Valoración constitucional del Ministerio Público como interviniente en el proceso penal colombiano
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Fecha
2021
Autores
Arismendy Builes, Juan Gabriel
Lopera Vergara, Julián Alberto
Villa Cardona, Marlon
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Editor
Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)
Resumen
El Ministerio Público, integrado por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley, como interviniente del proceso penal en Colombia se erige, entre los demás intervinientes, como una figura controversial y posiblemente trasgresora de algunos principios constitucionales; esto considerando su calidad sui generis en los sistemas procesal penales, su intervención optativa, el activismo variado, y la indefinición de los límites de su intervención e incluso su posible injerencia en las labores de otros intervinientes y partes. Son diversos los estudios y artículos que le han asignado a la figura del Ministerio Público la calidad de polémica o replicable, generando un cúmulo de críticas que podrían abordarse como un problema de indagación, desde una valoración de la Corte Constitucional, la cual permita esclarecer si la representación del Ministerio Público debe ser eliminada, restringida, mantenida o potenciada; tratando de establecer límites precisos que contribuirían a la generación de un panorama de la entidad, con una visión y postura reflexiva. Siendo la Constitución, norma de normas y partiendo de la necesidad de análisis del Ministerio Público como interviniente en el sistema procesal penal, se trata de poner en perspectiva, la garantía constitucional del proceso, medible a través del cumplimiento de los preceptos de la carta política. Esta investigación contribuye a esclarecer cuáles son los problemas constitucionales de que exista o no, la figura del Ministerio Público en el proceso penal colombiano. Para ello se hace necesario acercarse al sistema penal y determinar cómo está concebido, sus principios y disposiciones, dilucidando las bases que sustenta la participación de los intervinientes, específicamente, la intervención del Ministerio Público.