Maestría en Derecho Administrativo
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- ÍtemLímites a la facultad discrecional del nominador en la declaratoria de insubsistencia de cargos de libre nombramiento y remoción(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2026) Castrillón Arroyave, Daniel; Cedeño Canaval, Fausto de Jesús; Celis Vela, Duber ArmandoUna forma especial de vinculación con entidades públicas está constituida por los cargos de libre nombramiento y remoción. Una razón que fundamenta esta figura es la confianza, toda vez que algunos cargos de esta clase son de dirección y manejo en el sector público. La desvinculación en estos casos puede fundamentarse en la renuncia del titular o en la declaratoria de insubsistencia por parte del nominador. En Colombia, los últimos actos se caracterizan porque formalmente no deben motivarse. El objetivo de este texto es analizar los límites jurisprudenciales y los controles a la facultad discrecional del nominador en la declaratoria de insubsistencia de cargos de libre nombramiento y remoción prevista en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, vigente en el ordenamiento jurídico colombiano. La presente investigación parte de una metodología dogmática y formula una propuesta de lege ferenda para modificar el derecho vigente a favor de las personas que se encuentren en una situación de debilidad manifiesta.
- ÍtemLa ponderación en la imposición de medidas correctivas urbanísticas y el principio de buena administración: análisis jurisprudencial de la Sentencia T-146 de 2022(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2026) Echavarría Chavarría, Valeria; Sierra Sorockinas, DavidEl presente análisis abordó el procedimiento de imposición de medidas correctivas en materia urbanística en Colombia y las tensiones que se evidenciaron cuando la aplicación de la Ley 1801 de 2016 se encontró con los derechos fundamentales. La Sentencia T-146 de 2022 de la Corte Constitucional se tomó como referente, porque mostró de manera concreta cómo una decisión administrativa podía afectar derechos esenciales como la vivienda digna y el mínimo vital, en especial, en familias que vivían en condiciones de vulnerabilidad económica y social. El propósito fue examinar de qué manera la ponderación y el principio de buena administración podían servir como criterios orientadores para las decisiones de la administración pública en este campo. Para ello se trabajó con un enfoque cualitativo, de carácter hermenéutico y dogmático, sustentado en un diseño documental que incluyó la revisión de la normativa vigente, el estudio de la jurisprudencia constitucional y el aporte de la doctrina especializada. Esta combinación permitió desarrollar una lectura crítica que fue más allá de la simple descripción del marco normativo. Los hallazgos mostraron que la norma tendía a aplicarse de forma rígida, sin considerar la diversidad social del país ni las particularidades de quienes eran destinatarios de las medidas correctivas. Ello abrió la discusión sobre la necesidad de que la administración actúe con criterios más proporcionales, incorporando la ponderación como herramienta para equilibrar el interés general con la protección de los derechos fundamentales y dando lugar a actuaciones más coherentes con los principios de un Estado social de derecho.
- ÍtemIncidencia del SECOP II en la configuración, perfeccionamiento y validez del contrato estatal(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2026) Hincapié Luna, Vanessa; Morales Quijano, SantiagoEl siguiente estudio analiza la evolución jurídica y tecnológica de la contratación pública electrónica en Colombia, destacando el tránsito desde sistemas documentales hacia plataformas digitales encabezadas por el SECOP. Expone también los antecedentes normativos que permitieron la creación del SECOP I como repositorio de publicidad y describe su transformación en el SECOP II, plataforma transaccional que integra planeación, selección, adjudicación, firma y ejecución contractual. De igual forma, desarrolla la conceptualización del contrato en su modalidad electrónica, la validez jurídica del mensaje de datos y la adaptación del consentimiento, la firma y la forma escrita a entornos digitales. Examina el rol del SECOP II en la validez y perfeccionamiento del contrato, así como su vínculo con el principio de legalidad. Finalmente, el estudio identifica una serie de problemas jurídicos persistentes como la fragmentación normativa, las limitaciones de interoperabilidad, los riesgos asociados a la protección de datos, las brechas técnicas entre los oferentes, los desafíos probatorios y el impacto de los algoritmos en la toma de las decisiones públicas, derivados del uso de plataformas digitales que inciden directamente en la determinación de la validez del contrato estatal celebrado en SECOP II.
- ÍtemLas restricciones institucionales en la vigilancia de la conducta oficial: una revisión dogmática de los límites presupuestales de las personerías(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2024) Gómez López, Mateo; Betancur Corrales, Juan FelipeEl propósito de esta monografía es analizar la incidencia del límite presupuestal de las personerías en Colombia, o sea, se revisa si afecta a la vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos que dichas entidades adelantan según la función constitucional establecida en el artículo 118 de la Constitución Política de 1991. La metodología utilizada es de carácter dogmático porque se aborda la legislación y los pronunciamientos de la Corte Constitucional que han subrayado la importancia de las personerías para prevenir, corregir y sancionar las conductas de los servidores públicos en Colombia. Las personerías atraviesan por graves dificultades dada la cantidad de funciones asignadas y la discrecionalidad de los alcaldes y de los concejos distritales o municipales en la asignación del presupuesto. Por tanto, es necesario un nuevo diseño de la regla fiscal.
- ÍtemEl acceso a la justicia ambiental en Colombia como eje fundamental del acuerdo de Escazú(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2025) Velásquez Salazar, Mónica María; Vargas Ossa, NatalyColombia ratificó el Acuerdo de Escazú mediante la Ley 2273 de 2022, validada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-359 de 2024. Este tratado obliga al Estado a garantizar el acceso efectivo a la justicia ambiental. En este contexto, el artículo evalúa si el marco jurídico e institucional colombiano cumple con los estándares internacionales o si es necesario establecer una jurisdicción ambiental especializada. A través de una metodología dogmática, se sistematiza la normativa vigente, mientras que el enfoque descriptivo-crítico permite examinar las capacidades institucionales existentes. Se destaca la necesidad de órganos competentes con conocimiento técnico especializado para resolver conflictos ambientales de manera adecuada. Finalmente, se propone la creación de una jurisdicción especializada en justicia ambiental, dado que el sistema actual no contempla mecanismos efectivos que aseguren dicho acceso, lo cual impide el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Escazú.