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    Jurisdicción coactiva como medio de recaudación de impuestos. Casos: Municipios de Barbosa, Zaragoza y Valdivia
    (Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Quiroz Viana, Mónica; Martínez Gómez, Mónica; Gutiérrez Uribe, León Jaime
    La Jurisdicción Coactiva, es la facultad exorbitante de¡ estado, en la cual, se ejerce la función Jurisdiccional asignado a un organismo o funcionario administrativo determinado para que, sin recunir a la autoridad judicial, haga efectiva, por la vía ejecutiva, las deudas fiscales expresas, claras y exigibles a favor de la entidad pública que ejerce dicha jurisdicción. La Ley 383 de 1997 en su artículo 66, tratándose de los impuestos administrados por los municipios y distritos remite en su aplicación al Estatuto Tributario Nacional para el ejercicio de¡ procedimiento de cobro administrativo coactivo. El procedimiento administrativo coactivo es un híbrido del procedimiento ejecutivo que se lleva dentro de la jurisdicción ordinaria, pero regulado en su procedimiento por el Estatuto Tributario, con relación al mandamiento de pago y lo relacionado con actos administrativos es regulado por el Código Contencioso Administrativo y en caso de que no exista expresa regulación sobre determinada etapa procesal será regulado por el Código de Procedimiento Civil, La Jurisdicción Coactiva se desarrolla en dos etapas principales, las cuales son: Cobro Persuasivo y el cobro propiamente dicho, dentro de ésta última se encuentra el embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes que sirven como garantía de pago dentro de¡ proceso.
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    Análisis comparativo de la cuantificación del daño material e inmaterial en accidentes de tránsito y la incidencia de los sistemas de seguro en Colombia, Nueva York y Massachusetts
    (Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2026) Betancur Cañas, Valeria; López Saldarriaga, Ian Manuel; Uribe García, Saúl
    Esta tesis analiza y compara los sistemas de seguro y los métodos de cuantificación de daños en accidentes de tránsito en Colombia, Massachusetts y Nueva York. La investigación destaca que, aunque los tres sistemas buscan proteger a las víctimas, lo hacen con filosofías distintas. En Colombia, el sistema se basa en el principio de indemnización integral, donde la reparación integral debe reparar el daño sin enriquecer a la víctima. El seguro obligatorio, conocido como SOAT, tiene una función social al cubrir los daños corporales sin importar la culpabilidad, aunque no los materiales. Los daños se dividen en daño emergente (pérdida efectiva) y lucro cesante (ganancias dejadas de percibir), ambos deben ser probados. El daño moral se compensa a criterio del juez, con un tope máximo establecido por la jurisprudencia. La principal debilidad del sistema colombiano es su lentitud, ya que depende de largos procesos judiciales. En Massachusetts, el enfoque es la eficiencia a través del sistema "no-fault" (sin culpa). Este modelo permite que la aseguradora de la propia víctima pague los gastos iniciales, como los médicos, de manera rápida, evitando litigios. Para reclamar daños adicionales por dolor y sufrimiento, las lesiones deben superar un umbral de gravedad. La cuantificación de estos daños inmateriales se realiza mediante el método del multiplicador o el de tarifa diaria. Además, se reconoce la pérdida de valor inherente del vehículo después de un accidente. Por su parte, Nueva York adopta un modelo híbrido, combinando la rapidez del sistema "no fault" para gastos iniciales con la posibilidad de demandar por daños mayores. Al igual que en Massachusetts, es necesario que la lesión sea “grave” para reclamar por dolor y sufrimiento, sin embargo, el sistema no impone un límite legal para esta compensación. Una particularidad es que los pagos por daños futuros que excedan los $250,000 se realizan en cuotas periódicas en lugar de una suma global. La investigación concluye con que no hay un modelo perfecto. Colombia podría mejorar su sistema implementando mecanismos más ágiles como el "no-fault" y adoptando criterios de cuantificación más transparentes para el daño moral. Los modelos de EE. UU., por su parte, podrían beneficiarse de una mayor claridad en los umbrales de lesión para reducir las disputas y hacer los procesos más predecibles y justos para las víctimas.
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    ¿Cómo la Reforma Rural Integral puede reconciliar a un territorio dividido? Balance socio - jurídico de su implementación en el Valle de San Nicolás, 2016 – 2023
    (Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2026) Jiménez Tamayo, Sarah Michelle; Rojas Raigoza, Mauricio Alejandro; Correa Muñoz, Mario Enrique
    En el VSN, la RRI no puede leerse solo como un programa de redistribución de tierra, sino como una intervención sobre una estructura histórica de poder, memoria y conflicto cuya persistencia sigue condicionando la reconciliación social y territorial entre 2016 y 2023. En el mismo ejercicio académico se asume, como premisa central, que la tierra en este espacio no puede ser reducida a un simple elemento de explotación económica, pues encierra dimensiones de memoria colectiva, conflictividad histórica, arraigo comunitario y redistribución efectiva del poder. Por ello, el estudio sitúa el análisis en la larga duración del conflicto agrario colombiano y demuestra que la concentración territorial, la violencia persistente, las economías ilegales, la debilidad del aparato institucional y la presión de lógicas urbanizadoras han restringido la traducción material del APLH en cambios estables y verificables. Entre esos factores destacan la concentración de la propiedad rural, la violencia, las economías ilegales, la debilidad institucional y la expansión de formas de urbanización que presionan el suelo y reconfiguran su uso. El VSN, así, se presenta como un territorio donde la promesa normativa tropieza con estructuras históricas de desigualdad, y donde el acceso a la tierra, la continuidad del sujeto campesino y la recomposición del vínculo comunitario siguen reclamando una realización todavía incumplida. El diseño metodológico de la investigación se apoya en un enfoque mixto, interdisciplinario y de base documental, articulado a partir de la revisión normativa, jurisprudencial, bibliográfica y comparada, junto con una lectura territorial de los procesos locales. Desde esa base, se reconstruyen los antecedentes históricos de la conflictividad por la tierra, se examina el marco jurídico e institucional que sostiene la implementación de la RRI y se ponen en diálogo experiencias latinoamericanas de reforma agraria en Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador y México, con el fin de extraer criterios que puedan orientar una eventual nueva política agraria en el VSN. Asimismo, el estudio incorpora un diagnóstico socioterritorial que torna visible que la implementación no puede comprenderse como una secuencia ordenada y homogénea, sino como un proceso fragmentado, afectado por tensiones de legitimidad, fallas de coordinación, insuficiencia presupuestal y desajustes entre el mandato normativo y la realidad rural efectivamente existente. El balance permite afirmar que la RRI ha producido avances acotados en formalización, en algunos proyectos productivos y en el reconocimiento institucional del problema agrario, aunque esos resultados se revelan insuficientes frente a la permanencia de obstáculos estructurales que siguen bloqueando una reconciliación genuina. Entre esos límites se cuentan la deficiente articulación interinstitucional, la discontinuidad de las intervenciones, la debilidad de la gobernanza local, la presión inmobiliaria sobre la ruralidad y la ausencia de garantías integrales para asegurar la permanencia campesina. En contraste, el estudio evidencia que la reconciliación territorial sólo alcanza consistencia cuando la acción estatal articula restitución, seguridad jurídica, sostenibilidad ambiental, apoyo productivo, participación comunitaria y reparación simbólica. En esa línea, la investigación concluye que el VSN requiere una política pública de reconciliación rural y ordenamiento socioterritorial capaz de convertir la tierra en soporte de dignidad, justicia agraria y reproducción social.
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    Aproximación al concepto de usura en los préstamos de los denominados “gota a gota” o “pagadiarios” en Colombia: una interpretación a la luz de la obra “El Mercader de Venecia”
    (Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2026) Montoya Gil, Karen; Henao Marín, Maria Norela; Saldarriaga Montoya, José Fernando
    En Colombia no existe una cifra estimada de cuántas personas se dedican a la actividad de “pagadiario” o “gota a gota”, pero lo que sí es cierto es que en todas las regiones y departamentos del país es posible encontrar personas que se dediquen a esta actividad; de hecho, estos préstamos se concentran principalmente en las regiones donde hay mayores índices de desempleo, informalidad y pobreza y el Estado tampoco cuenta con los recursos y las herramientas jurídicas suficientes para controlar esta actividad. Teniendo en cuenta este panorama, en la presente investigación, desarrollada bajo enfoque cualitativo y con un método histórico-jurídico en el que se hace uso de la revisión documental, se analiza el concepto de usura que dio origen al cobro de intereses excesivos en los préstamos de los denominados “gota a gota” o “pagadiarios” en el derecho privado colombiano; para alcanzar este objetivo, se describen los antecedentes históricos del régimen de los intereses en el derecho privado; de igual manera, se identifican las formas de configuración de la usura en los préstamos a interés en el contexto de la obra de William Shakespeare El Mercader de Venecia; y, por último, se reconocen los desafíos jurídicos de este fenómeno en el derecho privado colombiano.
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    Condiciones laborales y de salud ocupacional en los conductores de transporte público colectivo de pasajeros de la ciudad de Medellín: un análisis de la responsabilidad de los empleadores
    (Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2025) Barrera Yepes, Daniela; Aguilar Mena, Andrea; Rojas Florez, Carolina
    La presente monografía examina la realidad laboral de los conductores del transporte público a partir de los desafíos físicos y psicosociales a los que se exponen en su actividad cotidiana. El análisis evidencia que los factores como la intensidad horaria, las variaciones de turno, la monotonía, la interacción permanente con el público, la presión laboral, la sobrecarga de tareas y la exposición a contaminantes influyen tanto en la calidad del servicio como en las condiciones de vida de quienes desempeñan esta labor. Desde una perspectiva jurídica, se revisa la normatividad vigente y la manera en que se configura la relación laboral entre las empresas transportadoras y los conductores, incluso en contextos donde no se reconoce de manera formal la existencia de un vínculo laboral. El estudio también expone la responsabilidad que tienen estas empresas en garantizar condiciones de trabajo dignas, en armonía con los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad y protección del trabajador. En este sentido, el propósito central es destacar la importancia de fortalecer el compromiso institucional y social orientado a salvaguardar la salud física y mental de los conductores, comprendiendo que su labor resulta esencial para el funcionamiento cotidiano de las ciudades y los municipios del país.