Especialización en Derecho Público

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Las juntas administradoras locales en el Municipio de Medellín
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2004) Morales Correa, Héctor William; López Vásquez, Sigrid Paola; Roldán Salas, Hernando de Jesús
El objetivo de este trabajo fue determinar la eficacia de las Juntas Administradoras Locales en el Municipio de Medellín, como mecanismo de descentralización administrativa y como institución de democracia participativa. Para ello fue necesario consultar material bibliográfico y recopilar toda la normatividad que hace referencia a esta institución. En el marco teórico, se encontró que las Juntas Administradoras Locales, tienen asignadas por la Constitución Política de 1991 y la ley 136 de 1994, un sin número de funciones que literalmente las convierte en un instrumento de gran importancia dentro de las políticas de descentralización administrativa y democracia participativa. No obstante lo anterior, la situación actual de las Juntas Administradoras Locales en el Municipio de Medellín, presenta un panorama desolador y de frustración popular. Existe una inconformidad enorme, toda vez, que la legislación que las rige, no da oportunidades efectivas de autonomía, sino que normalmente aparecen como unos apéndices del Concejo Municipal, o como unos organismos acéfalos carentes de personería jurídica, de autonomía administrativa y patrimonial, elementos primordiales estos para hablar de una verdadera descentralización.
La inaplicabilidad de los actos administrativos por vía de tutela a partir de la constitución política de Colombia de 1991
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2004) Serna Montoya, Yeni Teresita; Giraldo Serna, Keny Willer; Restrepo Ríos, Carlos Mario; Ortiz Cañas, Héctor
En los sistemas jurídicos de todo el mundo, existen personas encargadas de la administración del Estado y se pronuncian a sus subalternos o a los particulares por medio de Actos Administrativos, de los cuales algunos adolecen de legalidad, por vicios en su estructura, o porque van en oposición a la constitución o las leyes. En el caso colombiano, existen Actos Administrativos que han sido inaplicados por vía de acción de tutela, siendo ésta, un mecanismo subsidiario para la protección de los derechos fundamentales cuando estos Actos Administrativos son violatorios de las disposiciones constitucionales
La acción de repetición
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2004) Rodríguez Minota, Darly Edilia; Díaz Gómez, Alexander
La acción de repetición representa un tipo de responsabilidad de los funcionarios públicos, que no tiene gran desarrollo en Colombia. Ha sido la actividad jurisprudencial, apoyada en el derecho comparado, la que ha definido hasta el momento el manejo de esta figura, sin olvidar el impulso recibido con la expedición de la Constitución de 1991 y la Ley 678 que en 2001 reguló la materia. La práctica de colaboración administrativa que representan los procesos de responsabilidad a pesar de la especialidad en el ejercicio de los poderes públicos, la confrontación con la realidad del desempeño de las funciones públicas y en definitiva el seguimiento del desarrollo de los disposiciones constitucionales ofrecen el estudio de la acción de repetición como tópico interesante para conocer
El debate sobre la tutela contra las vías de hecho y sus efectos frente a la cosa juzgada en la administración de justicia
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2004) Villegas Cadavid, Luis Carlos; Sanín Vásquez, José Luciano
A raíz de los criterios encontrados entre los Altos Tribunales y los enemigos de la tutela, se ha venido gestando el desobedecimiento incomprensible de la Corte Suprema de Justicia a estos fallos y se han presentado ya varios proyectos de ley tendientes a modificar la tutela, pero lo más criticable es que las dos instituciones distinguidas en el primer rango de la justicia colombiana, ordinaria y contenciosa administrativa, la anteriormente anotada mas el Consejo de Estado, desobedezcan los fallos de la Corte Constitucional. Por orden de la Carta Fundamental que nos rige desde 1991, y mas concretamente en el artículo 241, se le confía a esta Corte la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución y dentro de sus funciones, preceptúa en el numeral 9, se encuentra la de revisar las acciones de tutela.
Funciones de las personerías municipales
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2004) Salazar Arias, José Duvan; Jaramillo Díaz, Juan Guillermo
Las Personerías Municipales de conformidad al artículo 178 de la Ley 136 de 1994, el artículo 24 de la Ley 617 de 2000, en concordancia con otra normatividad, tienen un gran número de funciones en el Municipio. Se trata entonces de investigar, identificar y analizar cómo están estructuradas las personerías, en especial con lo que tiene que ver con las funciones asignadas por la constitución y las leyes, es decir, si la forma como están constituidas las personerías en la actualidad les permite cumplir con eficiencia y prontitud todas aquellas funciones que están a su cargo, o si por el contrario, la duplicidad y exagerada asignación de labores hacen que éstas, en muchas veces, no cumplan con sus funciones en forma debida, permitiendo de esa manera que sus enemigos echen mano de argumentos de ineficiencia de las Personerías, para pretender que éstas sean suprimidas, como se quiso hacer mediante el referendo en el año 2003, pero que por vicios de trámite en su aprobación se cayó ese artículo y otros, en la Corte Constitucional
El principio de oportunidad dentro de la Ley 906 de 2004
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Barrera Restrepo, Luis Fernando; Bedoya Sierra, Luis Fernando (Asesor)
La figura de la conciliación administrativa y su aplicación por parte de los alcaldes
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Restrepo Guerra, Gladiz Eugenia; Cardona Zapata, Gonzalo; Betancur, Alina María
La Ley 640 de 2001, creó la figura de la conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad en materia contencioso administrativa. Históricamente en tratándose de lo Contencioso Administrativo, procede la Conciliación en la etapa prejudicial y judicial, como lo permite la Ley 23 de 1991 al establecer que la conciliación podía darse en dos momentos: “la prejudicial o previa al inicio del proceso y la conciliación judicial que se realiza dentro del proceso. La conciliación prejudicial se cumplía al presentarse la demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, la judicial, después de vencido el término probatorio. Inclusive, si no se había practicado la conciliación prejudicial una vez admitida la demanda, el sustanciador la enviaba ante el procurador respectivo para que la llevara a cabo
Responsabilidad del estado por error judicial
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Montoya Corrales, Ana María; Tobón Reyes, Carolina Patricia; Lara Durango, Jasmid; Betancur Echeverry, Jorge Humberto
Luego de las revoluciones del siglo XVIII, en gran parte del globo terráqueo se ha sostenido la teoría de que una persona que ha sufrido un daño (clasificado tradicionalmente como material o moral, pero que hoy en día admite otras clasificaciones dadas por la doctrina y la jurisprudencia moderna), causado en forma directa o indirecta por parte del Estado, debe ser indemnizada por éste; y es de aquí donde se deduce que la actividad estatal puede ser fuente de responsabilidad patrimonial contractual o extra contractual
Guía para la organización del impuesto predial unificado Municipal y pautas para mejorar su recaudo en el Municipio de Medellìn
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Arismendy Orozco, Alba Lucía; Barón Sierra, Claudia Patricia; Múnera Castaño, Alexandra; Giraldo Buitrago, Gilberto
Los Municipios tienen como función asegurar los servicios y recursos indispensables para que la comunidad pueda acceder a servicios como la educación, salud, vivienda, seguridad, vías, saneamiento ambiental, servicios públicos, espacio común entre otros. Para sostener estos servicios, el Municipio necesita recursos económicos, adquiridos por cuatro fuentes principales de ingresos: Ingresos tributarios Ingresos no tributarios Participación del municipio en los ingresos de la nación y Recursos de capital
Sistema penal acusatorio instituto de los preacuerdos y negociaciones en la ley 906 de 2004
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Lombana Arias, Angela Cristina; Zapata Escobar, Francisco Aníbal; Giraldo Flórez, Jorge Iván; Betancur Echeverry, Jorge Humberto
El gran impacto y desasosiego que crea en la sociedad la ocurrencia de un hecho punible, se ha visto acrecentada día a día porque son numerosas las investigaciones que cursan en los diversos despachos judiciales a los cuales no se les puede dedicar el tiempo requerido, aunque ya están suficientemente instruidos, porque a otras no se les puede descuidar, ya que se vencerían los términos y generaría así otra causa de impunidad y para cerrar el círculo vicioso, no se les puede dedicar tiempo a otras investigaciones que necesitan la práctica de unas pruebas, porque no hay tiempo suficiente ya que no se pueden descuidar las investigaciones más avanzadas, so pena de perder ese trabajo por vencimiento de los términos
Sistema de evaluación y seguimiento al plan de desarrollo municipal de Bello 2004-2007
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Restrepo Navarro, Claudia Elena; Gallego Arismendi, Jaime Alberto; Giraldo Buitrago, Gilberto
En el proceso de Planeación, se seleccionan, diseñan y organizan acciones en forma lógica con el fin de alcanzar un determinado objetivo, buscando una disposición eficiente de los recursos disponibles; en esta fase, la principal herramienta de gestión es el Plan de Desarrollo. La Ejecución consiste en poner en marcha y realizar las actividades contempladas en el Plan de Desarrollo, a través de los planes de acción; es en esta etapa donde se debe realizar seguimiento y monitoreo, con el fin de verificar sobre la marcha el cumplimiento de las actividades programadas, posibilitando así establecer las causas y los correctivos pertinentes
Modelo de reestructuración fiscal aplicado al municipio de Santa Bárbara
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Blandón Cano, John Alberto; López Ramírez, Carlos Alberto; Montoya Moncada, Teresita
Históricamente la constante de los diferentes entes territoriales ha sido el déficit fiscal originado principalmente por el aumento desmedido en los gastos de funcionamiento, los mismos, que no alcanzan a ser cubiertos por los ingresos corrientes generados en cada vigencia fiscal, lo cual, conlleva indudablemente a la utilización de los recursos destinados a la Inversión social con la consecuente repercusión en el desarrollo de las regiones de nuestro país
El Muncipio : Comportamiento del Municipio en el proceso de "descentralización" en Colombia, acercamiento teórico
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Aguilar Gómez, Javier Ignacio; Tamayo Ramos, Orfindey; Ortiz Cañas, Héctor
El municipio como la entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, ha sufrido cambios en el trasegar de los tiempos, pero desde la década del setenta a asumido importancia relevante en el caso Colombiano, y en la década de los noventa, el Estado Colombiano presentó importantes transformaciones; como consecuencia de la promulgación de la Constitución Política de 1991, la cual está dotada de mecanismos de integración y formas de acción social participativa, que modifico la capacidad de gestión y de inversión pública en los entes territoriales
Prueba ilícita y regla de exclusión
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Castrillón Ruiz, Leandro; Flórez Ruiz, Rodrigo
El tema de esta monografía - La Prueba Ilícita y Regla de Exclusión – fue seleccionado no por el nombre tan rimbombante, sino por su indudable utilidad práctica en el sistema de procesamiento penal tipo acusatorio cuyas trazas se advierten nítidamente en el Acto Legislativo No. 03 de 2002, pero que adquiere contornos propios en el Código de Procedimiento Penal de 2004 (Ley 906/04), el cual pregona el irrestricto respeto de las garantías fundamentales de los asociados, consagradas en la Carta Política, lo que seguramente producirá un nuevo modelo en la actuación de los agentes encargados de la persecución penal y una nueva mentalidad en los operadores jurídicos. El propósito que me he propuesto con este trabajo es, entonces, cumplir con un requisito académico en la Decanatura de Posgrados de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, como graduando de la Especialización en Derecho Público: Área de Derecho Constitucional y Sistema Procesal Acusatorio, de una parte, y de la otra, fomentar el interés en una sociedad en crisis por un institución tan cara a los derechos humanos, como es la legitimidad en el proceso probatorio, como manifestación de la garantía del debido proceso.
El principio de oportunidad dentro de la ley 906 de 2004
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Barrera Restrepo, Luis Fernando; Bedoya Sierra, Luis Fernando
De acuerdo con el acto legislativo 03 de 2002 por el cual se reforma el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, adelanta el ejercicio de la acción penal a través de la investigación de los hechos presuntamente constitutivos de delito, que conozca por denuncia, petición especial, querella o de oficio, está obligada a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, razón por la cual no podrá suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, “excepto en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías
Incidencia de los Impuestos Municipales en las finanzas públicas de los Municipios de Envigado y Sabaneta
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Echavarría Giraldo, Diego Fernando; Echeverri Londoño, Blanca Libia; Soto Escobar, Jorge Iván; González Maya, Teresa Emilia
La solidez de las finanzas públicas en las entidades territoriales es sin lugar a dudas, el estandarte fundamental para una buena gestión. El financiar sus gastos de funcionamiento e inversión, con sus ingresos, es una forma de mostrar gobernabilidad y poca dependencia de las transferencias del nivel nacional. Sin embargo y a pesar del gran número de estrategias que ha puesto en marcha el gobierno nacional a través de la aprobación de normas como la ley 358 del 97, conocida como “ley semáforos”, que mide la capacidad de pagos de los entes territoriales y le fija topes de endeudamiento, no frenó a los alcaldes para seguir contratando obras que no son de gran importancia para el desarrollo municipal
Manual básico en lo electoral : proyección elecciones a cargo uninominal o plurinominal
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Uribe Espinosa, Ana Victoria; Villa Quintero, Luz Eliana; Ortiz Cañas, Héctor
Se recopila en estas páginas, los diferentes procedimientos electorales, básicos que se dan cronológicamente en tres etapas electorales, como son: la Pre-Electoral, Electoral y Pos-Electoral; con la finalidad de asumir el compromiso electoral histórico que corresponde a todos y cada uno de los sujetos que intervienen en el proceso eleccionario, razón por la cual Usted, deberá aprovechar en debida forma, los conocimientos que se derivan del estudio y aplicación de este manual, con la finalidad de poder llevar a feliz término las elecciones nominales o plurinominales que se realizan con frecuencia no sólo en el país para las altos cargos, sino también como ejercicio académico en los diferentes establecimientos educativos de Colombia.
Productividad del gasto público bajo los términos de la Ley 617 de 2000 para el Departamento de Antioquia
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Mejía Ortiz, Luz Dary; Martínez Hincapié, Carlos Mario; Uribe Uribe, Rafael
Un reflejo de la mala administración de los municipios y los departamentos es el aumento creciente de los gastos de funcionamiento de estos entes territoriales, situación que ha provocado el casi absoluto abandono de la inversión, esto se puede verificar en la falta de presencia de las administraciones de los entes territoriales en los sectores más deprimidos de las comunidades, dado esto porque muy probablemente las administraciones se han dedicado a la generación directa de empleos creando cargos que en la mayoría de los casos son innecesarios para dar cumplimiento a requerimientos de tipo meramente políticos dejando de lado la inversión, razón ésta por la cual las nóminas absorben en gran parte el presupuesto de las entidades territoriales
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de servicios de consultoría en formulación, evaluación y diseño de proyectos de inversión pública para los municipios de Antioquia
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Garnica Contreras, Javier; Muñoz Restrepo, Ana María; Correa Vélez, Álvaro Javier
M & G CONSULTING GROUP diseña, formula y evalúa proyectos de inversión en base a la metodología generalmente ajustada (MGA) exigida por la Dirección Nacional de Planeación (DNP), a los municipios del país
Ponderación de derechos en la inspección corporal
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2005) Sanín Vásquez, Lucía; Cano Jiménez, Mauricio; Hernández Álzate, Gloria Elena
La Ley 906 de agosto de 2004, código de procedimiento penal, permite a lasautoridades inspeccionar y registrar, aún contra el consentimiento del ciudadano, el cuerpo humano en busca de evidencias o elementos materiales probatorios. Así lo establecen los cánones 247, 248, 249 y 250. Esta práctica legal, cuando no es consentida, lesiona el principio de dignidad humana que conlleva derechos de estirpe constitucional y legal como la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad, la carga probatoria a cargo del Estado y la afectación del artículo 12 Superior. De otra parte, existe otra posición diferente y contraria a la anterior. Considera que la lesión de derechos y principios ocasionada por la inspección y registro del cuerpo humano se enfrenta, de un lado, a la obligación del Estado de proteger, por medio de las autoridades, a todas las personas residentes en el territorio patrio y concomitante con ésta la prevalencia constitucional del interés general de la comunidad, en este aspecto, a conocer la verdad, a investigar los delitos, a que se reparen lo daños por la comisión de ilícitos y a la seguridad

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