos profesionales que están ejerciendo su 
servicio social, pues como ya lo ha manifestado la Corte Constitucional, el dictamen debe 
ser sometido a contradicción, para así garantizar  la igualdad procesal, dando  oportunidad a 
87 
 
la contraparte de hacer uso de peritos con mayor experiencia y quienes tendrán quizás 
mayor asertividad en su opinión frente a los hechos materia de investigación  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
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