Especialización en Derecho Público

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La acción de repetición
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2004) Rodríguez Minota, Darly Edilia; Díaz Gómez, Alexander
La acción de repetición representa un tipo de responsabilidad de los funcionarios públicos, que no tiene gran desarrollo en Colombia. Ha sido la actividad jurisprudencial, apoyada en el derecho comparado, la que ha definido hasta el momento el manejo de esta figura, sin olvidar el impulso recibido con la expedición de la Constitución de 1991 y la Ley 678 que en 2001 reguló la materia. La práctica de colaboración administrativa que representan los procesos de responsabilidad a pesar de la especialidad en el ejercicio de los poderes públicos, la confrontación con la realidad del desempeño de las funciones públicas y en definitiva el seguimiento del desarrollo de los disposiciones constitucionales ofrecen el estudio de la acción de repetición como tópico interesante para conocer
La acción de tutela como mecanismo directo de protección del derecho al medio ambiente sano
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2010) Correa Yepes, Catalina; Osorio Tobón, Johana; Flórez Ruiz, José Rodrigo
En años anteriores cuando se hicieron oír las primeras denuncias ecologistas, algunos hablaban del ecologismo como preocupación de países ricos, cuyas poblaciones tienen satisfechas sus necesidades básicas y pueden atender asuntos superfluos y secundarios. Se confundía ecologismo con mera atención a un entorno agradable, estéticamente satisfactorio, limpio. Sin embargo hoy sabemos que la crisis ecológica se muestra como un problema prioritario al mundo entero
La acción popular como mecanismo de participación en un estado social de derecho
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2007) Uribe Ramírez, Sonia Patricia; García Puerta, Jhon Fredy; Durango, Gerardo
Las acciones populares son el mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos y difusos (los relacionados con ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, seguridad y salubridad públicas, servicios públicos, consumidores y usuarios, libre competencia económica, etc.). Están p evistas en el primer inciso del artículo 88 de la Constitución Política de 1991, "La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella."...Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos".
Análisis jurisprudencial del acto administrativo que declara la insubsistencia del empleado nombrado en provisionalidad
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2008) Agudelo Rendón, Sergio De Jesús
En la historia reciente de Colombia, concretamente a mediados del Siglo XX y, lo que llevamos del siglo XXI, uno de los mayores problemas que presenta la sociedad, que se ha agudizado paulatinamente, es el fenómeno del desempleo, hasta el punto que se ha tornado en un problema de orden público, que los gobiernos de turno no han podido canalizar. Se han intentado reformas labores a todos los niveles, que más que solucionar el problema, lo han agudizado, por lo que, hoy son menos las garantías laborales, causa de la mal llamada flexibilización, que ha llevado al traste la estabilidad laboral.
Análisis socioeconómico a la propuesta del Plan Parcial del Ordenamiento Territorial (POT) sector Cisneros Guayaquil Medellín
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2007) Monsalve Pérez, Carlos Arturo
El siguiente análisis monográfico surge, ante la propuesta de desarrollar un Plan Parcial de Redesarrollo Territorial para el sector Cisneros Guayaquil; asunto que lentamente se viene introduciendo entre la comunidad que ocupa este territorio, y a partir del cual se concentra nuestro interés para su estudio. Entre otras definiciones encontradas, “El POT -Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 062 de 1999)- Son planes de largo plazo que guían a las autoridades legítimamente constituidas dentro de un contexto cultural adecuado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con absoluta voluntad política, y con inversión económica
Aplicación del debido proceso en la educación inicial, básica y media a partir de la constitución de 1991
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2006) Mayo García, Enrique; Ortiz Cañas, Héctor
Con el presente trabajo se pretende mostrar la importancia que tiene la aplicación del Debido Proceso, sus efectos y resultados, en la educación inicial, básica y media, a partir de la Constitución de 1991. Trabajo realizado utilizando procedimientos de identificación de fuentes de información, recolección y procesamiento de la misma que permitió la estructuración de la monografía
La biometría como técnica de identificación humana en la ley 906 de 2004
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2007) Gil Posada, Paola; Gómez Areiza, Gustavo Alberto
La BIOMETRÍA es una de las áreas emergentes con mayor probabilidad de éxito, pues propone la identificación exitosa de las personas, por eso trataré en esta monografía de profundizar sobre el tema de la biometría y su aplicación en la Criminalistica, ya que dentro de la legislación colombiana en su artículo 251 inciso primero aparecen los métodos fehacientes, y en el inciso 2° vemos los métodos indiciarios, y creemos que los sistemas BIOMÉTRICOS tienen un potencial de fiabilidad, para identificar a individuos con un buen grado de certeza
El cabildo abierto : aplicación y funcionalidad en el municipio de Envigado
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Cano Jímenez, Doris; García Builes, Lina María; García Martínez, Yaneth Elena; Díaz Gómez, Alexander
Las normas sobre participación parecieran mirar al ciudadano entendido solo como elector, sin importar para nada la persona y sus necesidades, sin implementar unas políticas sociales que respondan a las exigencias del país. Una sociedad integrada por seres humanos viviendo en condiciones dignas creyera ser presupuesto necesario para afirmar la existencia de un sistema de democracia participativa. Igualmente la implementación de normas como las que regulan la participación ciudadana pareciera ser que están cumpliendo ante todo una función simbólica, sin abrir los espacios de participación que se requieren.
Las cláusulas de perfeccionamiento, legalización y publicación del contrato de obra pública como requisitos de ejecución
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2008) Giraldo Urrego, Luis Octavio; Arango Bolívar, Leidy Jahana
En materia de contratación estatal, se pueden abordar distintos y muy variados temas de estudio, todos ellos con el fin de desentrañar, el gran cúmulo y complejidad de las cuestiones relacionadas con la misma contratación estatal, tema ya bastante amplio de abordar. Sin embargo, han sido escasos los trabajos que buscan desarrollar en un solo documento académico, el tema de los requisitos o condiciones de ejecución del contrato estatal, y específicamente, del contrato estatal de obra, como contrato público típico. El trabajo se abordará estudiando las cláusulas contractuales que consagran esos requisitos de ejecución del contrato de obra pública, teniendo presente que como cláusulas contractuales que son, pueden tomar diversos nombres en la minuta de un contrato específico, pero que al margen del nombre que se le de, la materia es la misma. Las cláusulas que se analizarán son el perfeccionamiento, la legalización y la publicación del contrato de obra pública.
El cobro coactivo por las infracciones al Código Nacional de Tránsito en la ciudad de Medellín
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2006) Rojas Otálvaro, Isabel Cristina
El Ministerio de Transportes y Tránsito en desarrollo del art. 116, inc 3 de la Constitución Política, consagra la facultad del cobro coactivo a través de las Secretarías de Transportes y Tránsito, esto a nivel departamental y municipal, y en el ejercicio de la función administrativa que desarrollan las entidades públicas, se encuentran inmersos los poderes de soberanía: tales como el derecho, el poder y el deber. Se desprende de la potestad impositiva del Estado, la facultad para recuperar todos los dineros que provienen de las sanciones impuestas por la infracción a las normas de tránsito y transportes; potestad que se materializa en la expedición de los actos administrativos y una vez se encuentren debidamente ejecutoriados, representan un título valor contentivo de una obligación de pago clara, expresa y exigible.
Conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativo re
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2007) Naranjo Álzate, Maria Eugenia; Ríos Correa, Nicolás; Rojas López, Juan Gabriel
Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son una verdadera solución a la congestión judicial, si estos son utilizados con verdadera técnica jurídica. En el caso de la conciliación prejudicial en lo relacionado con eventuales acciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa, donde aquella sea procedente, se debe tener el suficiente conocimiento por parte de los funcionarios y los apoderados que intervengan en la misma, del procedimiento, sus generalidades, las exigencias legales del mismo, así como de la seguridad para tomar la decisión de presentar una formula conciliatoria y garantizar la aprobación de la misma por parte del Juez competente.
Conflicto de competencias entre las corporaciones autónomas regionales y la unidad administrativa especial de parques nacionales naturales
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2008) Arango Calle, Juan David; Montoya Moncada, Teresita
El presente “ensayo” parte de una experiencia personal acaecida entre los años 2004 y 2005, tiempo en el que pude compartir profesionalmente con LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) en la implementación del Decreto 0155 de 2004 (Tasa por utilización de aguas) expedido por el hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Durante el tiempo que pasé en esa Corporación y las oficinas territoriales Hevéxicos y Aburra Sur observe que constantemente se presentaban conflictos de competencias administrativas por dualidad de funciones entre las CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES (CARs) y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES (UAESPNN), este fenómeno, asociado a un nutrido interés por hitos del derecho administrativo como la descentralización, la delegación y la descongestión, me llevaron a indagar sobre un posible conflicto de competencias entre las CARs y la UAESPNN
Consecuencias pecuniarias para el Estado por las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los vacíos de punibilidad de la justicia penal militar
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2004) Agudelo Tabares, Gloria Patricia; Perez Zapata, Hermes de Jesus; Beltrán Bedoya, Juan Carlos; Duran Franco, Carlos Eduardo
Contrato administrativo de prestación de servicios y la nómina paralela
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Muñoz Salazar, Élmer Ángel; Gutiérrez Uribe, León Jaime
La realidad social, política y económica que se está dando universalmente, refleja un cambio radical en las formas de vinculación laboral en detrimento de los derechos de los trabajadores, dándose toda la importancia y aplicación a la llamada "contratación civil", o de "prestación de servicios", o de la vinculación laboral a través de Empresas de Trabajo Asociado o de Cooperativas de Trabajo Asociado. Ya no se presentan vinculaciones laborales, como trabajadores del sector privado o del sector público, con todos los derechos y garantías establecidas no sólo en la Constitución Política, sino también en tratados internacionales. Todo ello nos lleva a pensar que se rompió el paradigma de la contratación laboral subordinada, en donde era fácil determinar quien era el empleador o el trabajador, los derechos, deberes y obligaciones de cada uno de ellos, con una protección bien definida hacia el trabajador, como la parte débil de la relación de trabajo, y que interesaba a una disciplina reguladora del "Derecho del Trabajo" o "Derecho Laboral”, privado o público, para hablar de otras formas de regular relaciones entre quien genera el empleo y quien está a su servicio.
El contrato de concesión para la prestación de servicios públicos
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2008) Tobar Pineda, Fabio Germán
El debate sobre la tutela contra las vías de hecho y sus efectos frente a la cosa juzgada en la administración de justicia
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2004) Villegas Cadavid, Luis Carlos; Sanín Vásquez, José Luciano
A raíz de los criterios encontrados entre los Altos Tribunales y los enemigos de la tutela, se ha venido gestando el desobedecimiento incomprensible de la Corte Suprema de Justicia a estos fallos y se han presentado ya varios proyectos de ley tendientes a modificar la tutela, pero lo más criticable es que las dos instituciones distinguidas en el primer rango de la justicia colombiana, ordinaria y contenciosa administrativa, la anteriormente anotada mas el Consejo de Estado, desobedezcan los fallos de la Corte Constitucional. Por orden de la Carta Fundamental que nos rige desde 1991, y mas concretamente en el artículo 241, se le confía a esta Corte la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución y dentro de sus funciones, preceptúa en el numeral 9, se encuentra la de revisar las acciones de tutela.
La defensa en el sistema penal acusatorio
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2007) Morales Rave, Héctor; González Jaramillo, Bertha Isabel
A partir del año 2005 comenzó a regir el sistema acusatorio en Colombia, que introdujo cambios en la forma como se estaba ejerciendo la acción penal en nuestro país y frente a su implementación se generaron grandes expectativas, entre ellas, la de establecer si realmente el acusatorio es un sistema procesal que garantiza verdaderamente el derecho de defensa
La defensa material en el sistema acusatorio colombiano
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2007) Granada Úsuga, Richard Gorky; Cadavid Botero, Mario Nicolás
El derecho de defensa se estipula originariamente, como una garantía de inmunidad del ciudadano frente a posibles intromisiones punitivas infundadas o arbitrarias por parte del Estado. Es un derecho fundamental cuyo reconocimiento normativo constitucional e internacionalmente, tuvo que ser arrancado de las fauces del poder, tras el reclamo de miles y miles de seres humanos que sufrieron el peso de una injusta justicia, que los redujo a simples objetos de su apatía. El derecho de defensa se compone de dos caras de una misma moneda, un binomio encaminado hacia el mismo objetivo: la defensa material y la defensa técnica. La primera es ejercitada por el propio imputado, la otra es practicado por su abogado o letrado. Quizá el conflicto que ha generado la imputación revista un carácter jurídico, siendo imprescindible que sea asumido por un individuo conocer del derecho (defensa técnica), que consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena, para así obtener mejores perspectivas de éxito en su defensa. Sin embargo, también es igual de importante la defensa material, que reconoce a favor de imputado el derecho a defenderse por sí mismo y, le faculta a intervenir en toda la actividad procesal (desde el primer acto del procedimiento), de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal, principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio.
El derecho constitucional de no auto incriminación frente a las intervenciones corporales en el sistema penal acusatorio
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2007) Zapata Zapata, Diego Alonso; Murillo Gallego, Gustavo Alberto; Cadavid Botero, Mario Nicolás
El presente trabajo de investigación aborda la utilización de las intervenciones corporales en la investigación criminal, es decir, aquellas diligencias de investigación penal que se practican sobre el cuerpo de la persona e inciden de modo grave en sus derechos fundamentales, especialmente los derechos a la integridad física y a la intimidad. Al tratarse de medidas restrictivas de los derechos fundamentales, su licitud y, por tanto, su validez probatoria dependen del respeto del principio de proporcionalidad en su adopción y ejecución, lo que lleva al autor a analizar los presupuestos de legitimidad constitucional de las intervenciones corporales, estableciendo asimismo el régimen de sometimiento a las mismas, para determinar si cabe o no su imposición coactiva, verdadera pieza clave del sistema, junto a los referidos presupuestos de legitimidad
El derecho constitucional de no autoincriminación frente a las intervenciones corporales en el sistema penal acusatorio
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2007) Zapata Zapata, Diego Alonso; Murillo Gallego, Gustavo Alberto; Cadavid Botero, Mario Nicolás (Asesor)

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