Especialización en Derecho Público

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Examinando Especialización en Derecho Público por Materia "Código de procedimiento penal (Derecho penal) - Colombia"

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    Ponderación de derechos en la inspección corporal
    (Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Sanín Vásquez, Lucía; Cano Jiménez, Mauricio; Hernández Álzate, Gloria Elena
    La Ley 906 de agosto de 2004, código de procedimiento penal, permite a lasautoridades inspeccionar y registrar, aún contra el consentimiento del ciudadano, el cuerpo humano en busca de evidencias o elementos materiales probatorios. Así lo establecen los cánones 247, 248, 249 y 250. Esta práctica legal, cuando no es consentida, lesiona el principio de dignidad humana que conlleva derechos de estirpe constitucional y legal como la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad, la carga probatoria a cargo del Estado y la afectación del artículo 12 Superior. De otra parte, existe otra posición diferente y contraria a la anterior. Considera que la lesión de derechos y principios ocasionada por la inspección y registro del cuerpo humano se enfrenta, de un lado, a la obligación del Estado de proteger, por medio de las autoridades, a todas las personas residentes en el territorio patrio y concomitante con ésta la prevalencia constitucional del interés general de la comunidad, en este aspecto, a conocer la verdad, a investigar los delitos, a que se reparen lo daños por la comisión de ilícitos y a la seguridad
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    El principio de oportunidad dentro de la Ley 906 de 2004
    (Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Barrera Restrepo, Luis Fernando; Bedoya Sierra, Luis Fernando (Asesor)
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    El principio de oportunidad en la realidad colombiana
    (Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Peña Fernández, Alexis; Bedoya Sierra, Luis Fernando
    La regla en materia de investigación y acusación la determina el principio de legalidad y la excepción será el principio procesal de la oportunidad. El principio de legalidad o de obligatoriedad consiste en que la Fiscalía, ante conductas que se perfilan como delictivas (sospechas verosímiles), tiene la obligación de realizar las indagaciones e investigaciones pertinentes y, culminadas éstas, debe acusar a los presuntos responsables ante los jueces de la República, si a ello hubiere lugar.