Derecho Administrativo

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El Grupo de Investigación Derecho Administrativo tiene como objetivos: Propiciar un trabajo colaborativo de investigación con el propósito de conocer el contenido y alcance de las instituciones del derecho público, discutir y evaluar sus propósitos o resultados y proponer nuevos diseños institucionales o interpretaciones jurídicas que respondan a los desafíos y necesidad de las sociedades contemporáneas. Apropiar, construir y divulgar conocimientos sobre el derecho que permitan explicar, interrogar y evaluar las prácticas que genera el derecho administrativo en la sociedad contemporánea. Fomentar la interacción entre los integrantes de la comunidad académica nacional e internacional a través de coloquios, seminarios encuentros o otras actividades de apropiación y circulación del conocimiento. Contribuir a la formación de los estudiantes de la maestría en derecho administrativo a través del acompañamiento en la formulación y ejecución de proyectos de investigación en el marco de las problemáticas enunciadas en las líneas de investigación.

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Examinando Derecho Administrativo por Materia "Convención Americana de Derechos Humanos"

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    Derechos políticos de los destinatarios de la acción disciplinaria en el ordenamiento jurídico colombiano: tensiones jurídicas entre el derecho vigente y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
    (Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2023-06-10) Lopera Posada, Julio César; Pérez-Rodríguez, César Augusto
    El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege los derechos políticos de los ciudadanos y, en su numeral segundo, dispone que la ley puede reglamentar su ejercicio, entre otras razones, por condena de juez competente en proceso penal. En consecuencia, las autoridades administrativas no podrían restringir tales derechos. La interpretación vigente de la disposición referida reconoce que son los servidores públicos de elección popular los destinatarios de la protección convencional de los derechos políticos. En este contexto, la Constitución Política de 1991 otorga a la Procuraduría General de la Nación competencias para investigar y sancionar disciplinariamente la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas con la destitución, inhabilidad y suspensión en el ejercicio del cargo. Esta potestad ha sido puesta en duda en el caso de servidores de elección popular porque limita los derechos políticos. A pesar de la interpretación señalada, el artículo 23 ibídem no parece limitar la protección allí contenida a los servidores públicos de elección popular. Esta monografía analiza si la protección del artículo 23 ibídem es aplicable a servidores públicos diferentes a los de elección popular. Además, examina si otras autoridades administrativas, diferentes de la Procuraduría, que también ejercen acción disciplinaria, pueden imponer sanciones que restrinjan derechos políticos. En el texto se argumenta que existen tensiones normativas entre el sistema interamericano y el ordenamiento jurídico colombiano sobre la naturaleza jurídica de la autoridad facultada para restringir derechos políticos, pues tales derechos no son exclusivos de los funcionarios de elección popular, sino que abarcan a todos los servidores públicos, e incluso a particulares que ejercen funciones públicas.