Los habitantes de cualquier comunidad tienen derechos fundamentales,
sociales, económicos y culturales. De eso no puede ser ajeno ningún
ciudadano colombiano, según la Constitución Nacional de 1991 y de acuerdo
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1948.
En esas premisas elementales se apoyó la empresa Metro y el Municipio de
Medellín para hacer que varios de estos derechos no se quedaran en el
papel y se convirtieran en realidad para la comunidad de Juan XXIII
compuesta por 4.849 personas asentadas en la comuna 13, al occidente de
Medellín.
(Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), 2009) Marín Loaiza, María Elena; Arroyave Ruiz, Sandra María
Colombia ha sufrido prácticas sistemáticas de violación a derechos humanos, pero también es víctima de delitos perpetrados por particulares. Prácticas que se extienden en la actualidad, a pesar de la existencia de un gobierno democrático. Las secuelas producidas en las víctimas directas o indirectas, perduran en el tiempo, y demandan respuestas especializadas para su atención integral en el plano individual y social, tanto de parte de organizaciones civiles como de instituciones públicas