Especialización en Derecho Público

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Examinando Especialización en Derecho Público por Materia "Administración de justicia"

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    El debate sobre la tutela contra las vías de hecho y sus efectos frente a la cosa juzgada en la administración de justicia
    (Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2004) Villegas Cadavid, Luis Carlos; Sanín Vásquez, José Luciano
    A raíz de los criterios encontrados entre los Altos Tribunales y los enemigos de la tutela, se ha venido gestando el desobedecimiento incomprensible de la Corte Suprema de Justicia a estos fallos y se han presentado ya varios proyectos de ley tendientes a modificar la tutela, pero lo más criticable es que las dos instituciones distinguidas en el primer rango de la justicia colombiana, ordinaria y contenciosa administrativa, la anteriormente anotada mas el Consejo de Estado, desobedezcan los fallos de la Corte Constitucional. Por orden de la Carta Fundamental que nos rige desde 1991, y mas concretamente en el artículo 241, se le confía a esta Corte la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución y dentro de sus funciones, preceptúa en el numeral 9, se encuentra la de revisar las acciones de tutela.
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    El principio de oportunidad. El poder discrecional reglado de la Fiscalía General de la Nación: el principio de oportunidad en el sistema procesal penal colombiano (a raíz de la expedición y vigencia de la ley 906 de 31 de agosto de 2004 o nuevo código de procedimiento penal, art. 321 a 330)
    (Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2007) Saray Botero, Nelson; Jaramillo Díaz, Juan Guillermo
    Se ha tratado en esta investigación jurídica el poder discrecional reglado de la Fiscalía General de la Nación en la aplicación del principio de oportunidad y los temores, fundados o infundados, que un poder de tal naturaleza genera en la administración de justicia y en la comunidad en general. La tesis principal en este documento es demostrar que el principio de oportunidad es una forma de descongestión judicial como excepción al principio de legalidad, oficiosidad o necesidad de la acción penal y a la vez como forma de humanización del derecho penal, además de ser un mecanismo de solución de conflictos sociales que requiere especial cuidado por los operadores o administradores judiciales (Fiscales y Jueces e intervención del Ministerio Público) para evitar arbitrariedad, impunidad y, en especial, corrupción